Una hora y 20 minutos tardaron los diputados sandinistas en aprobar la reforma al Código Penal y a la Ley 779, contra la violencia a las mujeres, para instaurar la cadena perpetua revisable en los delitos de femicidio, asesinato agravado y parricidio, pero que es endurecido al incluir el discurso de “odio” e “ideología” como circunstancias agravantes para aplicar la pena máxima.
El momento más tenso del debate en la Asamblea Nacional se dio entre las diputadas Maritza Espinales, del orteguismo, quien insultó a la también legisladora liberal Azucena Castillo, porque no le gustó que se les señaló que el aumento de asesinatos, sobre todo de mujeres, es constancia de que el régimen ha fallado con sus planes de educación de protección a la sociedad.
La reforma penal la aprobaron los 70 diputados sandinistas, mientras se opusieron 16 legisladores entre los 14 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), más Brooklyn Rivera de Yatama y la conservadora Wendy Guido. Se abstuvieron cuatro de los cinco diputados de la bancada ALN-PLI-Apre, y uno quedó presente en el sistema electrónico.
La reforma al Código Penal y a la Ley 779 fue presentada con trámite de urgencia por los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que también aprobaron el lunes 18 de enero una reforma parcial a la Constitución de la República en la que incorporaron la cadena perpetua por crímenes de odio. De esta forma, los legisladores orteguistas cumplen los deseos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, el completar las cuatro leyes represivas para poder usarlas en contra de los ciudadanos opositores.
Castillo, de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), señaló que si bien son “repugnantes los asesinatos que se vienen sucediendo en este país”, esto es consecuencia de que “ha fallado” por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque “cómo se va a tener eso si no hay institucionalidad democrática”, por lo que es incongruente que la reforma penal hable de “poner orden y equilibrio social”.
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Castillo dijo que era “una desfachatez” de los orteguistas hablar de que la pena perpetua será un instrumento para incidir en el respeto de los derechos humanos, “cuando Nicaragua está acusado ante Naciones Unidas de crímenes de derechos humanos”.
“No buscan más que reprimir y meter más miedo a las personas que pudieran ser acusadas con causar, conmocionar, a la sociedad solo por estar en la oposición”, acusó la legisladora Castillo.
Agreden verbalmente a una mujer
Los diputados orteguistas repitieron que la figura de la prisión perpetua para los crímenes de odio era una demanda de la mayoría de los ciudadanos, sobre todo como instrumento de prevención contra los crímenes contra las mujeres, debido al aumento de asesinatos y violaciones de niñas, adolescentes y adultas en los últimos meses.
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Sin embargo, en el debate los orteguistas no duraron en agredir verbalmente a una legisladora por oponerse a las reformas penales del régimen.
Maritza Espinales, primera vicepresidenta de la Asamblea, reaccionó de forma violenta contra la liberal Castillo, insultándola como “descarada” y “sinvergüenza”, porque, según Espinales, cuando Castillo fue ministra del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) “se daba el lujo de reducir la inversión en educación”. Sin embargo el FISE no es la entidad ejecutora del sistema educativo, sino que su rol es intervenir con proyectos de inversión como carreteras, sistemas de agua potable y saneamiento en las municipalidades.
“Falta de vergüenza tiene ella (Azucena Castillo) que fue incapaz. Aquí (con la reforma) estamos construyendo un marco jurídico para que dejen de haber asesinato de mujeres”, fueron parte de las agresiones de Espinales contra otra diputada.
LA PRENSA/ Jader Flores
Reformas sin armonía jurídica
El diputado del PLC, Paul González, señaló a los del FSLN que por la embestida en reformar el Código Penal y la Ley 779 sin someterla a consulta previamente, se cometieron varios errores como dejar fuera de las modificaciones la Ley de Ejecución, beneficio y control jurisdiccional de la sanción penal (745), por lo que no habrá armonía jurídica en cuanto a la aplicación de la pena perpetua.
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“Hay un enredo en esto que hicieron porque no incluyeron la Ley 745. Debió ser mandado a una amplia discusión para ser escuchados los profesionales del derecho profesional y otros órganos en materia penal”, reclamó González.
Además, el diputado liberal advirtió que haber incorporado la palabra “odio” como circunstancia agravante de los delitos graves, se deja amplia discrecionalidad a los jueces para aplicarla.
Pero los sandinistas siguieron despreciando las críticas. María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y de la Comisión Especial, que avaló la reforma constitucional, dijo que “no es necesario ir a una consulta” de la propuesta de reforma a las leyes penales, porque el régimen cuenta con 3 millones de firmas de ciudadanos. Esas firmas fueron levantadas por órganos políticos del orteguismo e instituciones públicas donde se obligó a los trabajadores y ciudadanos a firmar, y no fue avalada por ninguna entidad especializada.
Martínez aclaró que la figura de la cadena perpetua no se podrá aplicar a las personas que enfrentan actualmente un proceso penal, ya que no es retroactiva. “Las leyes no son retroactivas, solo en materia penal cuando beneficia al reo. La ley, (reformada) se comenzará a aplicar en el momento que sea publicada en La Gaceta, Diario Oficial”, dijo.