La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG denunció que el personal de las organizaciones no gubernamentales (ONG) está siendo sometido a un “estado de tensión permanente ante la amenaza de una muerte civil”, debido a la aplicación de la Ley Agentes Extranjeros (Ley 1040), llamada por los críticos “Ley Putin” por su similitud con una ley aprobada por el presidente ruso, Vladimir Putín.
Según la denuncia de la red de organizaciones, el Ministerio de Gobernación (Migob) retrasa el proceso de inscripción de las ONG como “agentes extranjeros”, que es un requisito de la Ley 1040 para que sigan funcionando como tal. En consecuencias, las ONG están teniendo dificultades para recibir cooperación externa a través de la banca privada.
“Algunos bancos privados ponen obstáculos a la apertura de cuentas para la ejecución de proyectos, ya que el Migob no entrega las certificaciones requeridas, pese a que las organizaciones llegan a rendir cuenta y brindar la documentación solicitada”, denunció la Plataforma a través de un pronunciamiento divulgado el domingo 14 de febrero.
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Asimsimo, la Plataforma Nicaragüense se quejó de que “la normativa de esa Ley es más amplia que la propia ley, otorgando más facultades al Ministerio de Gobernación (Migob), convirtiéndolo en un ‘supraente gubernamental’, en un aparato de control y castigo contra las personas jurídicas sin fines de lucro en Nicaragua, consideradas como opositoras del gobierno”.
“En el marco de la ejecución de la normativa de Agentes Extranjeros el Migob coordina los ataques de las alcaldías, la dirección general de ingresos, el Ministerio del Trabajo, el instituto de Seguridad Social y otras instancias gubernamentales contra las ONG, sometiendo al personal de estas organizaciones a un estado de tensión permanente ante la amenaza de una muerte civil”, agrega el pronunciamiento.
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La red de ONG hizo un “llamado a las organizaciones donantes para que no se sumen a la aplicación de esta ley, exigiendo a las organizaciones su cumplimiento”. A la vez, se solidarizaron con el personal de algunas organizaciones ”que viéndose contra la espada y la pared, tienen que registrarse como agentes extranjeros”.
“Todo lo anterior evidencia que para el régimen represor cualquier espacio no propio, toda persona que no milita en sus filas, es sospechosa de delinquir la Ley 104 legaliza este estado de persecución y es autoincriminatoria todo lo actuado por las organizaciones y ciudadanía crítica u opositora, es sujeto de investigación. El principio de presunción de inocencia queda anulado. Y una vez víctima de esta ley, no hay derecho a la defensa”, manifiesta el escrito.
La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, conformada por seis redes y cien organizaciones no gubernamentales, además se sumó al llamado público a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que resuelva los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley Putin, que han presentado diversas organizaciones no gubernamentales, que rechazan nuestra membresía y personas aliadas, el 9 de diciembre de 2020, dentro del plazo legal establecido del nueve de marzo.
La “Ley Putin” fue aprobada el pasado 15 de octubre por los diputados del régimen de Daniel Ortega y entró en vigencia el pasado 19 de octubre. Tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y los acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación, lo que es considerado una violación al artículo 34 de la Constitución Política, que establece el derecho a la presunción de inocencia.
