El mensaje público indirecto que el dictador Daniel Ortega envió al sector empresarial del país, en su discurso del recién pasado lunes 11 de enero, causó como era de esperarse diversas reacciones.
Ortega recordó que en la primera parte de su actual gobierno que cumplió ya 14 años, logró hacer una gran alianza que se derrumbó en abril de 2018, cuando estalló la insurrección popular democrática. Se refería al pacto con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que rompió el mismo sector empresarial cuando el régimen dictó unilateralmente una reforma al sistema de seguridad social y reprimió a balazos las protestas de los pensionados del INSS, que fueron apoyados por los estudiantes y otros sectores de la población.
“Ahora —dijo el dictador sandinista a sus seguidores— se trata de ir trabajando para que después de las Elecciones de este año, las Elecciones Generales, se pueda instalar un Gran Acuerdo Nacional, un Gran Diálogo Nacional. ¿Para qué? Para que lo que quedó aprobado en la Constitución vuelva a caminar, tomando en cuenta las nuevas circunstancias, lógicamente…”.
Lo que quedó aprobado en el artículo 98 de la Constitución, mediante la contrarreforma constitucional de 2014, fue el concepto de que el Estado impulsará sus políticas económicas y sociales “a través de un modelo de alianza del gobierno con el sector empresarial pequeño, mediano y grande, y los trabajadores, bajo el diálogo permanente en busca de consensos”. Más allá de la retórica política de ese artículo constitucional, el acuerdo fue realmente un pacto del régimen con la cúpula empresarial, que le permitió al Cosep participar en la aprobación de prácticamente todas las leyes de carácter económico y tener representantes en casi todos los organismos del gobierno. A cambio, el régimen de Ortega se benefició con la continuación del buen crecimiento económico que comenzaron los gobiernos democráticos con la promoción del capitalismo y de la inversión extranjera.
Algunas personas, incluyendo economistas, aseguran que los frutos económicos del pacto de la dictadura con los empresarios del sector privado, beneficiaron a estos pero no al pueblo, ni redujeron la pobreza. Sin embargo, el prestigioso economista, don Carlos Muñiz, en un artículo de opinión publicado este miércoles 13 de enero en LA PRENSA, sin defender el aspecto político del pacto de los empresarios con Ortega reconoce que “generó 10 años de continuo crecimiento, aumentó el ingreso por habitante y redujo notablemente la pobreza”, según cifras del Banco Mundial.
Es por eso que Ortega añora aquel pacto con la cúpula empresarial, que ha llamado Gran Acuerdo Nacional. Y según sus palabras, aspira a recrearlo en las nuevas condiciones sociopolíticas del país, después de que vuelva a reelegirse en las elecciones de noviembre próximo.
Sin embargo, líderes empresariales que fueron parte de aquel pacto con Ortega, han sido claros en señalar que lo que necesita el país, y ellos lo demandan, son reformas electorales que puedan dar legitimidad a las elecciones nacionales, Estado de derecho y reglas claras para la actividad económica.
Es lo que debería hacer el dictador Ortega. Y en vez de coquetear con los empresarios, devolver las propiedades y empresas privadas que ha confiscado en los últimos años, cumplir los acuerdos democráticos del Incae firmados en marzo de 2019 entre la oposición y el gobierno, y permitir que las elecciones de noviembre sean competitivas, justas, libres, limpias y observadas internacionalmente.