La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), presentaron el informe “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua. ¿Hasta cuándo?”, resultado de una investigación de los hechos ocurridos durante el contexto de represión estatal que iniciaron en abril de 2018.
La FIDH y el Cenidh realizaron un proceso de análisis y desestimatización de la documentación acerca de los asesinatos, así como de monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua en 2019 y 2020. El informe toma en cuenta 113 casos del registro de las 328 personas asesinadas en el contexto de represión, además de valorar la realidad que enfrentaron más 500 presos políticos, más de cien mil exiliados y abordar la crisis democrática y de derechos humanos en que el régimen de Daniel Ortega mantiene al país.
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Juan Francisco Soto, vicepresidente de la FIDH, explicó que el equipo de trabajo realizó un análisis de contexto en cada caso tratado, es decir, los hechos que rodearon a cada una de las muertes, las evidencias o pruebas y el marco jurídico nacional e internacional a fin de establecer la calificación jurídica que tendría cada una de esas muertes. Además se sostuvo reuniones, entrevistas y talleres con las víctimas sobrevivientes y personas consideradas claves en el contexto.
Represión en dos tiempos y modos de operar
La directora del Cenidh, Vilma Núñez, presentó los elementos jurídicos encontrados en el análisis de los hechos que permiten establecer que las muertes ejecutadas en el contexto de la represión iniciada en abril de 2018 son ejecuciones extrajudiciales, que constituyen crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional, como lo valoró en diciembre de 2018 en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los hallazgos revelan patrones repetitivos en los cuales los actores estatales y paraestatales llevaron a cabo ataques violentos organizados de diversas índole a gran escala, de manera generalizada en numerosos localidades y regiones del país contra la población civil de forma consiente y premeditada.
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En los 113 casos analizados se pudo distinguir el despliegue de operativo diferenciados en dos ámbitos temporales: del 18 de abril al 23 de septiembre, 33 de los casos fueron ejecutados en ataques a manifestaciones, 27 en ataques a tranques, 32 en ataques localizados y 15 en ataques indiscriminado.
El segundo período, del 24 de septiembre hasta la redacción del informe, el despliegue operativo se enfocó en agredir selectivamente a opositores políticos, excarcelados y sus familias, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros. “Lo anterior permite deducir que la actuación de los agentes estatales responde a un plan orientado a controlar, neutralizar y eliminar a las personas consideradas opositoras del régimen mediante generación de un contexto de terror generalizado que hoy se mantiene vigente”, denunció la directora del Cenidh.
Patrones de violencia
Entre los patrones que revelan la práctica de ejecuciones extrajudiciales están en primer lugar la caracterización de la ciudadanía como enemigo interno. Incluyen también a un amplio sector de la población sin militancia o afinidad política alguna, los denominados autoconvocados, que se sumaron a las protestas. Estudiantes que cuestionaban los liderazgos, periodistas que informaban sobre las manifestaciones, personal de la salud que brindó asistencia médica a los manifestantes heridos, integrantes de las iglesias, personas defensoras y organizaciones de derechos humanos entre otros. “Todos fuimos considerados enemigos”, señaló Núñez.
El segundo patrón es la caracterización de las víctimas por edad, lo cual pone en evidencia que la represión estuvo orientada en contra de la población joven, principalmente en edades escolar y universitarias y sin afinidad política. 73 personas de los 113 investigados eran jóvenes y hasta niños. El tercer patrón identificado en el informe revela el carácter generalizado y sistemático de las ejecuciones extrajudiciales durante las manifestaciones.
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Estructuras y perpetradores de las muertes
Por su parte, la directora de la FIDH, Jimena Reyes, lamentó que estos crímenes de lesa humanidad permanecen en la más absoluta impunidad.
Señaló que el perfil de los perpetradores responsables de las muertes investigadas en este informe, pertenecen a tres estructuras: Dirección política e institucional, a la estructura policial y en ciertos casos a la estructura del Sistema de Salud. “Ahí se encuentran los autores intelectuales de estos crímenes, que habrían planeado el ataque contra la población civil y dado las ordenes de más alto nivel. No estamos frente a simples asesinatos”, denunció Reyes.
Dentro la estructura de dirección política señalan a Daniel Ortega, presidente de la República; Néstor Mocada Lau, secretario privado de presidencia; Óscar Salvador Mojica, ministro de transporte e infraestructura, Roberto José López Gómez, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y Bosco Castillo Cruz, Ministro de Juventud.
En cuanto a la Policía Nacional, la directora de la FIDH apuntó que esta ha sido la estructura del Estado más visible en la implementación de los planes y estrategias para asesinar a los manifestantes, personas consideradas opositoras al régimen.
Dentro del campo funcional del cargo tendrían responsabilidad: Aminta Granera Sacasa, directora de la Policía Orteguista (PO) hasta el 31 de agosto de 2018; Francisco Javier Díaz Madriz, director de la PO; Ramón Avellan, subdirector de la PO; Juan Antonio Valle Valle, jefe de la Dirección de Vigilancia y Patrullaje de la PO. Así como Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía; Fidel de Jesús Domínguez, comisionado mayor y jefe de la Policía del departamento de León y Adolfo Joel Marenco Corea, comisionado general y subdirector de la PO y jefe de investigación policial y de inteligencia política.
Reyes agregó que en el Ministerio de Salud (Minsa), se vio una fuerte tensión entre los médicos que querían salvar vidas y quienes quisieron cumplir la orden de negarle asistencia médica a los manifestantes heridos, lo que provocó la muerte de algunos de ellos.
Entre las autoridades del Minsa figuran Sonia Castro, ministra de salud hasta el 26 de junio de 2019 y ahora asesora del presidencia, y Enrique Javier Beteta, como viceministro de salud.
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“Este informe también busca denunciar la existencia de los grupos paramilitares e insistir sobre la gravedad que representa su existencia, su reclutamiento y su armamento. Algunas de esas estructuras han sido revestidas de legalidad como la Policía Voluntaria, los consejos y gabinetes de poder ciudadano, otros están incluidas dentro de las estructuras del FSLN, como la Juventud Sandinista o comité de liderazgo sandinista”, expresó Reyes.
Las defensoras de derechos humanos concluyen que Nicaragua no podrá salir de la crisis actual si los crímenes de lesa humanidad que se cometieron por el régimen Ortega Murillo permanecen en la impunidad y demandan el cese de la represión y la libertad inmediata de todos los presos políticos.
“Al Estado y al señor Ortega queremos decirle que si quiere mostrar un poco de voluntad de avanzar hacia una transición es esencial desmantelar inmediatamente las estructuras que actúan de forma coordinada en estos ataques conjuntos que he descrito”, insistió Reyes.
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Vilma Núñez, finalizó diciendo que “los familiares de las víctimas no olvidan y la justicia llegará y en libertad los presos políticos saldrán a las calles levantando nuestra bandera azul y blanco. Esta investigación es un pequeño aporte a esa lucha por la verdad, justicia, reparación y no repetición. Nos falta mucho por hacer, pero seguiremos luchando hasta lograrlo”.
La FIDH desde 1922 actúa por la defensa de los derechos humanos y actualmente federa 192 organizaciones en 112 países del globo. El Cenidh una organización miembro de la FIDH fue creada en mayo de 1990 y tiene más de 30 años en la defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua. En 2018 la Asamblea Nacional, órgano institucional controlado por la dictadura aprobó la cancelación arbitraria de su personería jurídica e incauto sus bienes. El último ataque por parte del régimen fue la destrucción parcial de las sedes del Cenidh en Managua y la transformación de sus espacios de Juigalpa en un puesto de salud.