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Sede central de la Dirección de Migración y Extranjería. LAPRENSA/ARCHIVO

Residentes extranjeros en la mira del régimen: Migración les reduce validez de residencia

Citas exprés, interrogatorios, amenazas y sometimiento a firmar "acta de compromiso", es parte del proceso que enfrentan residentes extranjeros en Migración y Extranjería

Funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería han emprendido una política de control y amenazas contra ciudadanos extranjeros que residen en el país, a quienes les advierten de que no pueden participar ni opinar en sus redes sociales sobre asuntos políticos de la nación, de lo contrario, su permanencia en Nicaragua será revocada.

Una ciudadana afectada contó a LA PRENSA – en condición de anonimato por temor a represalias de las autoridades  migratorias – el proceso por el que deben pasar y las amenazas que reciben en las instalaciones de Migración y Extranjería.

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«La semana pasada vino un policía junto con un funcionario de Migración, me pidieron mi cédula de residencia, mi pasaporte; luego me dijeron que me traían una citatoria para presentarme a Migración, pero cuando les pregunté que cuál era el problema o el motivo de esa citatoria; me respondieron que ellos no sabían y que tenía que presentarme y punto», señaló la fuente, quien agregó que la citatoria era para el día siguiente.

Cuenta que cuando se presentó a la sede central de Migración, en Managua, la ubicaron en un extremo derecho del lugar donde se encontraban también otros extranjeros. «Ahí me mantuvieron alrededor de tres horas y no me atendían, hasta que les insistí, pidiéndoles el favor que me atendieran, ya me pasaron primero a un lugar donde hay unas superficies de vidrio; me hicieron quitarme la careta, la mascarilla y me tomaron fotos, exponiéndome al Covid-19», señaló.

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La afectada asegura que posteriormente la hicieron pasar a otra oficina donde había un póster que decía «Causales de revocación de residencias o permanencia legal» , ahí le entregaron un folleto que indica que los extranjeros no deben meterse en las políticas de Nicaragua y posteriormente empezaron a interrogarla.

«Un señor que estaba sentado, al que le decían el comandante, me empezó a decir que yo no puedo participar en ningún tipo de protesta y ´usted no puede emitir ningún tipo de argumento en las redes sociales, ni en sus dispositivos privados respecto al Gobierno de Nicaragua, cada vez que sale de Nicaragua, antes debe venir a migración y dar los motivos del porqué va a salir´», expuso la afectada.

Acortan tiempo de validez de residencia

De acuerdo a su testimonio, ella tiene más de 30 años residiendo en Nicaragua y su cédula de residencia solía renovarla cada cinco años, la validez que establece el Artículo 58 del Reglamento a la Ley 761 – Ley General de Migración y Extranjería – que indica que el permiso de residencia para un extranjero que cumpla todos los requisitos de ley establecidos será de cinco años.

Previo a la citatoria, su documento de residencia reflejaba una validez hasta 2022. No obstante, el funcionario de Migración le indicó que «debido a nuevas disposiciones» la renovación será ahora cada tres meses.

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«´La fecha de que finaliza su plástico ha terminado y va a ser renovado cada tres meses´, me dijo y respondí: señor mis documentos están todos legales y mi cédula vence en 2022, y me cambió la fecha de expiración de mi cédula. No me atreví a emitir ningún juicio, pero yo pensé: bueno esto es una libertad condicionada, como que si yo estuviera presa y me tengo que presentar a las autoridades», lamentó la afectada.

Una vez terminada la explicación del funcionario de Migración, le hicieron responder un cuestionario «que parecía más un interrogatorio», le preguntaron nombres de sus padre, el origen, el de sus hijos, esposo y otros datos personales.

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«Me empiezan preguntar de mis hijos, donde viven, qué hacen, donde estudian, donde trabajan, su dirección y teléfono, cuando no sé ni los motivos ni qué uso harán con esos datos. Parecía que me estuvieran interrogando de la Gestapo», reclamó la afectada, haciendo alusión a la extinta e inquisidora policía secreta nazi. Al final la hicieron firmar un acta de compromiso, asegura.

«Me tuvieron como tres horas esperando y una hora que duró el interrogatorio, además me hicieron quitarme mi protección ante el Covid-19, cuando sabemos en la que situación que estamos; esta es una especie de tortura psicológica, no tienen ningún derecho. Es simplemente una manera de amenazar e intimidar a uno», lamentó la afectada.

