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Telcor

El Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) es señalado por opositores de ser una herramienta de espionaje por parte de la dictadura. LAPRENSA/ Roberto Fonseca.

Telcor ordena a empresas de comunicaciones retener información de ciudadanos hasta por un año

Las empresas de comunicaciones deberán almacenar por un año todos los datos personales de los usuarios, incluyendo número telefónicos celulares y fijos, así como las comunicaciones en redes sociales y correos electrónicos.

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) mediante el reglamento a la Ley especial de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza», concreta el espionaje total del régimen orteguista a la población. La normativa ordena a todas las empresas autorizadas por Telcor que tengan resguardado hasta por un año todos los datos personales de los usuarios, incluyendo números telefónicos celulares y fijos, así como las comunicaciones de las redes sociales y de correos electrónicos. Incluso deberán registrar el día, la hora y la duración de las llamadas telefónicas.

Con este reglamento, Telcor excede lo dispuesto en la Ley «Mordaza», puesto que el plazo es de tres meses para que las empresas tengan  «congeladas» las bases de datos de sus sistemas informáticos, para que estén disponibles tanto para el ente regulador como para la Policía Orteguista (PO) y la Fiscalía. Sin embargo, ese paso dependería de que haya investigaciones en proceso por supuestos delitos establecidos en la ley, como el de «noticias falsas».

Telcor estableció en el artículo 5 del reglamento que «los sujetos obligados deberán preservar los datos e informaciones señalados en la presente normativa, por un período de doce (12) meses desde la fecha que se haya producido la comunicación».

Lo dispuesto por la directora Nahima Díaz Flores excede lo establecido en el articulado de la misma Ley «Mordaza», que en el artículo 39 normó que solo un juez puede ordenar, con base a que haya una investigación de ciberdelitos, que una persona o empresa «preserve y mantenga la integridad de un sistema de información o de cualquiera de sus componentes», «por un período de hasta noventa (90) días». Aunque el juez podrá extender ese plazo, pero solo una vez más, es decir, que máximo seis meses la base de datos permanecería «congelada».

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Nahima Díaz, directora de Telcor e hija del jefe de la Policía, Francisco Díaz. LA PRENSA/ TOMADA DE PRESIDENCIA

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Nahima Janett Díaz Flores es la directora de Telcor y es hija del jefe de la Policía Orteguista, Francisco Díaz, quien está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por ser señalado de ser uno de los principales responsables de la masacre contra las manifestaciones sociales de abril del 2018, y de ser quien dirige las violaciones a los derechos humanos de la población. El  comisionado Díaz además es consuegro de la pareja de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque su hijo Maurice Ortega Murillo está casado con Blanca Díaz Flores, hija del jefe policial.

El Acuerdo Administrativo 001-2021 de Telcor entró en vigencia este viernes 29 de enero al ser publicado en La Gaceta, Diario Oficial.

Control total al ciudadano

El régimen de Ortega y Murillo de esta forma concreta la persecución a todos los ámbitos de la ciudadanía, al instaurar un sistema de espionaje informático, denunció el diputado liberal Maximino Rodríguez.

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«Es un espionaje y control total de las comunicaciones privadas, lo que es inconstitucional», afirmó Rodríguez, de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y abogado.

Díaz Flores, directora de Telcor, en el reglamento de la Ley «Mordaza» conceptualizó que los «sujetos obligados» «son los operadores de telecomunicaciones» que el ente autorice, «sean persona natural o jurídica, para la prestación de servicios de telefonía e internet fija y móvil, así como los repetidores comunitarios y enlaces troncalizados».

Se especifica que ciudadano en particular o empresas que se dediquen al servicio de «telefonía fija, celular, acceso a internet, transmisión de datos, comercialización de servicios de telecomunicaciones, servicio portador, comercializador de portador satelital, comercializador de telefonía satelital, estaciones terrenales de telepuertos, estaciones terrenales de VSAT y repetidores comunitarios y enlaces troncalizados», están obligados a cumplir lo dispuesto por Telcor.

El diputado Rodríguez explicó que eso abarca a los operadores de servicios de telefonía, internet, así como a las radioemisoras, canales de televisión y cualquier otro medio que comunicación y ciudadano que opere en el ámbito de las telecomunicaciones en el país.

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Rodríguez criticó que Díaz Flores se extralimitó con este reglamento. «Telcor no puede legislar, puede reglamentar pero no puede ir más allá de lo aprobado en la norma jurídica por la Asamblea Nacional», afirmó el diputado.

«Recordemos que estamos ante una dictadura que quiere tener control de las comunicaciones de la ciudadanía, y acaban con todas las libertades. Lo están haciendo simulando juridicidad a través de un reglamento de una institución que no tiene facultad para legislar», señaló Rodríguez.

Al violarse derechos constitucionales y la propia Ley «Mordaza», el diputado Rodríguez refirió que cabe que los nicaragüenses que se sientan afectados por lo dispuesto por Telcor, «podríamos recurrir ante la Corte Suprema de Justicia haciendo uso de la Ley de Justicia Constitucional, porque este ente del Estado está amenazando los derechos individuales de los nicaragüenses».

Aun cuando el poder judicial es controlado por el régimen orteguista, el legislador insistió en que deben darse las acciones legales en contra de las leyes represivas, a fin de que haya precedentes para recurrir a instancias internacionales por las violaciones a los derechos humanos.

COMENTARIOS

  1. Hace 9 meses

    Yo prefiero que mi información esté en resguardo a que la manejen a su gusto y antojo los mass media que las usan con fines comerciales o ¿ya se les olvidó el escándalo en que estaba metido el dueño de Facebook quién fue sentado en el banquillo por vender la información de sus usuarios en el Reino Unido?

    ¡Por Dios Santo! No anden jugando a ser paladines de la libertad de expresión, debería ser un perfecto idiota para creerles esta falacia.

    La autoridad y la ley deben observarse en cualquier Estado por cualquier ciudadano, que se atengan a las consecuencias las empresas y/o grupos que manipulen y usen nuestra información con fines obscuros, el que no las debe no las teme.

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