LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD

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desde que nuestras instalaciones fueron tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann fue detenido.

con las instalaciones tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann detenido.

El régimen a través de la Policía Orteguista y grupos de choques asedian, persiguen y acosan a opositores. LA PRENSA/Cortesía.

¿Por qué la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto «casa por cárcel» y «Managua por cárcel» a opositores?

En otros países, como Venezuela, esta medida ha sido aplicada a opositores como Leopoldo López. "Lo que persiguen es evitar pagar el costo político de arrestar formalmente a ciertas figuras políticas", dijo Félix Maradiaga.

Desde el primero de diciembre del año pasado, el opositor nicaragüense Félix Maradiaga no puede salir de la casa en la que está viviendo. No le han impuesto una orden judicial, ni le han dado una explicación oficial de su situación, que podría definirse como «casa por cárcel».

El hecho es que en el perímetro de su casa permanece un aparato policial de 16 policías que se rotan en turnos de entre ocho y 12 horas. Rodean entradas y salidas, requisan a las personas que salen de la casa y algunas que logran entrar. Si Maradiaga intenta salir, como se ha visto en algunos videos que él mismo ha compartido en redes sociales, los oficiales se le plantan enfrente para no dejarlo pasar más allá de unos pocos metros de su puerta.

«Es una aplicación arbitraria de casa por cárcel», dijo Maradiaga vía telefónica, quien hasta el momento es el único caso documentado de este tipo de arrestos arbitrarios contra opositores del régimen de Daniel Ortega.

En el caso de otros opositores, como Medardo Mairena, del Movimiento Campesino, y Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, no pueden salir de Managua, la capital nicaragüense, y viven en permanente asedio policial.

“El asedio comenzó el 26 de septiembre, cuando estábamos en el norte de Chinandega, en Cinco Pinos. Ahí fuimos retenidos una media hora por la policía y después fuimos perseguidos por patrullas hasta Managua, y al día siguiente ya amanecieron las patrullas frente a la entrada del residencial”, relató Chamorro.

Asedio las 24 horas

Según Chamorro, los policías “están las 24 horas del día, en dos turnos, un patrulla con cinco o seis oficiales”. Él y su familia son perseguidos a todas partes. “Supuestamente, la orden que ellos tienen es que no pueden dejar de tener contacto visual con el perseguido. Si yo entro a un recinto privado, ellos irrumpen el espacio privado y, como es la policía, nadie les puede decir nada”, comentó.

“Obviamente es un acoso y una intimidación que tiene por objeto intimidarme, cosa que no se ha logrado, y es totalmente arbitraria e ilegal, porque no hay ningún tipo de acusación. Ellos dicen que soy sujeto de una investigación, pero no se me ha dicho de que se me investiga o motivo de investigación”, dijo Chamorro.

Además, en su caso, el asedio es doble debido a que existe una orden de captura en contra de su esposa, Victoria Cárdenas, por la imposición de un millonario reparo fiscal a la Inmobiliaria Intermezzo de la que es dueña junto con su mamá.

Asimismo, Chamorro señaló que no es el único de la ACJD que vive bajo ese tipo de asedio y obstaculización de la movilidad. “De la Alianza Cívica también tenemos a Geraldine Jarquín en Boaco; tenemos a Marta Alvarado, en el Distrito 7. Básicamente, consiste en tratar de limitar la movilidad de los opositores”, mencionó Chamorro.

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Permisos arbitrarios

En el caso de Félix Maradiaga, el asedio policial y la restricción de salir de Managua comenzó desde septiembre de 2020. Sin embargo, desde el primero de diciembre del año pasado no puede salir de su casa. En las últimas semanas, los policías que lo acosan le han dicho que «colabore» diciéndoles con antelación los lugares donde se quiere dirigir para que ellos lo aprueben. Pero los aviso de él para visitar a su familia, ir a la iglesia o al hospital, no han sido aceptados.

Con las personas que llegan a su casa, la situación es arbitraria. Por ejemplo, hay periodistas que han logrado llegar a su casa, después de varias requisas y preguntas, mientras que otros son rechazados e incluso amenazados de confiscarles sus equipos.

«Están creando una situación de ambigüedad, un limbo jurídico, de manera que esta violación a mis derechos humanos no sea tan evidente», dijo Maradiaga, quien también señaló que a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) no la dejan hacer ningún tipo de reunión.

«A mí me preocupa que se está llegando a una aceptación subliminal. Tenemos que denunciar estas arbitrariedades, cuyo nivel más extremos son los presos políticos», dijo Maradiaga. «No es normal que me esté pasando esto, pero tampoco es normal que le pase a alguien más», agregó.

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El objetivo es limitar el trabajo de la oposición

Juan Sebastián Chamorro sostiene que estas acciones del régimen son una muestra del temor por el trabajo que ha venido haciendo la oposición, sin embargo, a pesar de los obstáculos, subraya, no han logrado detenerlos.

“Hemos encontrado algunos mecanismos, pero sí limita ciertamente la capacidad de tener reuniones presenciales que siempre son importantes en la política. Es cierto que la tecnología ayuda. Muchas de las reuniones, además por el tema de la pandemia, se hacen en plataformas digitales, pero evidentemente el factor humano es importante. Ellos hacen eso para limitar el accionar”, dijo Chamorro.

“Precisamente, por este tipo de violaciones a los derechos es que uno está luchando, está consiente que esto iba a ser una lucha dura, y en lo personal, más bien me siento más motivado, porque cuando uno va perdiendo los derechos, te los va robando la dictadura, pues te compromete más. No te amedrenta más, sino que te fortalece, porque te das cuenta exactamente como la están pasando otras personas que están siendo violados sus derechos”, concluyó Chamorro.

Casos en otras dictaduras

Uno de los casos más extremos a nivel internacional es el de la activista y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, de Myamar, que estuvo hasta 15 años en arrestos domiciliarios.

En otros países, como Venezuela, esta medida ha sido aplicada a opositores como Leopoldo López. «Lo que persiguen es evitar pagar el costo político de arrestar formalmente a ciertas figuras políticas», dijo Maradiaga, y agregó: «Es, decir, echar presas a ciertas figuras políticas más bien los proyectan internacionalmente, entonces con el arresto inhiben su participación».

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo todavía tiene a más de 100 presos políticos en las cárceles del país, según las organizaciones opositoras del régimen. A estos se ha negado a liberarlos y les imputa delitos comunes.

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