Desde el 2018 en Nicaragua el poder judicial ha implementado dos mecanismos de trabajo que se evidencian con dos sentencias recientes: deja en libertad al pistolero de Estelí que mató a sangre fría a un opositor el pasado noviembre por el simple hecho de gritar «Viva Nicaragua Libre», pero condena a cuatro años de prisión al abogado Manuel Urbina Lara, quien involuntariamente se vio involucrado en un accidente de tránsito donde perdió la vida una persona que viajaba en su camioneta al raid.
El contraste entre estos dos casos refleja la «instrumentalización, corrupción y politización» con la que actúan los magistrados y jueces del poder judicial en el país, manifiestan abogados y defensores de derechos humanos. Si bien no se puede determinar la inocencia de Urbina Lara, lo cierto es que se le está «violentando el derecho al debido proceso», explican los expertos.
El pasado 24 de noviembre de 2020 la justicia orteguista dejó en libertad a Abner Pineda, identificado como simpatizante del régimen. El judicial a cargo del juicio lo condenó a la pena mínima de un año de cárcel y de inmediato le otorgó el beneficio de suspensión de ejecución de la pena, por lo que quedó completamente libre, a pesar de haberle disparado intencionalmente y provocado la muerte a Jorge Luis Rugama Rizo, de 42 años, en La Trinidad, Estelí, el pasado 19 de julio.
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En un escenario opuesto, el 8 de marzo de este año la dictadura impuso una pena de cuatro años de prisión contra Manuel Urbina Lara por el delito de homicidio imprudente. La Fiscalía se opuso a que los familiares de la víctima llegaran a un acuerdo económico a través de la mediación, ya que en varias ocasiones estos se presentaron a las oficinas en Jinotega y nunca fueron atendidos por los funcionarios del Ministerio Público.
Posición política, un determinante
Para la abogada Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), con estos ejemplos quedó en evidencia que para el poder judicial lo que determina un fallo —a favor o en contra— no son las pruebas de los hechos ni lo que establece la ley, sino la posición política de la persona.
«Si sos partidario tenés las posibilidades de que te absuelvan y queden en impunidad tus crímenes, pero si sos adversario, aunque no te encuentren pruebas, estás condenado, eso está claro. En el caso de Urbina Lara es monstruosa la instrumentalización del poder judicial, porque ya raya en la mayor desfachatez del mundo», manifestó Núñez.
Con respecto al caso del pistolero de Estelí que asesinó a sangre fría al opositor Jorge Rugama Rizo, para Núñez este sujeto nunca debió ser puesto en libertad y mucho menos ser beneficiado por suspensión de ejecución de pena. «Este hombre actuó con alevosía, tenía todas las ventajas frente una persona desarmada gritando. Eso es un homicidio y debería estar preso», sostuvo.
«Aberración jurídica»
La abogada defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, lo que identifica es que persiste una «aberración jurídica» por parte del poder judicial, ya que hay una gran diferencia entre ambos casos. El primero se trató de un «asesinato», dice, mientras que el segundo se trató de un accidente donde no existe la intención de causar daño.
«El poder judicial ya no es un ente autónomo que está cumpliendo con todas las prerrogativas a las cuales se debe su investiduras. Esto es una aberración jurídica y vergüenza le debería de dar a los jueces dar este tipo de resoluciones. ¿Cómo se les va a ocurrir sacar a una persona que asesinó a otra y teniendo evidencias, solo porque hay una afinidad política gubernamental? Desde ahí ves que no hay un poder judicial sano», refutó Martínez.
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Lo que los defensores reclaman —afirma— no es un trato preferencial a favor de los opositores o quienes no comparten la ideología gubernamental, sino imparcialidad en los procesos judiciales. «Desde el momento que la Fiscalía no da trámite vos mirás que existe un interés de tener encarcelado al abogado. El pistolero de Estelí tuvo un trato especial, ni siquiera le pusieron uniforme y tenía ciertas comodidades y al final le dieron libertad», comparó Martínez.
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Brazo represor
Por su parte, el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Eber Acevedo, quien llevó la defensa de la víctima en el caso de Estelí, sostiene que con estos dos veredictos la dictadura deja un claro mensaje, como es ocupar al poder judicial como un brazo represor para condenar a todo aquel que no comulgue con su Administración.
«El caso del doctor Urbina Lara era un delito menos grave, era mediable y la familia de la víctima insistía en la mediación, pero tanto el Ministerio Público como el Judicial hicieron caso omiso a la petición de la familia, lo cual lo convierte en un proceso claramente dirigido al abogado por ser un opositor al régimen», señaló Acevedo.
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El abogado Urbina Lara se ha caracterizado por ser un férreo crítico de la dictadura de Daniel Ortega y desde el 2018 ha denunciado públicamente los atropellos ejecutados por el régimen, incluso ha denunciado el nepotismo en la Corte Suprema de Justicia por parte de la presidente de ese poder del Estado.
Su posición política provocó que en octubre de 2019 el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNAC) de la CSJ suspendiera por cinco años su licencia como profesional del derecho. Esto precisamente fue catalogado por Urbina Lara como una represalia por su crítica al régimen.