El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó, mediante un comunicado, las nuevas exigencias que impuso la Alcaldía de Managua en el pago del Impuesto de Matrícula, lo cual va a causar un incrementó de costos y que el trámite sea más engorroso.
“La obligación tributaria municipal y la función recaudadora ha sufrido este año un cambio sustancial, ya que ahora de forma discrecional y arbitraria están exigiendo requisitos al margen de la ley como son: constancia de los socios emitida por el registro mercantil, constancia de urbanismo y aval ambiental”, expresó Cosep.
El sector empresarial señala que además de aumentar los costos, este cambio no es prudente en este tiempo porque la aglomeración de persona supone un alto riesgo de contagio de Covid-19.
El impuesto de matrícula con base en el Plan de Arbitrios de Managua es obligación de toda persona natural o jurídica que en la circunscripción del municipio de Managua se dedique a la venta de bienes, industrias o prestación de servicios proporcionados por profesionales o no profesionales, quienes deben matricularse cada año en el período comprendido entre el 1 de diciembre de un año y el 31 de enero del siguiente año.
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En años anteriores para este trámite el único requisito para matricular un negocio o establecimiento era que la persona dueña del mismo se encontrara solvente con la municipalidad, lo cual era comprobado en los registros.
“Desde Cosep, conforme al mandato constitucional del Artículo 98 de la Carta Magna, demandamos seguridad jurídica, plena para las empresas y simplificación de trámites, que permitan reducir las barreras de entrada a la formalidad, faciliten el desempeño de las empresas formales del país y reduzcan los costos para realizar negocios en el país, por lo que rechazamos el cambio arbitrario en la tramitación del impuesto de Matrícula de la Alcaldía de Managua”, expresó Cosep.
A su vez señaló que esto únicamente está entorpeciendo y encareciendo la actividad empresarial que en particular se ha visto afectada por tres años de recesión.
La Alcaldía de Managua desde la crisis sociopolítica ha apretado la soga a los contribuyentes, de manera que ha mantenido un cobro agresivo de los ingresos ordinarios, tal es el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que ahora se le ha dado persecución judicial a los morosos.
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El año pasado en concepto de “matrícula y licencia”, la Alcaldía de Managua esperaba un recaudación de 504.4 millones de córdobas, pero se desconoce si esa proyección se cumplió.