El experto en temas constitucionales, Gabriel Álvarez, analiza que el problema con la instauración de la cadena perpetua revisable en la Constitución y en las leyes de aplicación penal, es la posibilidad de ser usada como arma política por parte de los operadores del régimen orteguista en contra de los opositores.
Álvarez valora que para hacer eso se tendría que vincular a un opositor a los delitos contra la vida, lo que sería bastante difícil desde su punto de vista, pero no imposible. Esto dado que la Policía Orteguista y el resto del sistema judicial se han prestado para inventar crímenes y judicializar a líderes opositores, sobre todo desde el estallido de las protestas sociales en abril del 2018.
“El problema que ocurre es que el Ministerio Público, la Policía y el poder judicial no prestan la confianza ni garantía de imparcialidad. Podrán hacer cualquier barbaridad, sin embargo tendrán que vincular a un opositor en un asesinato agravado o parricidio, para que la puedan aplicar de forma ilegítima y planificar casos”, refirió Álvarez.
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Los líderes del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, Pedro Mena y Luis Pineda Icabalceta, fueron acusados y condenados a más de 200 años, por supuestamente haber participado en julio del 2018 en el asesinato de cuatro policías y un profesor en un supuesto ataque contra la delegación de Policía, en Morrito, Río San Juan. El suceso ocurrió en el contexto del levantamiento social contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo del que el Movimiento Campesino era parte.
Álvarez señaló que los riesgos son grandes, se siguen politizando leyes para debilitar al movimiento social opositor, que exige elecciones libres y transparentes para restablecer la democracia en Nicaragua.
“La comisión de delitos puede inventarse, como hemos visto en casos del líder campesino Medardo Mairena o del reo Carlos Bonilla, quien estando preso, le achacan la comisión de nuevos delitos cuando ya tenía orden de libertad. El análisis jurídico político es la degradación institucional del sector justicia”, refirió el jurista Álvarez.
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El preso político recapturado, Carlos Alberto Bonilla López, fue acusado de tráfico de drogas un día después que fue emitida su orden de libertad por cumplimiento de la sentencia de un año de cárcel. Bonilla participó en las protestas civiles contra el régimen en 2018.
Estuvo preso por primera vez 11 meses, con una condena de 90 años, siendo excarcelado el 11 de junio de 2019, bajo la cuestionada Ley de Amnistía. Tras regresar del exilio en enero del 2020, Bonilla fue capturado, acusado y condenado a 12 meses por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego, un modus operandi practicado por el régimen con los manifestantes.
El constitucionalista Álvarez refirió que en el caso de la reforma al Código Penal y la Ley 779 para incorporar la pena perpetua revisable aplicable a los crímenes contra la vida, es “jurídicamente hablando es válido y aceptable” la forma en que se aprobó. “En el texto no se trata de vincular a opositores por opinar y expresar sus pensamientos, sino que se habla de delitos graves como asesinatos, parricidios, femicidios en circunstancias espantosas”, señaló.
Álvarez dijo que “es un debate legítimo estar o no estar de acuerdo con la cadena perpetua revisable”, en los casos contra la vida. Sin embargo, en su análisis el procedimiento de aprobación de la reforma penal no “ocurrió con la aberración jurídica” con la que se aprobaron la “Ley Mordaza”, “Ley Putin” y la de inhibiciones, denominada como “Ley Guillotina”, cuyos objetivos claramente son anular derechos ciudadanos.
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El régimen recrudeció la represión anulando derechos constitucionales como el de libre movilización y ha perfeccionado las armas jurídicas para criminalizar a los movimientos sociales y políticos. En ese contexto se aprobaron la Ley contra Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza” que penaliza las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, que sean calificadas como “noticias falsas”.
También está la Ley de Agentes Extranjeros o “Ley Putin”, que criminaliza a las organizaciones que reciben fondo extranjeros, además se aprobó la “Ley Guillotina” que apunta a inhibir de ser candidatos a los opositores que promuevan sanciones internacionales contra el régimen y sus funcionarias. La cadena perpetua por crímenes de odio es parte de las normas como otra arma política.
La dictadura de Daniel Ortega a través de la Asamblea Nacional reformó la Constitución Política para incorporar la prisión perpetua revisable en los delitos de “odio”, un descalificativo con el que se han criminalizado las protestas sociales desde abril del 2018, cuando fueron brutalmente reprimidas por fuerzas de choque y la Policía, que dejaron más de 300 asesinatos y otros crímenes considerados de lesa humanidad por organismos de derechos humanos.
La aplicación de la prisión perpetua ya es posible al haber incorporado esa figura en el Código Penal y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (779), mediante sus reformas, que están vigentes desde el pasado 25 de enero.