Las mujeres peruanas que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) serán indemnizadas por el Estado.
Más de dos décadas después de que miles de mujeres fueran sometidas sin su consentimiento a ligaduras de trompas, el Estado reconoció el derecho de las víctimas a una reparación.
La indemnización fue aprobada gracias a una campaña promovida por la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).
Pariona y Demus lograron la aprobación de un nuevo texto del Plan Integral de Reparaciones (PIR), un programa para víctimas del conflicto interno que enfrentó a las fuerzas armadas con grupos armados entre 1980 y 2000.
La nueva redacción de la normativa señala que también tienen derecho a reparación por parte del Estado las víctimas de “cualquier tipo de violencia sexual”, lo que incluye a víctimas de esterilización forzosa.
No se sabe exactamente cuántas mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento. Se estima que más de 270.000 mujeres fueron sometidas a estos procedimientos ilegales en el marco del entonces llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que tuvo lugar entre 1996 y 2000.
“Al parecer fueron muchas muertes”
Fujimori promovió lo que describió como un “programa de planificación familiar”, conocido como Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica, como una medida para combatir la pobreza.
En la realidad, miles de mujeres y algunos hombres fueron sometidos a procedimientos forzosos y traumáticos, muchas veces sin anestesia.
La mayoría de las víctimas eran indígenas, de origen muy humilde y hablantes de quechua, que firmaron documentos redactados en español que ni siquiera comprendían.
Se estima que solo un 35% de las mujeres sometidas a ligaduras de trompas optaron por el procedimiento de manera informada y consentida, según dijo a la agencia EFE la antropóloga Alejandra Ballón, coordinadora y editora del libro “Memorias del caso peruano de esterilización forzada”.
Muchas mujeres padecieron severas secuelas físicas e incluso complicaciones derivadas de la cirugía que llevaron a su muerte.
No se sabe con exactitud cuántas mujeres murieron por las esterilizaciones forzadas.
“Al parecer fueron muchas muertes, solo que no se contó con la autopsia necesaria. Estamos hablando de pobladoras de escasos recursos, muchas de ellas en extrema pobreza. Una de las afectadas me contó que los cuerpos de las mujeres que morían luego de la operación las arrojaban al río”, agregó Ballón a la agencia EFE.
Las víctimas también padecieron secuelas psicológicas, y muchas de ellas fueron abandonadas por sus maridos al no poder tener hijos.
Juicio en marzo
Cerca de 2.000 mujeres denunciaron formalmente haber sido esterilizadas sin su consentimiento.
El proceso penal por las esterilizaciones contra Fujimori y sus exministros de Salud no ha avanzado significativamente a pesar de más de una década de investigaciones.
Pero está prevista para el 1 de marzo una audiencia en la que la Fiscalía deberá presentar su acusación final contra los imputados.
Fujimori ya se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Aún se desconoce el monto de las indemnizaciones, pero el reconocimiento de la necesidad de reparación es “simbólicamente muy significativo porque por fin hoy el Estado peruano considera que (la esterilización forzada) fue fue una violencia sexual cometida como parte del conflicto armado interno”, afirmó Ballón a la agencia EFE.
Para la antropóloga, “las esterilizaciones forzadas en Perú son el crimen de guerra más grave que el Estado peruano cometió contra las mujeres indígenas, nativas, y migrantes internas descendientes de pueblos originarios en el marco del conflicto armado interno”.