Nicaragua se mantiene entre los primeros lugares como uno de los países más corruptos en América Latina, solo por detrás de Haití y Venezuela, según reveló un informe del organismo Transparencia Internacional publicado este 28 de enero, que en esta ocasión basó los resultados de acuerdo al manejo del Covid-19 que han tenido estos países.
El reporte específico sobre el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) en 2020 en América Latina, detalla que Nicaragua percibe un puntaje de 22 sobre un máximo de 100. Además le colocó en el puesto 159 de 180 países a nivel mundial. Con este puntaje el país centroamericano muestra un declive significativo en el IPC desde 2012 al perder 7 puntos desde ese periodo.
«Nuestra investigación muestra que la corrupción no solo socava la respuesta de salud global al Covid-19, sino que también contribuye a una crisis continua de la democracia.El Covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción», declaró Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
Pero el incremento de la corrupción en Nicaragua se percibe en aumento desde que el dictador Daniel Ortega asumió el poder en el 2007, como señalan múltiples investigaciones que revelan una administración señalada de enriquecimiento ilícito con fondos públicos por parte de familiares y allegados a la pareja presidencial.
En la región Latinoamericana Venezuela se ubica en el primer lugar con un puntaje de 15 como el más corrupto de todos, seguido de Haití con 18 y Nicaragua 22, siendo las naciones donde la corrupción está más presente. En la otra esquina estáUruguay (71) y Chile (67) como los mejores calificados por Transparencia Internacional.
Principales violadores de derechos humanos
El estudio realizado por IPC sostiene que los países que obtienen niveles más altos de corrupción tienden a ser los peores perpetradores de violaciones de derechos humanos «y las normas democráticas como parte de sus respuestas de emergencia. Investigaciones recientes también han demostrado que países de todo el mundo han violado los estándares democráticos para las disposiciones de emergencia en respuesta a la pandemia de Covid-19.
En ese sentido, el régimen de Daniel Ortega desde que inició la pandemia ha puesto en hermetismo el avance del virus, mantiene centralizada las pruebas de detección del Covid que fueron donadas por organismos internacionales, y hasta la fecha se desconoce cuántas han sido aplicadas.
«Nuestro análisis revela que los países que obtienen buenos resultados en el índice invierten más en atención de salud, están en mejores condiciones de brindar cobertura universal y tienen menos probabilidades de violar las normas democráticas o el estado de derecho al responder a una crisis», destacó el organismo internacional.
«Perros guardianes»
Para la oenegé los gobiernos deben garantizar que el desarrollo, la compra y la distribución de los tratamientos y vacunas contra el Covid-19 sean «transparentes y equitativos», y sugirió a los Estados permitir que las organizaciones de la sociedad civil y la prensa como tal funcionen como «perros guardianes», «haciendo que los políticos y las empresas rindan cuentas. Con demasiada frecuencia, los gobiernos buscan utilizar estas crisis para obtener ventajas políticas a costa de la sociedad civil».
Desde abril de 2018, Nicaragua está sumida en una grave crisis sociopolítica cuya represión estatal ha dejado un saldo de más de 500 muertos, según organismos locales de derechos humanos, a esto se le suma la grave crisis sanitaria que el dictador se niega a tomar en serio y expone a la población al contagio a través de promoción de actividades masivas.