Mientras el Gobierno continúa oído sordo a los problemas que aquejan al sector privado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) volvió este jueves a reclamar por el impacto de la Ley de Concertación Tributaria (Ley 987), la falta de Estado de derecho e institucionalidad y la urgencia de lograr un acuerdo como nación para recuperar el crecimiento sostenido.
El Cosep insistió, a través de un comunicado, que es prioridad conocer y evaluar los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de la reforma a dicha ley, un ajuste fiscal que fue aplicado en el 2019 y que el régimen de Daniel Ortega se ha negado a revisar en conjunto con el sector privado, pese a que la ley misma establece ese mecanismo.
Además señala que se debe discutir y acordar las medidas de ajustes que permitan mejorar su implementación, superar posibles dificultades y corregir distorsiones que se han presentado a raíz de la forma. En la misiva apuntan que se hace necesaria su petición a fin de promover el rápido crecimiento del sector productivo empresarial y garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad del sistema tributario.
Los empresarios reiteran que el deterioro social y económico experimentado desde abril del 2018 por la crisis sociopolítica, exige un acuerdo de nación que implique reformas electorales y la recuperación de la institucionalidad de democrática.
Los cambios fiscales que urgen
Sobre la reforma fiscal, los empresarios piden de urgencia que se reduzcan en general las alícuotas del Pago Mínimo Definitivo del IR, para atenuar sus efectos descapitalizadores, confiscatorios y socioeconómicos, tomando en cuenta la realidad de los sectores económicos afectados por tres años de recesión. Argumentan que esto es necesario porque el Pago Mínimo Definitivo (PMD) a cuenta del IR Anual que se incrementó al dos por ciento para las medianas empresas y tres por ciento para las grandes.
“Esto combinado con el incremento de las cotizaciones del INSS, generaron en las empresas un efecto confiscatorio al gravar su patrimonio, descapitalizándolas gradualmente y que podría llevarlas a la insolvencia y a una eventual quiebra forzosa que generaría aún más desempleo”, advierte Cosep.
En segundo lugar demandan restituir las exenciones, revisar exoneraciones relacionadas a la producción de los bienes exentos, en particular la de los bienes de la canasta básica, para mejorar la capacidad de compra de las personas de más bajos ingresos.
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Anotan que la falta de exenciones los empuja a la pérdida de competitividad de la agroindustria. Al gravar con el Impuesto Selectivo al Consumidor (ISC) y Derechos Arancelarios de Importación (DAI) varios productos de las importaciones y compras locales de bienes de capital, bienes intermedios, equipos, partes, repuestos y accesorios, materia prima e insumos, aumentaron los costos de producción para la industria agroexportadora, así como los productores agropecuarios y de la micro y pequeña empresa industrial, manifiesta el documento.
Asimismo, mencionan como efecto de este ajuste una merma en los márgenes de ganancia, disminuyeron las áreas cultivadas y con
ello deterioraron la productividad y competitividad de la industria en el mercado internacional.
Aumentar el techo de la renta del trabajo
En tercer lugar, piden ajustar el monto mínimo exento del IR de rentas del trabajo al costo anual de la canasta
básica, para proteger el salario de los trabajadores y estimular un mayor nivel de consumo para contribuir a reducir la pobreza. Esto indica que se aumente ese techo de 8,333 córdobas actualmente, para establecer un nuevo pago de impuestos por salarios percibidos.
Cosep expresa como cuarto punto, que se tiene que revisar las altas alícuotas de retenciones que afectan los pagos de bienes y servicios provenientes del extranjero para no afectar la rentabilidad, continuidad operativa y competitividad de las empresas.
En quinto lugar observan que urge rectificar la base imponible en Aduanas de los bienes importados y gravados con ISC e IVA , tales como bebidas gaseosas, vinos, licores y otros bienes finales de consumo masivo. Manifiestan que esta medida de revisión conllevaría como efecto positivo, una reducción del contrabando y mayor recaudación.
La sexta solicitud señala que hay que restituir los plazos que fueron reducidos para las declaraciones de impuestos y así mejorar la deteriorada liquidez de los contribuyentes.
En la séptima demanda anotan que es preciso frenar el acoso y represión fiscal realizado por medio de auditorías de campo y el cierre arbitrario de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET).
Respeto a seguridad jurídica
En la octava petición exigen el respeto a las resoluciones de las autoridades judiciales e instancias administrativas superiores; así como el respeto a los procedimientos administrativos determinados en la legislación tributaria nacional, municipal y aduanera vigente, con el fin de asegurar el debido proceso, la transparencia y evitar las actuaciones arbitrarias en la aplicación e interpretación de la ley.
Respeto los derechos del contribuyente en materia de devoluciones y compensaciones, es la novena demanda. Finalmente como décima solicitud anotan que se debe mantener exceptuado del Impuesto de Pago Mínimo Definitivo a las actividades económicas sujetas a precios de venta regulados o controlados por el Estado.
El único pronunciamiento del Estado ante esta reforma es el que planteó en diciembre pasado el asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce. “Ya en enero buscaremos cómo sentarnos con los sectores empresariales verdaderamente interesados en la reactivación en la creación de empleo, para revisar política económica. El anticipo (de la Ley de Concertación Tributaria), ese es el punto de mayor demanda de revisión que hemos tenido, y obviamente se tendrá que poner en un tapete de discusión con los que quieran discutir”, expresó en entrevista para el Canal 14 Vos TV.
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