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Sector empresarial y política

El sector empresarial, sin dudas, juega un importante rol en los destinos políticos y económicos de cualquier país.

Baste mencionar cómo la revolución industrial inglesa y las revoluciones norteamericana y francesa dieron lugar al surgimiento del capitalismo.

En nuestra historia reciente la participación del sector empresarial fue decisiva para aislar a la dictadura somocista y favorecer el triunfo de la revolución nicaragüense de 1979; asimismo, un apoyo muy importante para el triunfo electoral de 1990. Este sector ha estado presente en las estrategias para superar las crisis generadas por las dictaduras en nuestro país. Casi siempre confiando una unidad social amplia que nos lleve a escenarios estables con condiciones para el progreso; pocas veces apoyando a una opción no mayoritaria que termina por cooptar con el régimen. ¿A qué está apostando hoy el sector empresarial para superar la profunda crisis política, económica y social?

Sabemos que el empresariado nacional lo constituyen mayoritariamente las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente en la informalidad. Quizás por ello han sido las grandes empresas y los pocos dueños del gran capital quienes deciden los rumbos generales de estas entidades, y manejan los hilos de la economía nicaragüense. Por ello es válido detenernos un poco en los últimos pasos que se observan de este sector de incidencia en una solución a la crisis nacional.

Recordemos que la ruptura del modelo de consenso público-privado se inició antes de abril del 2018 y se profundizó después. Una razón de peso fue que el sector empresarial comenzó a plantearse un rol más político, pues atinó a reconocer que el régimen estaba dando señales claras de centralización, queriendo debilitar al sector empresarial, para volver a modelos estatistas. Al meterse en política trataba de favorecer condiciones de confianza en las libertades, la seguridad jurídica de las inversiones y las propiedades, la participación ciudadana y los derechos humanos, entre otros. Quizás por estas señales positivas de este empresariado la Conferencia Episcopal escogió representantes del Cosep, AmCham y Funides para participar en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en los diálogos 1 y 2 entre la oposición y el gobierno.

Desde entonces a la fecha la relación entre la mayor parte de este empresariado y el gobierno ha sido de confrontación política, bajo una abierta guerra económica, a pesar de los acuerdos de los dos diálogos, los cuales reflejan el camino para superar la crisis sociopolítica y, por ende, tener condiciones básicas para recomponer e impulsar una nueva estrategia económica. Hoy ya estamos en un año electoral y este sector forma parte de lo que quedó de la Alianza Cívica, fundamentalmente como un actor del tablero político.

¿Qué nos promete el sector empresarial en esta materia? Más de lo mismo ya no es posible. Claro que será necesario acciones políticas y económicas urgentes para evitar mayores caídas del Producto Interno Bruto, generar empleos y favorecer el acceso a la canasta de bienes y servicios básicos a nuestra población. Pero esto es lo mínimo a que podemos aspirar. Que no se equivoquen, retornar o hacer modificaciones cosméticas al modelo de alianzas público-privada no es viable con un régimen que ha dado muestras de profundo irrespeto a estas alianzas, a los derechos humanos y a la vida de las y los nicaragüenses.

Se requiere de una solución política digna para los nicaragüenses, ahora en el plano electoral, que genere la confianza en las reglas de juego económico-empresarial; es decir, clima político, legal y de seguridad para las inversiones, el turismo, la producción, la industria, el comercio y los servicios. Será necesario un nuevo modelo de alianza público-privado, en donde el empresariado (de todos los tamaños) y un nuevo gobierno se comprometan con una auténtica democratización económica. No con el populismo económico. No con el asistencialismo clientelista.

Tampoco con proyectos y megaproyectos que benefician fundamentalmente a pequeños grupos y favorecen el ciclo de empobrecimiento del país.

Se trata de crear condiciones para empoderar a todos los sectores, especialmente a los más vulnerables para superar y evitar el retorno a la pobreza. Impulsar modelos basados en una amplia participación y encadenamientos productivos de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Estrategias que empoderen a la juventud con formación y capacitación técnica y profesional para empleos y emprendimientos de calidad, para incorporarse a una vida laboral que eleve la productividad, la producción y la innovación para una nueva economía.

Entonces, ante estas expectativas, ¿a qué apuesta y qué nos promete a los nicaragüenses este sector económico-empresarial? No estaría de más recordar las palabras de la exembajadora Laura Dogu, quien comparó las compras en el extranjero de inversiones en Nicaragua con los diamantes de sangre de África, por la pésima reputación del gobierno. Un nuevo pacto sin elecciones limpias y observadas, para el sector empresarial sería mancharse de la sangre de los asesinados y los efectos políticos y morales de un estado terrorista, corriendo el mismo riesgo con sus inversiones. Asimismo, el sector empresarial no debía creerle a un régimen que le promete el cielo y la tierra mientras le hace la guerra económica, sometiéndolo a confiscaciones de hecho y bajo figuras jurídicas oscuras, persecución fiscal, narrativa y ambientes hostiles para los actores económicos, entre otros.

La salida pasa por el proceso electoral con participación de todos los representantes de oposición, transparentes y observadas nacional e internacionalmente. Y sabemos que dichas elecciones solo se podrán ganar con una amplia unidad de las organizaciones, actores y ciudadanos de oposición.

Si el sector empresarial apuesta por una opción que divida el voto, claramente estaría traicionando los intereses del pueblo al cual se debe por razones éticas de responsabilidad empresarial. La unidad en la estrategia política es la única vía que nos permitirá luego adecuar los modelos más viables en condiciones de estabilidad sociopolítica, para reducir la pobreza y transformar nuestra economía.

El autor es máster en Economía Pública y del Desarrollo.

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