El dictador Daniel Ortega afirmó este 8 de marzo que ya han aplicado condenas que van más allá de los 30 años, refiriéndose con ello a la puesta en vigencia de la pena de cadena perpetua por «crímenes de odio», vigente desde enero. No obstante, abogados penalistas lo corrigieron y explicaron que no ha habido ninguna pena a un reo que señale que estará el resto de su vida tras las rejas, ya que la reforma legal que se hizo no es retroactiva.
El abogado Julio Montenegro afirmó que no conoce que se haya aplicado la reforma a la Constitución Política que permitió la cadena perpetua por «crímenes de odio», y señaló que esta no se puede aplicar de forma retroactiva, es decir, a procesados que antes de la entrada en vigencia de la ley hayan cometido ese tipo de ilícitos.
«El que comete crímenes horrendos contra mujer, contra niños, contra varones, crímenes horrendos, los que asesinan a la madre, el hijo asesinando a la madre, que asesinan niñas, esos merecerían la pena de muerte y ni con su vida estarían pagando el daño que cometieron, crimen que cometieron, pero, bueno hemos establecido la prisión perpetua…ya esa ley está en vigencia, ya están los primeros casos donde se está aplicando la pena más allá de los 30 años», aseguró el dictador el lunes.
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«Los jueces emiten penas de hasta 216 años (por diversos delitos cometidos por una misma persona), como la que le impusieron a Medardo Mairena (líder campesino opositor el régimen y expreso político), pero el reo solo va a cumplir 30 años de cárcel máximo», explicó Montenegro.
Montenegro explicó que la cadena perpetua será aplicada a aquellas personas que se considere cometieron crímenes horrendos o atroces.
Penas de 30 años se mantienen
Ortega reconoció que «aquí se cometen crímenes horrendos (contra las mujeres) y no nos vamos a sentir contentos porque se cometan menos crímenes de los que se cometen en Europa o Estados Unidos, no, nos indigna». A la vez aprovechó para justificar la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la reforma a la Constitución que permitió la cadena perpetua por «crímenes de odio».
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La abogada penalista Yonarqui Martínez aseguró que no conoce de algún caso en que al acusado lo hayan sentenciado con la cadena perpetua, pero recordó que el régimen desde abril del 2018 viene emitiendo penas absurdas y excesivas contra los presos políticos, a través de sus jueces.
«Con la reforma al artículo 37 de la Constitución entiendo que excepcionalmente se impondrá la cadena perpetua para aquellos que cometan crímenes de odio, pero para los que cometan delitos comunes siempre se les aplicará la pena máxima de 30 años, es decir que aunque la sumatoria de las penas den más de 30 años, el condenado solo pasará 30 años preso», explicó Martínez.
Condenas injustas
«Anteriormente, prácticamente le daban la cadena perpetua a los acusados. Yo llevé el caso de Carlos Bonilla (preso político) y le dieron 90 años de cárcel. Prácticamente, eso era cadena perpetua. Fijate que salen casos con condenas de más de 30 años, hay de 40 años. Si bien es cierto, no es cadena perpetua, pero él (Ortega) lo debe interpretar como cadena perpetua porque es imposible que una persona llegue a 80 años dentro de un penal», consideró Martínez.
La abogada penalista María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo desconocer si a alguna persona se le ha aplicado la cadena perpetua. Indicó que luego de entrar en vigencia la reforma a la Constitución Política, el pasado 19 de enero de este año, ningún reo político ha sido sentenciado con esta pena de cárcel.
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«No creo que desde esa fecha (entrada en vigencia) hasta este momento (9 de marzo) haya habido un procesamiento judicial en esos casos y ahora no creo que la admisión de hechos vaya a ser una ganga porque, ideay, voy a admitir hechos y voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel, esto propiciará que todos los casos se vayan a juicio», advirtió Oviedo.
El «pisa y corre» de Ortega
Defensores de derechos humanos y opositores de Ortega, denunciaron anteriormente que el régimen está imitando a la dictadura somocista al aplicar la maniobra judicial, denominada “pisa y corre” a los presos políticos en Nicaragua para evitar que estos recuperen su libertad, por lo que les aplica de facto la cadena perpetua.
Las víctimas del «pisa y corre» de la dictadura son los presos políticos, Carlos Alberto Bonilla López, quién fue acusado de tráfico de drogas un día después que fue emitida su orden de libertad por cumplimiento de la sentencia de un año de cárcel y Marvin Vargas, conocido como «El Cachorro», quién en noviembre del 2016 cumplió completa la condena de cinco años y seis meses de cárcel que le impusieron por el delito de estafa, pero las autoridades penitenciarias, sin ninguna explicación, no le dieron la libertad. Y en mayo de 2017 lo acusaron de que su esposa le llevaba droga al penal, para mantenerlo tras las rejas.
Y a pesar de todas las irregularidades cometidas por fiscales, custodios de los sistemas penitenciarios del país, policías y jueces orteguistas en contra de presos políticos Ortega se queja de las críticas de la comunidad internacional. «Ah, porque legislamos y aprobamos leyes en favor de las familias, en favor de las mujeres, de los niños, entonces vienen y protestan los yanquis (Estados Unidos), protestan los europeos y ellos tienen leyes mucho más duras porque incluso tienen la pena de muerte en países como los Estados Unidos», cuestionó el dictador.
«Prácticamente al aplicarle 40 o 50 años de cárcel a la persona es como que usted le diga a la persona vas a morir en la cárcel, ya que nadie vive tanto tiempo aquí en Nicaragua. Y en el caso de los presos políticos, ellos enfrentan penas de cárcel más allá de los 20 años porque son acusados por crimen organizado y narcotráfico, entre otros», cuestionó Montenegro.
Martínez recordó que los presos políticos han sido acusados por la Fiscalía por los delitos de crimen organizado, tráfico de drogas y armas, entre otros, por lo que estos reciben penas de cárcel superiores a los 30 años y que no tienen ningún beneficio legal.