Las reformas al Código Penal y a la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779), para la aplicación de la cadena perpetua, fueron publicadas este lunes 25 de enero en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua, cinco días después de la aprobación de estos cambios en la Asamblea Nacional.
Los abogados Eliseo Núñez Morales y José Pallais Arana confirmaron que la publicación de estas reformas en La Gaceta, es el último paso para que la cadena perpetua pueda ser aplicada a partir de hoy lunes 25 de enero a los casos en proceso que, según las reformas, ameritan ese castigo. Ambos insistieron en que no puede ser aplicada de forma retroactiva, es decir, a casos ya juzgados.
“Ya esta en vigencia, ya puede ser aplicada por hechos constitutivos de delitos acaecidos a partir de hoy. No puede ser aplicada retroactivamente a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia”, manifestó Pallais.
Igualmente, la también abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que ya entró en vigencia la cadena perpetua plenamente “a partir de este momento en adelante por el principio de legalidad”.
“No se puede aplicar retroactivamente. Es decir, no se le puede aplicar los que ya están presos, ni siquiera al que está preso desde ayer”, afirmó la defensora de derechos humanos.
De esta manera culmina el proceso para establecer la pena de prisión perpetua en Nicaragua, con el objetivo de “castigar crímenes de odio y atroces en Nicaragua”, entre lo que el régimen de Daniel Ortega incluye las acciones de protesta de los opositores, como lo dijo él mismo el pasado 15 de septiembre, cuando hizo el anuncio oficial sobre este tema.
La cadena perpetua se logró instaurar en cuatro meses, para lo cual el régimen de Ortega puso a trabajar desde septiembre de 2020 a sus redes partidarias locales a nivel nacional, para recoger firmas de respaldo a la iniciativa.
Luego el régimen usó su control en la Asamblea Nacional, para iniciar el proceso de reformas y hacer consultas a las instituciones que corresponden: poder judicial, sistema penitenciario, policía orteguista, procuraduría general de la república, que muy disciplinadamente y sin cuestionar aprobaron el proyecto de reforma a la Constitución Política.
En 10 de noviembre del año pasado se aprobó la reforma constitucional en primera legislatura y el pasado 18 de enero en segunda legislatura.
La instauración de la cadena perpetua forma parte de un sistema de leyes represiva aprobadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para endurecer la represión legal contra los opositores que protestan contra su gobierno.