A tan solo nueve meses de que se realicen comicios generales para elegir gobernante en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega continúa sin dar señales de querer realizar reformas electorales que garanticen unas elecciones justas y libres en el país, en un contexto de represión y asedio contra la oposición nicaragüense.
Los opositores José Antonio Pallais, miembro de la Coalición Nacional, y Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), así como el politólogo José Antonio Peraza, miembro del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), coincidieron en que para garantizar un proceso electoral creíble se deben realizar de forma indispensable al menos seis reformas en el sistema electoral.
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Entre las reformas más importantes que se deben realizar al sistema electoral están la regulación y depuración del padrón electoral, garantizar la observación nacional e internacional, garantizar procedimientos para todos los recursos de impugnación, exigir la publicación de los resultados en tiempo real en la web del Consejo Supremo Electoral, hacer cambios de magistrados del Poder Electoral y sus estructuras, y reformar el artículo 80 de la Ley 331, que permita las alianzas electorales entre partidos y organizaciones de la sociedad civil.
«Nosotros no hemos especulado cuáles de estos cambios va a aceptar Ortega o no, creemos que no tiene sentido porque hemos definido cuáles son los temas que consideramos indispensables para que las elecciones puedan ser transparentes y bajo calidad democrática», mencionó Pallais.
En esa misma línea, Granera fue contundente al asegurar que Ortega no será capaz de aceptar ninguna de estas reformas electorales «porque no hay ninguna señal», pero insistió en que la unidad entre los grupos opositores puede garantizarles más fuerza para obligar a que Ortega ceda en estos cambios y que el apoyo internacional tenga mayores efectos.
Por su parte, Peraza considera que aunque Ortega no esté dispuesto a realizar estas reformas, todas las mencionadas tienen que ser indispensables, pero señaló que en el caso del cambio de magistrados del CSE existe la posibilidad de negociarlo con el régimen.
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«Lo que podemos diferenciar es la intensidad con que se van a aplicar estas reformas, lo que se puede negociar es cuántos magistrados van a cambiarse, cuál es el nivel de despartidización del Consejo, pero en general si no hay observación, si no hay fiscalización, si no hay revisión de ese padrón, si no hay revisión en los procedimientos para la publicación de los resultados, sin eso no se pueden hacer elecciones», aclaró.
¿Habrá cambios de magistrados del CSE?
En cuanto al tema del cambio de los magistrados del CSE, tanto Peraza como Granera consideran que estos deben de realizarse de manera aleatoria, pero además garantizar los requisitos de elegibilidad de estos.
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«O sea, qué tipo de personas deben llegar ahí, cuáles son los procedimientos y requisitos para que lleguen; ahora, no creo que el orteguismo vaya a poner personas desvinculadas partidariamente, entonces la gran discusión es ¿cuántos magistrados le tocará escoger o por lo menos seleccionar a la oposición?», señaló Peraza.
Granera considera que de darse este cambio de magistrados, se debe garantizar que sean jueces imparciales, «que sean personas honorables que no estén en la competencia electoral y que no tengamos el problema de que estos funcionarios públicos estén al servicio de ningún partido».
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Pallais agregó que el cambio de magistrados tiene que darse sin concesiones y que como oposición deben exigir «un cambio profundo en las autoridades del Consejo Supremo Electoral porque al final todos los que están ahí son fieles seguidores del partido de Gobierno, entonces no hay ningún elemento que avale la independencia y el profesionalismo».
El plazo de la OEA
El pasado 21 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de una resolución denominada “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas”, estableció mayo de 2021 como plazo para que el régimen orteguista reforme el sistema electoral y de esta forma garantice la celebración de elecciones transparentes.
No obstante, aunque todavía hay tiempo para que estos cambios se realicen, los opositores consultados consideran que el tiempo se está agotando para el régimen que se suma a la falta de voluntad política.
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Para Peraza, al régimen le quedan poco más de tres meses para establecer cambios dentro del sistema electoral. «Hay que entrarle al tema de las reformas, y ya no hay tiempo porque ya estamos a mitad de febrero y quiere decir que nos queda febrero, marzo, abril y mayo para resolver todo eso; o se hace o no se hace», manifestó Peraza.
En esa misma línea, Granera considera que aunque todavía pueden darse estos cambios, el que tiene un plazo fatal es Ortega «porque la comunidad internacional necesita seis meses para preparar todo para la observación electoral y por eso la OEA fijó mayo como fecha tope para que Ortega haga todos esos cambios».
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El pasado 22 de diciembre, el asesor presidencial en temas económicos, Bayardo Arce, aseguró que la negociación de las reformas electorales entre el régimen y la oposición iniciará hasta en mayo de 2021.
Y pese a que la fecha coincide con el plazo estipulado por la OEA, Arce aseveró que «será en el mes de mayo, no porque lo diga la OEA, sino porque son los plazos normales de un proceso electoral». No obstante, hasta la fecha, no se ha dado ninguna señal de estas negociaciones.
Pallais aclaró que el plazo fijado por la OEA a finales de mayo no es para que el régimen empiece a realizar los cambios al sistema electoral, sino que «el 30 de mayo debe estar concluido todos los procesos de cambio de reformas para que la OEA pueda valorar los avances o retrocesos».
«Nosotros al final cuando se aprueben vamos a valorar si las reformas son suficientemente garantías del voto ciudadano. Si lo garantiza vamos a participar, si no los garantiza no participamos», agregó Pallais.
Deben haber condiciones habilitantes
Más allá de las reformas que los miembros de la oposición exigen para poder participar en los comicios del 7 de noviembre próximo, también puntualizaron una serie de condiciones habilitantes sin las cuales no podrían realizarse elecciones.
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«Además de las reformas, que son muy importantes, no podemos dejar de un lado exigir la restitución de los derechos y garantías ciudadanas, la libertad de organización, de reunión, libertad de manifestación, derogación de las leyes represivas y por supuesto, la liberación de todos los presos políticos «, detalló Pallais.
En esa misma línea, el miembro del GPRE agregó que sin libertades no es posible hacer un proceso electoral. «Tenemos que procurar la liberación de todos los presos políticos y el regreso seguro de todos los exiliados, porque además no podemos ir a elecciones con la Policía persiguiendo a los candidatos y los ciudadanos», argumentó.
Asimismo, Granera valoró que como una forma de tener mayor credibilidad en este proceso electoral que se avecina el régimen debe permitir el ingreso de organismos de derechos humanos internacionales «para que aseguren el ambiente de seguridad ciudadana», aunque aclaró que no hay voluntad política del régimen para cumplirlas.