Contrario al sentir de muchos, y al pensar de otros, importa más cómo se gobierna que quién gobierna. Desde el inicio de nuestra vida republicana la discusión política se centra en personalidades y sus diferencias, en vez de la búsqueda de consensos alrededor de principios, valores e ideas.
A treinta años de la transición que empezó en 1990, los índices de libertad económica, percepción de corrupción y vigencia de derechos civiles y políticos de Nicaragua siguen entre los peores del mundo. Mejoraron entre 1990 y 1991, pero retrocedieron desde 1992. ¿Qué está pasando aquí?
La razón es que no se dio el “salto de rana” necesario para pasar a la institucionalidad democrática. Esta incluye: 1. Estado de Derecho, gobierno constitucional con separación e independencia de poderes y limitado en sus atribuciones, libertad e inclusión económica, democracia representativa e incluyente, transparencia y anticorrupción en los partidos políticos y en las instituciones del Estado; y el principio de la subsidiariedad. 2. Ciudadanos que cuentan con el reconocimiento y respaldo del Estado en el ejercicio de sus capacidades de agencia política, económica y social. Los puntos 1 y 2 van de la mano, son condiciones mutuamente indispensables.
El gobierno constitucional se asienta en la protección de los derechos humanos fundamentales a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la libertad y la propiedad privada.
La agencia política ciudadana les garantiza que son los sujetos activos del método democrático. Las personas que mayoritariamente eligen en elecciones libres, justas y transparentes son los sujetos activos del gobierno. Estos representantes de los ciudadanos obtienen el poder de decisión únicamente para los temas comprendidos en las atribuciones que la Constitución Política les delega y no se los pueden delegar a poderes fácticos nacionales o extranjeros, tampoco pueden estar al servicio de compinches políticos, ideológicos, militares o económicos.
La agencia económica se refiere a que los ciudadanos, en su calidad de agentes económicos de sus propios intereses, cuentan con el apoyo y la protección del Estado para hacer valer sus derechos contractuales y de propiedad privada y participar sin desventaja en la economía de mercado y en su relación con el Estado.
La agencia social se refiere a que todos los ciudadanos tengan acceso a bienes públicos esenciales tales como educación, programas de salud y salubridad. Las inversiones en salud y en la vacunación preventiva de todos los ciudadanos son necesarias. Estos bienes públicos traen más beneficios que su costo, de manera que son de suma positiva.
¿Qué impide la transición al paradigma de la institucionalidad democrática?
La tolerancia por la corrupción antiinstitucionalidad democrática, que es la utilización directa o indirecta del poder coercitivo del Estado o de la violencia de fuerzas irregulares para obtener privilegios incompatibles con la inclusión política, económica o social.
¿Cómo se explica esta tolerancia por un mal sistema en un país que ha tenido varias elecciones libres a lo largo de su historia?
Hasta ahora no hemos contado con un liderazgo, con brújula moral y comprometido con la institucionalidad democrática, capaz de lograr el consenso necesario para vencer las líneas rojas de la corrupción antiinstitucionalidad democrática.
La transición democrática en el caso de Nicaragua, cuando esta ocurra, va a implicar que las autoridades legítimamente elegidas no aceptarán las líneas rojas de la corrupción antiinstitucionalidad democrática, no abdicarán los derechos de decisión obtenidos mediante el método democrático a favor de ningún poder fáctico, y que las autoridades salientes entregarán realmente el poder.
La evidencia empírica demuestra de manera contundente que la economía de mercado, la democracia representativa, la inclusión ciudadana y el Estado de Derecho son fuentes de crecimiento económico, y en cambio, el despotismo, la ausencia de normas, la rapiña y la corrupción antiinstitucionalidad democrática son fuentes de atraso, pobreza, emigraciones masivas forzadas, represión y guerras civiles.
Para que los próximos treinta años sean de inclusión ciudadana e institucionalidad democrática, necesitamos consensos y esto requiere visión y liderazgo. Es infantil suponer que esto se suplanta con lugares comunes que ignoran obstáculos. Además, es necesario despertar a la mayoría liberal y conservadora para que voten el 7 de noviembre.
El autor es economista, autor del libro Los 7 Elementos Claves de la Democracia