En las últimas semanas, Rosario Murillo, la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, se ha dedicado a injuriar a la familia Chamorro, llegando al colmo de ultrajar la gestión de la expresidenta Violeta Chamorro (1990-1997), a quien el propio pueblo la ha bautizado como la Madre de la Democracia Nicaragüense.
Yo reto a Daniel Ortega y a Rosario Murillo a un debate, los dos contra esta ciudadana para defender la dignidad de mi madre y el legado de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Les insto a dar la cara con amplia apertura a la prensa, oficialista e independiente, nacional e internacional, y que la ciudadanía juzgue quién dice la verdad y quién miente.
Murillo, con sus improperios en contra del gobierno de doña Violeta abusa de su silencio y se aprovecha de que no está en condiciones para defenderse.
No soporta el recuerdo de una mujer que hace 31 años, sentada en silla de ruedas, sin armas ni partido, motivó al pueblo de Nicaragua a votar en las urnas. Le martiriza que mi madre, con su autoridad moral y junto a la mayoría de nicaragüenses, puso fin a la guerra y al cruel Servicio Militar que llevó a la muerte a miles de jóvenes, enlutando a sus familias. La expresidenta Violeta Chamorro cumplió recientemente 91 años y está postrada en su cama, delicada de salud, con su conciencia tranquila porque su herencia es la paz y la concordia.
Tiene muchas razones para estar satisfecha del deber cumplido. Durante su gobierno impulsó una difícil triple transición: de la guerra a la paz, del autoritarismo a la democracia, y de una economía centralizada a una economía de mercado. Sentó las bases de la institucionalidad democrática y del desarrollo económico, estableció una política de austeridad, dio apertura irrestricta a todas las libertades públicas y respetó los derechos humanos. Desde que terminó su período de gobierno democrático y pacifista, el noble pueblo de Nicaragua le otorgó un lugar privilegiado en la historia.
Doña Violeta es símbolo de honradez y rectitud en el servicio público. Todo el mundo sabe dónde es su casa, la misma de siempre. Nunca confundió al Estado con sus intereses personales, ni ella ni su familia se enriquecieron a costa de un país empobrecido que requiere de la cooperación internacional. Tampoco utilizó a la Policía o al sistema de justicia para perseguir y agredir a sus adversarios. Ni se escondió, más bien estableció una política de puertas abiertas a la prensa independiente y entregó el Gobierno, apegada a la Constitución Política y las leyes.
Por el contrario, Ortega y Murillo lo han destruido todo. Los últimos catorce años han sido de restricciones democráticas, más pobreza, desempleo y desesperanza. Han montado un sistema represivo jamás visto en décadas.
Volvieron a suprimir las libertades públicas, a llenar las cárceles de presos políticos, forzar a miles al exilio, y la CIDH, en su informe del 2018, les señaló la existencia de crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados.
Todo por intentar eternizarse en el poder, como lo pretendió hacer Somoza y el pueblo unido se lo impidió en 1979.
Murillo se equivoca rotundamente al creer que con atacar al gobierno de doña Violeta nos va a intimidar. Su burda política de comunicación en contra de la primera mujer presidenta de Nicaragua no tiene efectividad y no exime a su marido ante el pueblo, ni le limpia el pecado político e histórico de utilizar los recursos de los nicaragüenses y el fraude para reelegirse ilegalmente.
Ortega está derrotado. Sabe que en elecciones libres y transparentes, con observación nacional e internacional y con un Consejo Supremo Electoral con credenciales de honestidad, el pueblo unido, otra vez triunfaría, como lo hizo hace 31 años. La vicepresidenta designada debería reflexionar y dejar de atropellar la dignidad de doña Violeta Chamorro.
En su defensa, yo reto a Daniel Ortega y Rosario Murillo a un debate público, con la cara de frente al pueblo como lo hizo siempre mi padre y mi madre y lo hacemos en la familia Chamorro.
La autora es periodista. Fue directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual tuvo que cerrar operaciones por las leyes represivas contra la libertad de expresión y de organización social, dictadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.