Mediante el Acuerdo Presidencial 40-2021, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo separó del cargo a Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, como encargado de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) durante la ausencia del ministro y viceministro y otros 15 cargos más que ocupaba.
Mediante el acuerdo, publicado hoy en la Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, la separación del funcionario se hará efectiva a partir del 1 de marzo de este año. Y es que Jaentschke Whitaker era un político “multiorquesta”, ya que el régimen lo usó para cumplir funciones en 16 cargos. Los nombramientos los recibió desde el 2008 al 2019.
Además, el exfuncionario orteguista fue separado de lo siguientes cargos: como miembro del Gabinete Económico Financiero, en representación del Minrex; como viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe; como representante de Nicaragua ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC); como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante los países de: Belice, la Federación de San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Haití, Trinidad y Tobago, Mancomunidad de Dominica; como representante plenipotenciario ante la Comunidad del Caribe (Caricom); como ministro secretario para el Desarrollo de la Costa Caribe sin goce de salario y como ministro asesor de la Presidencia para las Relaciones Internacionales y con el Gran Caribe.
En 2019, Ortega reformó a través de un decreto el reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo para inventar el cargo de Ministro Asesor para las Relaciones Internacionales y con el Gran Caribe y otorgárselo a uno de sus más acérrimos defensores ante la comunidad internacional hasta ese momento: Jaentschke. El apoyo del dictador hacia el destituido era tan amplio que nombró a su esposa, Anasha Campbell como codirectora general y administrativa del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur.
Jaentschke desde sus diversos cargos dirigió la estrategia asignada por el régimen para los países del Caribe y los resultados fueron que la mayoría de las islas se abstuvieran en las votaciones de las resoluciones de las sesiones del Consejo Permanente de la OEA cuando se analizaba la crisis de Nicaragua, provocando que en ese foro no se alcanzara una votación contundente contra el régimen Ortega.
Mientras el régimen realizó este anuncio, LA PRENSA conoció extraoficialmente que el presidente interino del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell, quien es uno de los operadores políticos principales del orteguismo y también está sancionado por Estados Unidos por su rol en los fraudes electorales que han perpetuado a Ortega en el poder, estaría siendo atendido en un hospital de Panamá, donde tiene que estar viajando constantemente para atenderse una grave enfermedad.
Ilegal e inmoral
El analista político, Eliseo Núñez, dijo que es costumbre del régimen de Ortega retirar a sus funcionarios de los cargos sin dar explicaciones al pueblo. Consideró que el dictador carece de una estrategia política y realiza estos movimientos solo por capricho.
“Una de las opciones de la destitución de Valdrack puede ser el capricho del día a día de los dictadores, otra puede ser la pérdida de confianza, la última razón por la que quitan a un funcionario es por ineficiente. Tal vez porque violentó algún parámetro partidario”, consideró Núñez.
Sobre el primer cargo que poseía Jaentschke, El analista explicó que era ilegal. “Los funcionarios tenemos lo que se llama un espejo legal en el ámbito de las funciones. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, pero el funcionario puede hacer solo lo que la ley le indique, entonces en este caso el vacío legal no te habilita para que te nombren en un cargo que no existe, porque no sos un ciudadano común que como hay un vacío lo podés llenar con la voluntad propia, en este caso es lo contrario. Él estaba en un cargo que no existe y según el artículo 130 (de la Constitución Política) solo puede hacer lo que la ley le manda”, cuestionó.
Mauricio Díaz, experto en derecho internacional, sobre los múltiples cargos que ocupaba Valdrack considera que “aquí no se trata de un problema de ilegalidad porque aquí la ley la ajusta a cualquier cosa, es un problema de inmoralidad, así de simple, aunque no sé las razones porque no puedo especular, pero esa es una irresponsabilidad supina que una persona tenga a su cargo semejante paquete. Seguramente ha sido muy eficiente en la gestión de los votos caribeños que han estado cohesionados en la OEA (Organización de Estados Americanos) y que le han complicado a Nicaragua llegar a pretender la aplicación del artículo 21 de la Carta Interamericana”.
Díaz dijo que es ilógico que Jaentschke tuviera muchos cargos, ya que la lógica indica que entre más funciones tiene un funcionario público, entonces será menos eficiente. Dice que le llama la atención que lo despojaron de todo y “no tengo ni idea si el régimen lo va a ubicar en otro puesto o lo va a apartar, como aquí todo lo manejan en secreto y sin ninguna transparencia. Es un poco al caso de (Francisco) Bautista Lara (Exembajador de Nicaragua ante el Vaticano) que no sabemos porqué lo quitaron y si lo van a ubicar en otro lado, habrá que esperar. En un país normal el funcionario tendría que dar una explicación al pueblo, pues, que es soberano y aquí dicen que es Presidente”.
Repetía el discurso oficial
Se desconoce los motivos que llevaron a la dictadura a separar de los 16 cargos a Jaentschke, lo que si se conoce es que este funcionario orteguista repetía fielmente el discurso del régimen en los foros internacionales. El pasado 11 de septiembre de 2019, Jaentschke planteó el discurso presidencial frente a miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, luego que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara un informe de violaciones a los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses por parte de la dictadura Ortega-Murillo.
El ahora exfuncionario planteó 10 mentiras en relación a la crisis política y social de Nicaragua. Por ejemplo, sobre la supuesta restricción del derecho a la reunión pacífica por parte de la Policía, afirmó que esa institución no las había prohibido. También aseguró que “en Nicaragua existe plena libertad de expresión y asociación. Los periodistas ejercen sus labores sin censura previa, ni restricción. Ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho a informar”, entre otras. Decenas de periodistas han tenido que huir del país por la represión del régimen, otros han sido encarcelados y procesados judicialmente por delitos inventados.
El pasado 12 de febrero de este año, a través del Acuerdo Presidencial 30-2021, publicado en La Gaceta, el régimen de Daniel Ortega oficializó el retiro de Francisco Javier Bautista Lara del cargo de embajador de Nicaragua ante la Santa Sede. Desempeñó ese cargo por tan solo cinco meses, tras asumirlo en septiembre de 2020, en sustitución de Karol Paguagua Estrada, quien pasó fugazmente por el puesto dos meses. Se desconoce los motivos del retiro y si el comisionado general en retiro será ubicado en otro puesto público.