El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) demandó al Gobierno una nueva reducción de la tarifa eléctrica para llegar al menos a 20 por ciento de alivio, en vez del 10.6 por ciento aplicado a los consumidores a partir del 1 de enero de este año. La revisión, según la cúpula, debe abarcar el cargo por alumbrado público. La demanda fue presentada a través de un comunicado este miércoles 27 de enero del 2021.
Las cámaras agremiadas a Cosep expresan que cualquier disminución en el precio de compra de energía e insumos para generación de la misma por las instituciones del sistema eléctrico deben traducirse en un beneficio equivalente para los consumidores finales de este servicio mediante una reducción en sus tarifas.
«Debemos insistir que la reducción aprobada no ha considerado criterios como el traslado de la reducción del precio del petróleo íntegramente a la tarifa, la suspensión de importación de energía eléctrica entre las distribuidoras y Enel Bluefields, la reversión de la resolución INE-CD-13-12-2019 de cobros por desvíos tarifarios, la disminución en el precio de compra de energía por las instituciones del sistema eléctrico del país, entre otras. La reducción según análisis independientes realizados debería llegar al menos al 20 por ciento», señaló.
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Asimismo, hacen el llamado para que se modernice el pliego tarifario actual, porque el actual establece tarifas altas con relación al resto de los países centroamericanos. La revisión debe considerar «costos marginales decrecientes para quienes más consuman y tome en cuenta el factor de planta de los usuarios, lo cual permitiría ajustar la tarifa de energía periódicamente conforme varíen los insumos de generación como los combustibles, tal como se hacía anteriormente».
En paralelo a esa revisión se pide que se permita el desarrollo y ampliación del mercado Eléctrico Regional, que garantice la efectiva participación de agentes públicos y privados en el creciente mercado eléctrico centroamericano.
Todo eso debe venir acompañado por una política de «transparencia y acceso a la información pública, la publicación de todos los contratos de compra y venta de energía eléctrica, incluyendo el reciente contrato firmado con New Fortress Energy LLC», la empresa estadounidense que construirá una planta de gas natural en Nicaragua.
Pero además demandan «permitir ser gran consumidor de energía a partir de los 100 kilovatios, como es en algunos países centroamericanos», cuya razón no explican en el comunicado.
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Los empresarios recuerdan que la energía eléctrica es uno de los principales insumos de la industria, agricultura, comercio y turismo, por lo tanto, se necesita tarifas que permitan producir bienes y servicios a precios competitivos para los mercados internos y externos. Esto generaría aumento de la producción y empleo en el país.
También argumenta, que la revisión es necesaria porque existen numerosos y masivos reclamos de pequeños consumidores introducidos ante las empresas distribuidoras de energía, Disnorte y Dissur durante el 2020, lo que requiere la justa y pronta resolución de sus quejas.
Sin una explicación clara, el régimen de Ortega anunció el año pasado una reducción de entre 15 y 10.6 por ciento en la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de este año, mes en el que también entró en vigencia un recorte en el subsidio eléctrico para los que consumen entre 101 y 125 kilovatios por mes en el caso de la tarifa domiciliar. Además para los consumidores de más de 150 kilovatios se elevó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 7 a 15 por ciento.