La Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), hacen un llamado a los Estados a priorizar la salud y demás derechos humanos como base en sus planes de vacunación contra el Covid-19.

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19 la CIDH ha lanzado comunicados y resoluciones con recomendaciones a los Estados para instarlos a que basaran las medidas a tomar en la garantización y respeto de los derechos humanos, pues la misma ha afectado directamente a los grupos más vulnerables en la región, por la desigualdad que la caracteriza.

Tomando en cuenta además que América es el continente con mayor número de muertes por el virus, superando el millón, “la CIDH y su REDESCA consideran que el acceso universal a las vacunas y la inmunización extensiva contra el COVID-19, son un bien de salud pública mundial…»  Consecuentemente, todos los Estados deben tener acceso libre y rápido a vacunas seguras, de calidad, eficaces, asequibles y accesibles, para garantizar la inmunización a gran escala frente al virus como forma de prevenir, contener y detener su transmisión para poner fin a la pandemia”, se lee el comunicado de prensa emitida por la CIDH.

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Como lo han indicado los médicos a nivel mundial, para lograr tener el control de transmisión del virus se debe vacunar al menos al 70% u 80% de la población, según el comunicado de la CIDH, hasta el momento 17 Estados que cuentan con “planes concretos e informados de vacunación”, frente a un escenario de escases competencia, opacidad y dificultades de negociación para la compra de vacunas.

“En dicho contexto, resulta imprescindible que las políticas públicas y medidas relativas a la vacunación, estén centradas en la salud pública y en un enfoque integral e interdependiente de derechos humanos, en particular en los derechos a la vida, a la salud y a beneficiarse del progreso científico, con base en la mejor evidencia científica disponible y atendiendo los principios propios del enfoque de derechos humanos, a saber: igualdad y no discriminación, participación social, acceso a la justicia, acceso a la información y rendición de cuentas, como las perspectivas de género e interseccionalidad”, se expresa en el comunicado.

Estándares que se deben cumplir en planes de vacunación y cómo está Nicaragua respecto a estos

La CIDH y su REDESCA, señalan que en los planes de vacunación, además de cumplir con los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad relativos al derecho a la salud, se deben tomar en cuenta cuatro criterios fundamentales de la salud pública.

El primero es abstenerse de los tratos discriminatorios, sin embargo, en Nicaragua la discriminación en la atención médica ha sido un problema a partir de los conflictos sociopolíticos de 2018, que se agudizó con la llegada de la pandemia, violando la Constitución Política y leyes como la Ley General de la Salud y la Ley de Carrera Sanitaria.

“Previo a la pandemia tenemos antecedentes que personas opositoras  se les había negado el acceso a la salud, a atención médica, inclusive vacunación de otras enfermedades por ser opositores, ósea, se han utilizado los servicios públicos del estado, incluyendo la salud como un instrumento político, son cosas que nos preocupan mucho y que de igual manera son unas de las premisas de este comunicado de la CIDH, que todas las personas tengan acceso sin ningún tipo de discriminación”, comentó Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.

El segundo criterio es “garantizar la accesibilidad económica o asequibilidad para todas las personas, lo que implica que el acceso a las vacunas sea de forma gratuita, al menos para las personas de menores ingresos o en situación de pobreza, asegurando que el poder adquisitivo de las personas no resulte un factor que impida o privilegie su inmunización”, se lee en el comunicado de la CIDH.

Sobre este tema aún existe mucha incertidumbre, pues hasta el momento no se ha dado a conocer de un plan concreto de vacunación en el país, “con estas vacunas que estarían próximas a impartir, nos gustaría que los nicaragüenses accedan a este servicio de salud en base a todos los principios constitucionales de no discriminación, como un derecho, no como un favor político que se deba de mendigar a los que administran la salud”, indicó Guadamuz.

En tercer lugar, el Estado debe asegurar que todas las personas bajo su jurisdicción accedan físicamente a las vacunas, fortaleciendo la infraestructura de distribución.

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Las esperanzas de contar con un plan de distribución equitativo son muy pocas pues «vemos como todavía la ciudadanía nicaragüense sigue siendo objeto de medidas contradictorias, erráticas, que lesionan su derecho humano constitucional a la salud”, dij Guadamuz, quien además expresó que como colectivo defensor de derechos humanos, temen que los fondos para adquisición y distribución de vacunas que reciba el estado, sean utilizados para continuar la estrategia de propaganda política que el régimen ha implementado desde el año 2020.

El cuarto criterio que la CIDH considera vital en preparación e implementación del plan de vacunación contra el Covid-19, es garantizar el acceso a toda la información relevante sobre las vacunas.

“La Comisión, junto con su REDESCA y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE), llaman a los Estados a proveer información suficiente y con soporte científico para responder a las preocupaciones sobre las vacunas, aportando proactivamente información frente a las inquietudes ciudadanas… Asimismo, deben generar planes de promoción nacionales y regionales, que cuenten con el liderazgo de las más altas autoridades de los Estados e incluyan instituciones médicas y científicas, como también organizaciones de la sociedad civil y al periodismo profesional”, se lee en el comunicado con respecto al acceso a la información sobre las vacunas.

Sin embargo, sin duda alguna este criterio basado en el derecho de acceso a la información, ha sido de los más violentados en el país, incluso, con respecto a este tema es importante recordar el despido de médicos especialistas durante la pandemia por su negativa a apoyar la campaña de desinformación del régimen.

“En el caso de Nicaragua fue una política de estado negar la información en relación a los contagios y de igual manera, al contrario hizo una campaña de desinformación a la población nicaragüense provocando todos los conglomerados de personas, y también, en vez de cumplir la salud como una estrategia nacional de derechos humanos, también utilizó la pandemia para capitalizarse políticamente”, expresó Guadamuz.

“Lo más importante para el gobierno de Nicaragua en el marco de la pandemia ha sido la propaganda utilizada para, desarrollar las campañas contra periodistas y medios de comunicación independientes, utilizaron la pandemia para formular cargos y criminalizar al periodismo independiente en vez de dar ese acceso a la información”, agregó.