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Nicaragua, derechos humanos 2020

Nicaragua desconoce informe de la ONU sobre violaciones a derechos humanos. LA PRENSA

Nicaragua arremete nuevamente contra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Durante la presentación del informe sobre la situación de intimidaciones y amenazas que se vive en Nicaragua, la representante del país llamó “desacreditado, deslucido y desfigurado” al Consejo

El régimen de Daniel Ortega arremetió una vez más contra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este jueves, al rechazar el informe presentado sobre la situación de intimidaciones y amenazas que se vive en Nicaragua. La dictadura acusó de manipular los derechos humanos y llamó “desacreditado, deslucido y desfigurado” al Consejo de Derechos Humanos.

Wendy Carolina Morales Urbina, representante de Nicaragua afirmó que el gobierno rechaza en lo absoluto el informe por considerarlo “unilateral, parcializado, carente de objetividad”. “Todo lo cual confirma la politización y manipulación de los derechos humanos en este momento de la historia”, dijo. Esta es la reacción oficial que ha tenido el país desde 2018, cuando los organismos internacionales hacen resumen de las violaciones a los derechos humanos y las libertades civiles por parte del régimen.

Indicó que, sumado a la manipulación de derechos humanos, están las voces “desnaturalizadas de los imperios”, y denunció el reporte como una “agresión”, que se une a la cadena de “agresiones imperiales”.

“Debe someterse a imparcial revisión el funcionamiento de estos organismos que han perdido independencia u objetividad y continúan sirviendo como caja de resonancia de los apetitos y voracidades que fundamentan la agenda política interventora e invasora con que hoy se definen y caracterizan las prácticas expansionistas en términos de dominio político y asfixia económica impuestas por las potencias imperiales, coloniales y neocoloniales”, afirmó.

Aumento de las violaciones a los derechos

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que la crisis política y de derechos fundamentales en Nicaragua, iniciada en el 2018, ha sido exacerbada por los daños causados por la pandemia del Covid-19, como por los huracanes Eta y Iota.

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Describió el panorama de los derechos humanos en Nicaragua detallando que el 7 de noviembre se tendrán elecciones generales, que se han dado aprobaciones de leyes que son un claro ejemplo de la “restricción del espacio cívico y democrático.

Del informe destacó el reporte de 217 casos de acoso, intimidaciones y amenazas de parte de la policía o elementos pro gubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres

Así como, 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores.

Indicó que continuaron las detenciones arbitrarias y que hay más de cien personas privadas de libertad por razones políticas.

Con todo esto resumió que hay un “balance deficiente de implementación de recomendaciones” que se le han dado a Nicaragua en el tema de derechos humanos.

Países preocupados por situación de Nicaragua

De las 29 intervenciones de delegaciones, nueve mostraron su respaldo a la posición del régimen orteguista de que el informe era parcializado, injerencista o que no contaba con el apoyo de Nicaragua. Estos países fueron: Rusia, Venezuela, Cuba, Corea, Irán, Bielorrusia, Siria, Eritrea y Sri Lanka.

Sin embargo la mayoría del resto de intervenciones se mostraron preocupados por la aprobación de leyes que violentan los derechos humanos de los nicaragüenses, por la necesidad de elecciones libres y transparentes, por la necesidad de que Nicaragua deje entrar a miembros de la oficina de la Alta Comisionada.

De las violaciones a derechos humanos que más preocupan a los países se encuentran las afectaciones a la libertad de expresión, de información, de participación ya los derechos de sectores vulnerables como las comunidades indígenas.

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Aurora Díaz Rato, representante de España, por ejemplo, se mostró preocupada porque el gobierno no muestra interés en esclarecer los hechos ocurridos en 2018 y Georgia se mostró alarmada por los niveles de violencia y la no aceptación del estado de las responsabilidades que le corresponden por las violaciones a los derechos humanos.

“Compartimos la preocupación de que el gobierno siga protegiendo a funcionarios, fuerzas de seguridad y grupos armados que han cometido abusos de derechos humanos, no los investigan, ni los enjuician. Esa represión de manifestaciones pacíficas, contra manifestantes es algo que debe cesar”, remarcó Sean García, representante de Estados Unidos.

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