Jubilados e inversionistas

Otro ciudadano extranjero que cuenta con residencia permanente en Nicaragua, relató que entre las personas que han sido citadas por Migración están jubilados, inversionistas y personas naturales, a quienes no les explican la causa de la citatoria y pasan por un proceso similar al que relata la primera fuente.

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“Entre los residentes que estamos siendo citados hay inversionistas y jubilados, uno que ya se presentó a Migración y Extranjería confirmó que inicialmente brindan una charla en la que además de advertir que uno no puede involucrarse en política, también preguntan la cantidad de nuestra inversión en el país y que cómo haríamos para administrar nuestros negocios si por meternos en política nos cancelan la cédula de residencia», expuso.

Los extranjeros de diversas nacionalidades aseguraron sentirse muy preocupados por la situación que les está planteando Migración. “Por temas de tiempo, estas nuevas disposiciones preocupan porque la cédula de residencia temporal se vencía cada 5 años y ahora están entregando una que tengo que estar renovando cada tres meses, pero además también debo acudir a las oficinas de Migración y Extranjería mensualmente a reportar si mantengo vigente o no mi domicilio”, explicó una ciudadana estadounidense.

La base jurídica

En septiembre del 2018 – año del levantamiento social y la crisis sociopolítica en el país – las autoridades de Migración y Extranjería manifestaron a los extranjeros residentes y no residentes, que no podían inmiscuirse en asuntos políticos. La información quedó registrada en una publicación que hizo el 26 de septiembre de ese año en el medio oficialista El 19 digital.

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En esa ocasión los funcionarios de Migración y Extranjería explicaron que el artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua, prohíbe que un ciudadano de otra nacionalidad intervenga en asuntos políticos. Además resaltaron que la ley 761 establece la revocación de la permanencia en el país a los extranjeros que participen en actividades políticas.

El abogado y experto en derechos humanos, Uriel Pineda, explica que dentro del artículo 38 de la Ley de Migración y Extranjería, hay disposiciones que son limitantes que normalmente tienen los extranjeros en el país, como es participar en asuntos políticos. No obstante, aseguró que este artículo representa un vacío legal porque la Ley no define lo que se considera «asuntos políticos», además que la misma ley reconoce la igualdad tanto para extranjeros como para nacionales en derecho.

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«Asuntos políticos debería tener una definición en la propia ley, es decir, para mí asuntos políticos debería interpretarse como inscripción en un partido político, participación directa en un partido político, pero eso es muy distinto de participar en temas relacionados con derechos humanos, es decir, que haya manifestación como por ejemplo, por el acceso al agua en algún barrio, eso es una situación inherente que no es una política partidaria», señaló.

Por otra parte, Pineda resaltó que el régimen orteguista se basa en este vacío jurídico para «intimidar la presencia de ciudadanos extranjeros y el régimen interpreta a conveniencia el alcance de la ley».

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«En Nicaragua en los años 80, infinidad de extranjeros llegaron a participar de muchísimas actividades impulsadas por el  gobierno sandinista de entonces y eso no se consideraba una actividad de injerencismo», contrastó Pineda.

Agregó además que esta medida de las autoridades de Migración y Extranjería, puede estar vinculado al pago de derechos por la renovación de la residencia. «¿Qué significa esto? que vos tenés que pagar cada vez que renovás tu residencia», argumentó.

Arbitrariedad sujeta a recurso de amparo

En el caso del primer testimonio, pese a que le informaron que la renovación sería cada tres meses, su cédula de residencia sigue reflejando que es permanente, lo que a criterio de Pineda significa una arbitrariedad.

«Eso es un hecho arbitrario y es un hecho susceptible de protección mediante el recurso de amparo, es decir, ante una resolución de Gobernación existe la posibilidad de interponer recursos de revisión y apelación y después ir al amparo, porque es algo que no está permitido en la ley porque las cédulas de residencia permanente son por 10 años», argumentó.

En ninguno de los casos – de acuerdo a las denuncias registradas en diversos departamentos del país – los extranjeros señalan haber visto pruebas o sido señalados de una falta en específico; ninguno de los oficiales les demostró que hubieran tenido comportamientos ilegales o que no se apegaran a la ley que los ampara como residentes. Los citan, los amenazan, los presionan, resellan – en algunos casos – sus papeles, y los dejan irse… con la advertencia de que deben presentarse nuevamente en tres meses para el mismo proceso.

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