La aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó este jueves la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo denominada “Ley que Declara y Define Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense”, en la que proclama área protegida y bajo categoría de reserva de Biósfera, un área de 4 millones 415 mil 700 hectáreas “ubicada en el mar territorial y en la zona económica exclusiva ” del mar caribe.
El dictador Daniel Ortega manifestó en la exposición de motivos que esta legislación surge como una necesidad de “proteger el patrimonio natural de la nación y de garantizar el derecho del pueblo a un ambiente saludable”. Y agrega que la zona, que contienen riquezas naturales y ecosistemas costeros y marítimos completos, “representan un alto valor ecológico y económico en la región del caribe”, reza el documento.
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El área establecida en la ley incluye la zona marítima concedida a Nicaragua por parte de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sin incluir, según la Ley, los cayos de Serrana y Quitasueño al norte del mar caribe, que también pertenecen a Nicaragua.
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Previo a la aprobación de la ley, Arling Alonso, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Parlamento, aseguró que la iniciativa permitirá conservar la diversidad biológica y cultural, pero a la vez propiciar el desarrollo económico y social de nuestra Costa Caribe nicaragüense.
“Esto habla del gran esfuerzo que ha venido realizamos nuestro Gobierno fortaleciendo el sistema nacional de áreas protegidas que es donde se están desarrollando acciones de conservación de nuestra biodiversidad”, dijo Alonso.
Ley sin sentido
De acuerdo al científico y biólogo, doctor Jaime Incer Barquero, exministro de Ambiente y Recursos Naturales, la aprobación de esta ley no tiene ningún sentido tomando en cuenta que previo al fallo de La Haya, Colombia ya había declarado toda la plataforma marítima – que ahora comparte con Nicaragua – como área protegida y reserva de biósfera Seaflower, que también fue reconocida por la UNESCO.
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“Esa área que se llama reserva biológica marina Seaflower, partida por la frontera marina entre Colombia y Nicaragua, ya está declarada, Colombia lo hizo hace mucho tiempo, no se puede declarar una cosa encima de otra declaración, es decir, declarar lo ya declarado no tiene sentido”, expuso Incer.
Por otra parte, considera que Nicaragua no cuenta con la capacidad suficiente para atender de forma unilateral esta plataforma marina. “Lo que tiene que hacer Nicaragua es reabrir puentes, manejar responsablemente y manejar en coordinación con Colombia esa área. Pero Nicaragua no tiene la capacidad de manejar recursos marinos porque se trata de una reserva submarina formada principalmente por arrecifes, además que está mar adentro y no cerca de la costa y eso requiere de recursos especiales que no tiene Nicaragua”, explicó el científico.
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Incer agregó que el tratamiento de esta plataforma marítima “debe ser de forma binacional, no es solamente de Nicaragua, tampoco solo de Colombia, es de los dos”.
Por su parte, el ambientalista y director de la organización Fundación del Río, Amaru Ruiz, explica que para declarar una zona como área protegida, se tienen que realizar previamente estudios técnicos, geomorfológicos, de biodiversidad, marinos y de capacidad de carga, para poder determinar cuáles son la condiciones ambientales, sociales, humanas y naturales que existen en esos ecosistemas.
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“Eso yo no creo que lo tenga el régimen, y si lo tiene no lo ha presentado. Pero además lo creo porque no hay capacidad en el país para realizar estos estudios y los que conozco que tienen esta capacidad, como son Fabio Buitrago, ecólogo marino, o el doctor Jaime Incer, pero ninguno de ellos han sido contratados por el Estado para estos estudios”, señaló Ruiz.
El Decreto 01-2007, Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, establece en su artículo 11 numeral 2, que para la declaración de nuevas áreas protegidas deberá cumplirse de previo con estudios técnicos del área propuesta que contengan características y condiciones ambientales, socio-económicas y culturales como la “representatividad y viabilidad ecológica; identificación de los bienes y servicios ambientales; identificación de la importancia genética, endemismo, especies amenazadas y en peligro; identificación de los principales impactos ambientales que afectan el área; identificación de las principales actividades socioeconómicas, culturales e históricas en el área propuesta; Identificación de comunidades indígenas y áreas que cubren dichas comunidades y tradiciones culturales en el uso de los recursos naturales”.
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Sin embargo en la presentación de motivos realizada por el Ejecutivo, no hace ninguna mención de algún estudio realizado en las zonas que contempla la ley. “No se siguió el procedimiento que dice el Decreto 01-2007, del reglamento de áreas protegidas”, argumentó Ruiz.
Priorizar las reservas terrestres
El doctor Jaime Incer destacó que el régimen además de no contar con la capacidad para el cuido de la reserva marina, tampoco ha demostrado que tiene los recursos suficientes para el cuido y conservación de las reservas terrestres como Bosawas e Indio Maíz.
“Si nosotros no hemos podido defender los recursos terrestres de las áreas naturales declaradas, donde no hay presencia del Estado y donde mas bien hay autorización para despalar, cómo pretendemos hacer una cosa mas refinada, mucho más costosa, como es atender una reserva marina, entonces hay que empeñar el esfuerzo en trabajar en nuestro territorio que está destruido y donde las autoridades no actúa”, cuestionó Incer.
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“Si vamos a defender una cosa mar adentro, defendamos lo que tenemos a mano que son los bosques, Bosawas, Indio Maíz, Dipilto y Jalapa, Chacocente, La Flor, que están siendo saqueadas a manos limpias sin que nadie les diga nada”, agregó.
Régimen podría buscar recursos y dar concesiones
La aprobación con trámite de urgencia de esta ley, según Ruiz, le genera serias preocupaciones relacionadas a si el régimen tiene la intención de realizar concesiones petroleras y pesqueras en esa plataforma marítima a empresas nacionales e internacionales.
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“Primero porque es un trámite de urgencia, segundo por los antecedentes que tenemos de búsqueda de recursos por parte del régimen, porque le está dando una categoría a la parte que le toca a Nicaragua, obviando la declaración de la Unesco que ya existe, está está desconociendo esta categoría”, argumentó Ruiz, quien aseguró que se trata de un marco legal para permitir la extracción petrolera.
Por otra parte, el régimen busca con esta ley obtener recursos de organismos internacionales “justificando que no tienen capacidad para poder administrar esa área”, señaló el ambientalista Amaru Ruiz.