María Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos, condenó el asesinato del defensor indígena mayangna del medio ambiente, Nacilio Macario, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, y exhortó al régimen de Daniel Ortega “investigar el asesinato y llevar a los responsables ante la justicia”.
El crimen ocurrió el 14 de noviembre de 2020, cuando llevaba agua y alimentos a miembros de las comunidades aledañas que protegían sus tierras. En el pronunciamiento la relatora destaca que “Macario trabajaba contra la extracción ilegal de oro y la tala ilegal de árboles en su comunidad”.
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Enseguida resaltó que, está vez Macario defendió sus tierras contra “la explotación ilegal de personas asociadas a la industria extractiva, pero si los responsables no son debidamente investigados y llevados ante la justicia, estos asesinatos seguirán llevándose a cabo con impunidad”.
Macario, era originario de la comunidad Musawás, ubicada en el territorio Sauni As, fue asesinado con arma de fuego por seis individuos cerca del río Wiwina.
Garantizar el retorno seguro
En su pronunciamiento, la relatora Lawlor sostiene que el Gobierno de Nicaragua “tiene el deber de garantizar un entorno seguro y favorable para quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua”.
Además, menciona que los ataques han ocurrido en un contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos que se agravó desde abril de 2018, cuando el régimen desató la represión contra los nicaragüenses quienes no comulgan con su política.
🇳🇮Aviso a los medios: El Gobierno de #Nicaragua tiene el deber de garantizar un entorno seguro y favorable para quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos #indígenas.https://t.co/QWLxgpsILJ pic.twitter.com/wcTVbORIpe
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) February 1, 2021
Leyes: “restringirían aún más el espacio cívico y democrático”
Lawlor se refirió a las leyes que recientemente la Asamblea Nacional – dominada por la aplanadora orteguista – aprobó, según la relatora estas “restringirían aún más el espacio cívico y democrático”.
Ante dichas acciones, la relatora se dirigió a la Alta Comisionada de la ONU para “solicitar al Gobierno de Nicaragua que garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; y que condene y sancione públicamente cualquier ataque acto de intimidación contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes comunitarios, entre otros”, concluyó Lawlor.
El llamado de Lawlor fue respaldado por el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David R. Boyd; por Dante Pesce (Presidente); Anita Ramasastry; Surya Deva; Elżbieta Karska, y por Githu Muigai, del grupo de trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas.