Los diputados orteguistas aprobaron este miércoles 3 de febrero la reforma a la Ley de Defensa de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias (Ley 842), legislación que apunta a endurecer más las regulaciones hacia las empresas, sobre todo del sector financiero.
Con esta reforma se le otorga la discrecionalidad a los entes reguladores de los servicios básicos, de telefonía, de televisión, financiero y demás sectores, a decidir las multas económicas y sanciones que consideren necesarias aplicar a las empresas proveedoras, aunque para ello deberán reformar sus respectivos reglamentos.
Los cambios que están planteados en la reforma a la Ley 842 también supondrían un roce con la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, debido a que los diputados sandinistas convierten al BCN en el ente regulador de las empresas de remesas, una función que no es parte de la entidad rectora de la política económica y monetaria del país.
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Los diputados sandinistas aprobaron esta ley, pese a la advertencia de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), quien adujo que sus mecanismos causarían un bloque financiero internacional contra el Sistema Financiero Nacional. La reforma y adición a la ley de Defensa de los Consumidores, fue aprobada con 74 votos a favor, 14 en contra; 13 de estos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), más cuatro abstenciones.
En una carta enviada a la Comisión Económica el jueves 28 de enero, Asobanp señaló que de aprobarse esta reforma se violaría el derecho constitucional a la libre empresa y haría que Nicaragua sea incluida en la lista negra de Acción Financiera Internacional (GAFI), siendo la consecuencia de que el país sea excluido del Sistema Financiero Global.
Esto provocaría que los bancos extranjeros corten relaciones con la banca nicaragüense, afectando los procesos para recibir remesas, operaciones de la tarjeta de crédito y débito, así como transacciones comerciales, exportaciones y otras operaciones.
Ley para proteger a los sancionados
El objetivo del régimen de Daniel Ortega de modificar la Ley de los Consumidores es presionar legalmente a los bancos privados para reabrirles las cuentas bancarias a los 27 funcionarios, empresas y a la Policía Orteguista (PO), sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.
Las sanciones obligan a los bancos a no tener relaciones con las personas y empresas afectadas porque son vinculadas a actos de corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos. Ningún inversionista, autoridades o personas de los gobiernos que aplicaron las medidas pueden tener negocios con los sancionados.
El diputado Byron Jerez, exdirector de Ingresos durante el gobierno liberal de Arnoldo Alemán, admitió que la reforma es para proteger a los funcionarios sancionados por EE. UU., bajo el argumento de que la institución bancaria no puede cerrar cuentas a terceros, es decir familiares de sancionados.
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“La institución bancaria no podrá por sí, y ante sí cerrar las cuentas de una persona que ha sido afectada por cualquier negocio ilícito, de robo, de droga, de secuestro, de malversación, de cualquier índole. La persona afectada es uno, la persona a la que le están cerrando su cuenta, pero no por mí, ante sí, voy a perjudicar a todo un núcleo familiar, primos, primas, hermanos, hijos, nuera, yernos, etc., como es ahora en día”, manifestó.
Jerez, también atacó los argumentos de los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que emitieron un voto razonado en contra de la reforma, y expresó que espera que estos nunca sean sancionados para que no experimenten en “carne propia” dicha medida.
“Yo espero y lo digo con todo corazón que no sea sancionado o no se extienda ninguna sanción a ningún miembro de la bancada del PLC, porque ahí van a experimentar en carne propia por lo que están votando en contra el día de hoy. Cuando le cierren sus cuentas a cada uno, al que fue sancionado y le cierren la cuenta a su mujer, a sus hijos, nietos, etc., ahí van a brincar, ahí se van a dar cuenta que esta ley los protegía, que esta ley sí protegía al consumidor”, dijo Jerez.
No pretenden proteger a los consumidores sino usarla con otros fines
La diputada Azucena Castillo, adjunto a su voto razonado en contra de la reforma y adición a la Ley No. 842, la posición de Asobanp, donde expresan que dicha iniciativa que reforma los artículos 9, 10 y 25, el artículo 54 y la adición al artículo 6, numeral 22, trasgreden el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual al impedirle a los bancos que de manera libre, elijan con quién iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con sus usuarios o un consumidor, facultad que esta en sus contratos y reglamentos.
