El sociólogo e historiador Humberto Belli, en su columna del lunes de esta semana publicada en LA PRENSA opina que los opositores están obsesionados por la unidad, que consideran indispensable para derrotar a la dictadura en unas elecciones competitivas, pero parecen ignorar que Daniel Ortega y Rosario Murillo “jamás dejarán el poder a través de elecciones o medios pacíficos si temen que al perderlas peligrarán su libertad o su fortuna”.
Agrega Belli que “crear una fórmula donde los OrMu superen este temor, donde vean menores los riesgos del escenario electoral… requerirá de la oposición y del gobierno muchas concesiones y quizás hasta pactos y negociaciones políticas. Estas quizás tengan, para muchos, olor a purgatorio. Pero —dice— ¿no es este preferible al infierno?”
El planteamiento de Humberto Belli supone que mientras Ortega no tenga certeza de que si deja el poder no será obligado a rendir cuentas ante la justicia nacional o internacional, no permitirá elecciones libres en las que corra el riesgo de perder ante la oposición, como le ocurrió en 1990.
La suposición es razonable. Sin embargo, para que la tesis de Belli pudiera ser viable, como él mismo dice el gobierno y la oposición tendrían que negociar y hacerse concesiones. Lo cual solo sería posible si las dos partes estuvieran dispuestas a promover la reconciliación nacional, que fue la bandera que facilitó la celebración de las elecciones libres y competitivas en febrero de 1990 y una transferencia pacífica del poder con garantías para la parte perdedora.
En aquella época la reconciliación nacional era imperiosamente necesaria. Los nicaragüenses estaban divididos en dos grandes bandos irreconciliables, que se odiaban a muerte y aunque quisieran ninguno podía exterminar al otro. Ortega y el FSLN se vieron obligados a realizar elecciones libres, en las que no creían ni las querían, pues aunque no habían perdido la guerra con los contras tampoco la estaban ganando ni tenían ninguna posibilidad de ganarla. Además, el conflicto armado de Nicaragua era una amenaza para toda la región. De modo que los gobiernos de los demás países centroamericanos, se unieron para obligar al régimen sandinista a aceptar un plan de paz que estableció, entre otras obligaciones, la de promover la reconciliación nacional y la democracia, y para eso celebrar elecciones justas y libres supervisadas internacionalmente.
No en balde el título del primer punto de los Acuerdos de Esquipulas II, de agosto de 1987, era “Reconciliación nacional”, la que después doña Violeta levantó como bandera de su campaña electoral, inspirada también en el Programa de Gobierno de la UNO. Por eso en su primer discurso de campaña, que pronunció el 10 de septiembre de 1989 ante una multitud congregada en Juigalpa, Chontales, doña Violeta proclamó solemnemente: “Los nicaragüenses somos una sola familia. Hay que hacer borrón y cuenta nueva; hay que perdonar y unirnos, dejar atrás el pasado y comenzar a vernos como hermanos”. Y se comprometió a hacer un gobierno de reconciliación nacional.
Pero esta vez nadie habla de reconciliación. Al parecer, el odio que divide ahora a los nicaragüenses, por la matanza de 2018 es más profundo y fuerte que el de los años ochenta.
