La Asamblea Nacional con la aprobación de reformas a la Ley 842 de defensa a los consumidores obliga a los bancos privados a establecer relaciones con personas e instituciones designadas por la OFAC. La ley nicaragüense pretende derogar las sanciones norteamericanas y dejar sin validez la orden ejecutiva 13851 de la Casa Blanca emitida en noviembre del 2018. Esta orden firmada por el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) se sustenta en el poder que le confiere la Ley 7738 International Emergency Economic Powers Act. Una provocación como esta puede ser el inicio de una nueva crisis económica, a como las anteriores desde abril 18, sin precedentes.
La pregunta es si los señores sancionados están tan desamparados que se ven obligados a exponer a la economía del país a los enormes riesgos que esta reforma implica. Los designados bien podrían delegar a personas de su confianza para trámites menores a como lo hacen muchos empresarios. Para trámites mayores de registros de propiedades por ejemplo cuentan los designados por la OFAC con facilidades especiales en las instituciones del Estado, de tal manera que no parece ser una necesidad mayor que justifique poner al país al borde de un mayor desplome económico.
Las consecuencias que trae las reformas aprobabas este 4 de febrero han sido en parte señaladas por la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp). Los banqueros advierten que el país pueda ser incluido en la lista negra del Grupo de Análisis Financiero (Gafi) y como consecuencia todos los bancos que operan en Nicaragua sean excluidos del Sistema Financiero internacional. Esta expulsión del mercado financiero cerraría las corresponsalías con bancos en el extranjero de tal manera que sería imposible realizar transferencias a bancos en el exterior, recibir remesas y poseer contratos con tarjetas de crédito, en resumen, todos los nicaragüenses y extranjeros en el territorio nacional compartirían las desventajas de las personas designadas por la OFAC. La infección viral y masiva de las sanciones convertiría a Nicaragua en una isla financiera sin las ventajas del Caribe.
El mercado financiero enfrenta además de los riesgos señalados por Asobanp la fuga de capital y las multas bancarias impuestas por la OFAC. En los dos meses posteriores a la crisis del abril 2018 salieron según informes de Funides 630 millones de dólares, para el cierre del 2018 la fuga de capital ascendió al 30 % de los depósitos en todos los bancos del país, llegando a los 1,514 millones de dólares. A finales del 2020 reportaba Funides depósitos de 4,079 millones de dólares, aún lejos de los US$5,112 que se contabilizaban antes de la crisis sociopolítica. La reforma Anti-OFAC no genera confianza, en pocas semanas se podrá medir la magnitud de la incertidumbre en millones de dólares. La capacidad de otorgar créditos se verá otra vez mermada por esta fuga.
Las multas emitidas por la OFAC a aquellas instituciones financieras que violan las prohibiciones no son proporcionales al monto de la transacción. En el año 2014 el Banco BNP Paribas pagó una multa de 8,834 millones de dólares, el 80 % de sus ganancias del periodo anterior. Los bancos que operan en Nicaragua, así como sus bancos corresponsales en el exterior, consideran muy probablemente este riesgo particular y lo ponderan con la posibilidad de continuar operando en el país.
En materia de comercio exterior además de los riesgos financieros a los que apunta Asobanp relacionados con las transferencias monetarias por exportaciones e importaciones de bienes y servicios se deben de considerar los bloqueos por nuevas sanciones comerciales. Nicaragua nunca en su historia dependió por completo en materia energética de los EE. UU., ahora sí, según el Banco Central de Nicaragua más del 70 % de los productos derivados del petróleo provienen de ese país del norte. El búnker, el diésel y la gasolina podrían dejar de llegar con solo una orden ejecutiva de la Casa Blanca para la cual las explotaciones de energía no son una materia prima, sino parte de su estrategia de seguridad nacional. El mercado laboral dependiente de las empresas del régimen de zona franca absorbe más de 100 mil empleos, estos también están en riesgo por razones de comercio exterior.
Los estrategas del Gobierno y los líderes del partido en el poder están anteponiendo los derechos económicos de una veintena de designados y un par de instituciones sancionadas frente a los intereses económicos de la nación. Con la mejor de las intenciones es imposible imaginar una estrategia económica que justifique o compense el contagio masivo de las sanciones a toda la población y el divorcio con el sistema económico y financiero internacional que implica este paso a un nuevo abismo.
El autor es economista.