“De esta iniciativa de reforma y adición a la Ley 842 que da claro que el objetivo no es congruente con una política para fortalecer el derecho de las personas usuarias de los servicios financieros ni de los clientes de los negocios de comercio. Desafortunadamente con esta ley se intenta utilizar el sistema de protección a los cosumidores para otro fin”, expresó Castillo.
Castillo, agregó que se quiere incluir al Estado y sus instituciones para presionar a las instituciones de servicios financieros en sus políticas internas, para que no se les nieguen los servicios ni se les cancelen sus contratos existentes, sujetándoslos solamente a los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico correspondiente obviando las relaciones internacionales.
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“Se requiere de un gobiernos serio y confiable que no ponga en peligro las relaciones financieras internacionales que son la base para las transferencias que permitan a los sectores productivos, a los ciudadanos y al mismo gobierno llevar a cabo sus transacciones para pagar, cobrar, recibir remesas y desembolso de prestamos y donaciones respectivamente”, insistió la diputada liberal.
Jerez, criticó los argumentos de Castillo, señalando que hablan a favor del consumidor, pero piden votar en contra de la ley que protege al consumidor. “Es difícil entender un mensaje de esa categoría”, dijo el diputado orteguista en tono irónico.
“No es cierto que el sistema financiero peligre, no es cierto, y me voy a remitir, voy hacer un paréntesis, esperemos un mes, dos o tres meses y si en estos 90 días el sistema financiero colapsa, tenían razón. Pero si continúa en al línea que lleva, quiere decir que era una medida politizada y queriendo no defender al consumidor por defender a los jefes”, expresó Jerez.
Durante la discusión sobre la reforma a la Ley de los Consumidores, Jerez, también manifestó que, seguirá preguntándoles a los bancos, cómo desde el 2007 al 2017 trabajaron moviendo 3.500 millones de dólares de fondos “supuestamente” ilícitos de la Albanisa S.A, que estaba sanciona. Pero “por beneficio de ellos los movieron, los usaron, se beneficiaron, y que dijo Asobanp, no dijo nada. Era un beneficio particular, estaban haciéndose millonarios y no importaba, yo no escuche a ningún diputado decir sobre el riesgo, que el país estaba en peligro, porque los bancos estaban usando dinero de empresas sancionada como era Albanisa para su beneficio particular, poniendo y exponiendo a Nicaragua a que nos pusieran en al famosa lista negra, de la que están preocupados ahora”, dijo.
Represalia al empresariado
La reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores fue presentada el 25 de enero en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional. La propuesta la formalizaron Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y la también orteguista, Loria Dixon, quien además es primera secretaria del parlamento.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen endureciendo las normas legales hacía el sector privado, con el que esta enfrentado desde la masacre contra las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018, que dejó más de 300 asesinados, y que hizo que las cámaras empresariales rompieran el modelo de diálogo y consenso que durante 11 años mantuvo con la dictadura.
Por su parte, Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Priva (Cosep), rechazó el dictamen de la reforma a la “Ley de Reforma y Adición a la Ley de Defensa de los Consumidores”, por el riesgo que conlleva de excluir a Nicaragua del Sistema Financiero Mundial y demandó a los diputados suspender el proceso de aprobación de la misma.
Rechazamos este dictamen de ley y demandamos a los diputados suspender el proceso de aprobación de la misma para evitar que nuestro país sea excluido del sistema financiero mundial y que los nicaragüenses podamos dedicarnos a trabajar para alcanzar la prosperidad. pic.twitter.com/rwbU2pScfJ
— Michael Healy Lacayo (@HealyLacayo) February 3, 2021
“Las reformas y adiciones conforme fueron dictaminadas, vendrían a promover prácticas que incitarían al lavado de dinero y nos pondría en riesgo de pasar a la ‘lista negra’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, insistió el empresariado en una nota de prensa. Asimismo, alertaron que está situación tendría graves e inmediatas consecuencias para la economía del país, por cuánto conllevaría entre otros aspectos negativos, el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias, el cierre de líneas de crédito del exterior y la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito.
“Es importante que la nación y los funcionarios públicos comprendan que con esta reforma se estaría afectando la sostenibilidad económica y financiera del país y el marco jurídico que regula la relación entre las entidad financieras y los usuarios de estos servicios. También se afectaría la seguridad y confianza en nuestro Sistema Financiero Nacional en relación con las entidades financieras internas y del sistema global, así como el acceso a los mercados internacionales y de capitales financieros necesarios para el desarrollo integral y sostenible del país”, expresan en el comunicado.
