La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado de Nicaragua que rinda un informe en un plazo de tres meses, en respuesta a la petición presentada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), sobre el allanamiento ilegal de las oficinas del Cenidh, la cancelación de su personería jurídica y la retardación de la justicia.
La petición inicial presentada, el 14 de mayo de 2020 por el Cenidh ante la CIDH, busca llevar a juicio al Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Nicaragua forma parte por su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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La petición tiene como eje principal responsabilizar al Estado de Nicaragua por el allanamiento ilegal de las oficinas del Cenidh y la cancelación de su personería jurídica, situación que a la fecha continúa sin respuesta. La sede del Cenidh, ubicada en la zona de la residencia del dictador Daniel Ortega, fue destruida en enero de este año.
La demanda además visibiliza las constantes agresiones y hostigamientos que vivieron los trabajadores del Cenidh tras el intento de destrucción de este organismos, razones que suscitaron el exilio de algunos activistas. Mientras, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin resolver los recursos interpuestos, dos de amparo y uno por inconstitucionalidad.
Por su parte la CIDH, notificó al Cenidh este miércoles, 10 de febrero: “cumplo con informarle que mediante nota de la fecha se ha remitido las partes pertinentes de su petición al Gobierno de Nicaragua y se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30(3) del Reglamento de la CIDH”.
🔵ÚLTIMA HORA CASO CENIDH| La @CIDH solicitó al Estado de #Nicaragua que rinda informe en un plazo de tres meses respecto de la petición presentada por miembros del @cenidh con el acompañamiento de @cejil. pic.twitter.com/8SbO14fsc3
— Cenidh (@cenidh) February 10, 2021
“Estamos un poco animados con esta información, porque prácticamente se inicia hasta cierto punto el trámite de la petición que en mayo pasado presentamos ante la CIDH en contra del Estado de Nicaragua para que la CIDH conozca todas las violaciones a los derechos humanos que se han dado con la cancelación arbitraria de la personería jurídica la destrucción, el asalto prácticamente a las instalaciones del Cenidh que fue hasta es momento la petición que presentamos”, manifestó a LA PRENSA, Vilma Núñez de Escorcia, directora del Cenidh.
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A su vez, la resolución advierte la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórrogas que exceda el plazo arriba indicado, de conformidad con el artículo 30(3) del Reglamento de la CIDH. Por lo que Núñez espera que este trámite permita tener un informe de fondo en tiempo razonado. “Además de que (la CIDH) le pide al gobierno de Nicaragua que rinda su informe dentro de tres meses, da un plazo de prorrogarse porque muchas veces la costumbre de los Estados es no contestar o pedir prorroga indefinidamente, por eso aquí la Comisión le dice de una sola vez, si acaso va a pedir o si acaso va a contestar”, señaló.
Continúan denunciando
La directora del Cenidh indicó que posteriormente a la primea demanda o petición inicial, han enviado notificación e información a la CIDH sobre todas las acciones que ha seguido haciendo el régimen de Ortega, como la instalación de rótulos y destrucción de la sede central del organismo defensor de derechos humanos. “Y estábamos por mandarle ya de nuevo las últimas acciones, que se las vamos a mandar oportunamente ya el trámite esta corriendo”, dijo Núñez.
Esta reciente notificación de la CIDH implica, según Núñez, que hay un primer examen a nivel internacional de agresión contra el derecho de asociación, contra el derecho de defender derecho y una buena preocupación por lo efectos que los derechos humanos de toda la población en general a la que como Cenidh acompaña o representa el cierre de estos espacios.
La dictadura Ortega Murillo canceló la personería jurídica de nueve ONG en diciembre de 2018, entre ellos el Cenidh. La Asamblea Nacional, institución controlada totalmente por el régimen, aplicó contra la organización la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero, señalándola sin presentar pruebas de beneficiar actos para desestabilizar el país, que es como descalifica el régimen las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018.
¿Que pasaría si el Estado no responde?
La directora del Cenidh, explicó que la falta de respuesta del Estado no detiene el trámite, ya que la Comisión Interamericana seguirá con el trámite establecido en el reglamento.
“Eso no se detiene hasta que la CIDH valore si efectivamente se han violado los derechos humanos que estamos denunciando cometidos no solamente en contra de los que fundamos el Cenidh, si no que de todos los defensores de derechos humanos que eran parte del Cenidh al momento de la destrucción”, dijo Núñez.
Sin embargo a lo que se aspira siempre en este tipo de casos dijo Núñez, es una solución amistosa, que con el régimen en el poder es imposible de pensar.
“Ya la Comisión en su resolución se puso a la orden porque eso es parte del trámite para encontrarle al caso una solución amistosa, eso significaría que el Estado se siente con nosotros y nosotros presentemos nuestra propuesta de solución amistosa que significaría para nosotros la restitución de la personería y la devolución absoluta y total de todo los bienes que nos han destruido y poner las cosas a como estaban sin ningún condicionamiento para el ejercicio de nuestro derecho de defender derechos”, manifestó la activista y defensora de derechos humanos.
No obstante, este trámite (solución amistosa) tampoco se podrá dar dice Núñez, por lo seguiría es esperar que la Comisión con el tiempo que establece el reglamento para emita el informe de fondo y lo pueda pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ahí se decida y se produzca una sentencia vinculante para el Estado de Nicaragua.
“Ahí sí tendría según la sentencia de la Corte indemnizar y reparar los daños. Pero nos estamos adelantando a los hechos, por que a lo mejor este gobierno termina primero y entonces viene un nuevo gobierno que definitivamente restablezca los derechos humanos que este gobierno ha destruido. Ese es el trámite, es largo y de paciencia, pero vamos a persistir. No vamos a dar un paso atrás”, aseguró Núñez.