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LA PRENSA/CORTESÍA

Preso político que fue parte de la línea guerrilleros de Camilo Ortega, lleva más de un mes esperando atención médica

Hasta junio del 2018, Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado era uno de los concejales de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional

Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado, de 54 años, preso político de la ciudad de Masaya, lleva más de un mes exigiendo a las autoridades del Sistema Penitenciario de Tipitapa que se le brinde atención médica por severos problemas estomacales y otras dolencias que están vinculadas a la golpiza que le propinaron el pasado 13 de enero, cuando fue detenido violentamente por oficiales de la Policía Orteguista (PO).

La denuncia la interpuso su esposa Noelia Cano Espinoza, quien asegura que Gutiérrez —conocido como Tikay— “fue crucificado y pateado al momento en que llegaron a secuestrarlo a la casa que estaba alquilando y producto de la golpiza se le inflamó el estómago, desde ese día presenta fuertes dolores estomacales y hasta fiebre le ha dado, pero no permiten que un médico lo examine”, refirió.

Hasta junio del 2018, Gutiérrez era parte de los concejales de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tras ser electo en los comicios municipales del 2017 a través de una alianza que estableció el partido rojo y negro con la Resistencia Nicaragüense (PRN) al cual él pertenece.

Pero luego Gutiérrez fue destituido de su cargo por negarse a reprimir a los jóvenes que a partir de abril del 2018 salieron a protestar en esta ciudad contra el régimen de Daniel Ortega. Luego de ser capturado, el Ministerio Público lo acusó por tráfico de estupefacientes y portación ilegal de armas de fuego.

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Como parte de la represalia, el 1 de marzo, con la versión de oficiales de la Policía, la juez Fátima Rosales González, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua, lo declaró culpable de ambos delitos.

Aunque la juez orteguista aún no había dado a conocer la sentencia condenatoria que sería impuesta al preso político, en el debate de pena el fiscal Luis Carlos Mongalo solicitó 16 años de cárcel.

Otro caso de contradicciones

Por su parte, el defensor de presos políticos Julio Montenegro, solicitó la pena mínima “sin por ello estimar de que es responsable de los hechos”, aclaró tras manifestar que Ernesto Gutiérrez fue condenado pese a las contradicciones de los testigos.

Desde el 13 de enero a Gutiérrez solo le han permitido una visita, “y no sabemos por qué no permiten que un médico ingrese a examinarlo. También desconocemos totalmente su estado de salud y el gran temor que tenemos es que durante la golpiza que le propinaron haya resultado con daños en fracturas que tiene de vieja data”, explicó la esposa. Noelia Cano Espinoza también fue electa como concejal suplente por el FSLN de Masaya, pero al igual que su esposo fue separada de su cargo en junio del 2018.

En el juicio el exconcejal declaró su inocencia, dijo que fue injustamente apresado y acusado porque en reuniones extraordinarias internas protestó al entonces alcalde de Masaya Orlando Noguera (q.e.p.d.), porque las autoridades asesinaron a un sobrino, el adolescente que murió el 2 de junio del 2018 durante un ataque de policías y paramilitares que se registró en el sector de San Miguel.

“Desde ese entonces ellos lo tomaron a mal, como traición”, explicó el preso político, tras confirmar que el asesinato de su sobrino lo llevó a protestar, le quisieron impedir ir a la vela, pero que él impuso su voluntad. Luego llegó la destitución de su cargo como concejal.

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Ernesto Gutiérrez también fue parte de los guerrilleros que combatieron junto a Camilo Ortega contra la dictadura de Somoza y que durante las protestas antigubernamentales del 2018, el presidente del PRN, Julio César Blandón —conocido como comandante Kalimán—, lo llamó para decirle que se presentara con 60 hombres para defender al comisionado Ramón Avellán, pero después les manifestaron que mejor se retirara.

Demandan atención médica emocional

En el juicio, Montenegro solicitó a la judicial que se valore el estado de salud del exconcejal y el 2 de marzo la juez ordenó al director de Medicina Legal que un médico forense determine el estado de salud de Gutiérrez.

“Desconozco si ya fue valorado por el médico forense, porque se nos tendría que estar notificando, pero durante las etapas de juicio hemos insistido en que se le brinde atención médica, sin embargo esa petición no la han resuelto y es parte de una constancia en el caso de los presos políticos”, afirmó Montenegro.

Aseguró que generalmente están solicitando que se gire oficios al Sistema Penitenciario para que brinden atención médica inmediata a los presos, pero que estos reciben un tratamiento básico y que los resultados de las valoraciones casi nunca coinciden con las dolencias que manifiestan los reos, Muchos requieren ser atendidos por especialistas, agrega.

La esposa del exconcejal exigió la liberación de Gutiérrez y a la vez espera “que se le permita a la Cruz Roja Internacional entrevistar y valorar la salud de mi esposo ya que también padece de hígado graso y la lucha por ver a Nicaragua libre no es para que se ensañen en contra de la salud de él”, concluyó Cano.

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