El régimen de Daniel Ortega fue de los primeros en suscribirlo, pero a la misma vez violarlo, sin que antes entre en vigencia. Se trata del Acuerdo Regional sobre el Acceso de la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, conocido también como Acuerdo de Escazú, el cual entrará en vigencia el próximo 22 de abril, lo que supone un desafío para Nicaragua en esta materia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es una de las promotoras de este acuerdo, que señala que el mismo es un compromiso de los gobiernos con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. “En estos momentos en que la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca porque refuerza la cultura del diálogo y la concertación para avanzar en las transformaciones necesarias que aseguren que la recuperación…”, afirmó Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal la semana pasada.
Son 24 países que hasta la fecha han firmado dicho acuerdo y 12 lo han ratificado, incluida Nicaragua que firmó el 27 de septiembre de 2019 y ratificó el 9 de marzo de 2020, mientras el país se encontraba sumergido en constantes y graves violaciones a los derechos humanos, que hasta el momento no han cesado.
Los principales ejes del Acuerdo de Escazú, suscrito en la ciudad costarricense que adoptó el nombre del pacto, son el acceso a la información y a la justicia sobre temas ambientales y además la protección de las y los defensores de los derechos ambientales, a raíz del aumento de la violencia en contra de los defensores y el poco o nulo acceso a la información sobre estos temas en los países de Latinoamérica.
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Debido a que el régimen de Ortega no muestra interés por la defensa de los derechos antes mencionados, o la protección de organizaciones y personas defensoras dichos derechos, especialistas en temas ambientales y defensores ambientales consideran que detrás la firma y ratificación del acuerdo, Ortega oculta otros intereses.
“Esta acción del régimen de Ortega, es decir, de firmar y luego ratificar el acuerdo de Escazú, obviamente obedece a la política de doble discurso, que por un lado, yo firmo todo lo que se pueda firmar a nivel internacional para generar imagen y decir que estoy haciendo algo, contribuyendo para detener esta situación, pero por el otro lado con la acciones y con las medidas represivas, doy persecución a las organizaciones ambientales, y no estoy facilitando la información ambiental que debería de ser por ley”, dijo Amaru Ruiz, director Ejecutivo la Fundación del Río, a la cual el régimen quitó su personería jurídica arbitrariamente en diciembre de 2018.
Por lo tanto, considera que la firma y ratificación del mismo no significará la aplicación de medidas y acciones que vayan en función de garantizar tanto la seguridad de las personas que defienden derechos ambientales, como el libre acceso a la información ambiental.
El ingeniero Víctor Campos, director ejecutivo del Centro Humboldt, considera que “el acuerdo fue firmado y ratificado por Nicaragua cuando sabemos que efectivamente ninguno de esos tres pilares se cumplen en Nicaragua, y la firma de ese acuerdo fue más bien en términos para la exportación hacia el exterior, en la búsqueda de los financiamientos que se han solicitado al Fondo Verde del Clima y que están aprobados, pero que se les ha condicionado la entrega al gobierno, lo que quiero decir es que efectivamente ese acuerdo aunque fue firmado y ratificado por Nicaragua, todos sabemos que eso no se conoce en el país”.
Acceso a la información y la justicia
El artículo seis del Acuerdo de Escazú, en su primer inciso, señala que:
“Cada parte (país firmante) garantizará, en la medida de los recursos disponibles, que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local”.
Al respecto, las fuentes consultadas coinciden en que la aplicación de ese artículo prácticamente está muerto y ocurrirá lo mismo que la Ley 621, Ley de Acceso a la información pública, que pese a que forma parte del marco jurídico local, la misma no se cumple.
“Sistemáticamente solicitamos nosotros información ambiental, hay cientos de solicitudes que hemos hecho al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), y al Instituto Nacional Forestal (Inafor), pero principalmente al Ministerio del Ambiente, y no se nos ha contestado ni una sola, cuando hay una Ley de Acceso a la Información Pública que establece que tenemos el derecho a tener la información”, recordó Campos.
Asimismo mencionó que al igual que se incumple con el acceso a la información, las organizaciones ambientales y los ciudadanos, en general, tampoco tienen acceso en temas de justicia.
“Realmente en el tema de justicia ambiental, ¿cuántos fueron juzgados por haber cometido delitos ambientales en el país en el 2020? por ejemplo, realmente si existe algún caso, son números irrelevantes, con respecto a la enorme violación y a la comisión de delitos ambientales que se da en el país, y no hay información pública que se pueda tener. Nosotros hemos hecho consultas a la Fiscalía para ver quiénes son y en cuántos casos se ha acusado por delitos ambientales y realmente no tenemos acceso a la información, que es el otro eje del acuerdo”, enfatizó Campos.
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Pero Ortega también está aplazado en otras obligaciones en materia de derechos ambientales y los especialistas temen que el acuerdo Escazú se quede en papel en Nicaragua.
“En principio, todas las concesiones deberían estar públicas, empresas, permisos, planes de aprovechamiento, estudios de impacto de ambiental, todos los elementos que tengan que ver con el sistema evaluación de impacto ambiental deberían ser públicos, todos los estudios, diagnósticos, todos los proyectos, el presupuesto, los niveles de ejecución del presupuesto de todas las entidades públicas, la información de base de datos de biodiversidad, de fauna, de flora, toda la información científica, es decir, todos los elementos ambientales para tomar decisiones, deberían estar públicos”, enumera Ruiz. Ninguna de esta información es pública.
Proteger a los defensores ambientales
Otro talón de Aquiles del régimen es lo relacionado al compromiso que asumió en el acuerdo regional de proteger a los defensores de derechos ambientales.
“Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico”, se lee en el inciso dos del Acuerdo de Escazú.
Sin embargo, la realidad de Nicaragua es otra, pues hay nueve organizaciones no gubernamentales a las que se le retiró en 2018 su personería jurídica de forma arbitraria, incluida organizaciones que se dedicaban a proteger al medioambiente. Pese a que ya había ratificado el acuerdo, este año el régimen confiscó todas las instalaciones de estas organizaciones afectadas por la cancelación de la personería jurídica. Varios defensores están exiliados.
En el caso de Amaru Ruiz, tuvo que salir del país días después de que quitaran la personería jurídica y su patrimonio como reservas silvestres privadas a Fundación del Río, por amenazas por parte del régimen y sus seguidores.
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“Nosotros no vamos a negociar, vamos a mantener nuestros principios de defensa ambiental, y vamos a seguir denunciando la situación ambiental, hasta que cambie, porque somos comprometidos por la causa ambiental, y vamos a seguir comprometidos, vamos a seguir trabajando en función de eso”, dijo Ruiz.
Además menciona que en el caso de Fundación del Río: “hemos hecho recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad frente a las autoridades, pero como sabemos, la Corte Suprema de Justicia está vinculada al propio partido de gobierno, entonces no hay ninguna garantía judicial, por eso estamos yendo a una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos…porque lo que nosotros queremos es dejar un precedente”.
Para Campos la mayor afectación está en la gente de los territorios, que es la que realiza de primera mano la defensa de sus bienes territoriales y del medioambiente. “Los deja sin posibilidades, ya todo a nivel de organización que había a nivel territorial en este momento está prácticamente inmovilizada porque lo que ha habido es criminalización de las luchas ambientales que se han venido dando en todos los niveles, para minas, para bosques, en cualquiera de los casos”, lamentó.