Llama la atención a algunas personas interesadas en el tema, el silencio de la OEA ante el hecho de que el régimen de Daniel Ortega no está haciendo nada para que las elecciones del 7 de noviembre puedan ser limpias, competitivas y libres.
La Asamblea General de la OEA aprobó el 22 de octubre del año pasado, la Resolución titulada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”. Y señaló el mes de mayo de 2021 como plazo para que el régimen de Daniel Ortega implemente las reformas electorales que garanticen elecciones con esos atributos democráticos.
Pero el plazo no significa que hasta en mayo de 2021 el régimen de Ortega debe comenzar el proceso de las reformas electorales. El plazo es para que en mayo ya estén aprobadas las reformas. Así habría tiempo para que se pueda cumplir normalmente el calendario electoral nacional y la OEA y otros organismos internacionales se preparen para la observación de todo el proceso, hasta que desemboque en las votaciones del 7 de noviembre y luego el escrutinio correspondiente.
Dicho con otras palabras, el plazo es para que la OEA declare si las elecciones que se van a celebrar en noviembre serán libres y justas, o no. De manera que hasta que llegue el mes de mayo, la OEA no tiene para qué dar declaraciones de ninguna clase; solo debe esperar que se cumpla el plazo, para entonces pronunciarse, a menos que surgiera alguna cuestión que haga necesario emitir un pronunciamiento oficial o hacer una declaración verbal extraoficial. Además, en estos meses hay una intensa actividad electoral en otros países del hemisferio, que sin duda están ocupando toda la atención de la OEA.
Por otra parte, no hay que olvidar que el régimen de Daniel Ortega rechazó de plano la Resolución de la Asamblea General de la OEA, del 22 de octubre de 2020. No dejó espacio para ninguna negociación con la OEA ni con nadie. Por medio de su representante, Luis Alvarado, el régimen orteguista calificó y despreció la Resolución de la Asamblea General de la OEA como “injerencista”, “inaceptable” e “inadmisible”, y declaró que no le reconocía carácter vinculante, es decir, de aplicación obligatoria. De manera que a juzgar por aquellas declaraciones, era de esperar que Ortega no haría la reforma electoral de fondo que con todo derecho demanda la OEA y con toda razón reclama la oposición de Nicaragua.
Personas debidamente informadas porque tienen acceso a la OEA, aseguran que desde octubre del año pasado no ha habido ningún contacto del régimen de Daniel Ortega con la Secretaría General del organismo hemisférico. Pero tampoco es necesario, porque el dictador de Nicaragua solo debe cumplir la Resolución de la OEA, aunque diga que para él no es vinculante.
A pesar de que ya es mediados de febrero y el tiempo corre hacia mayo, al final del plazo para la reforma electoral, Ortega todavía tiene tiempo para aprobarla. De otra manera se expone a que la OEA no reconozca validez a las elecciones de noviembre y declare ilegítimo al gobierno que surja de ellas, igual que declaró al de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque tal vez, en su irracionalidad, eso es lo que quiere el dictador de Nicaragua.