La sociedad civil es todo aquello que no es la clase política y el Estado. Tiene que ver expresamente con ciudadanía y se concreta en organizaciones no gubernamentales, que unen a los ciudadanos de distintos sectores sociales en el esfuerzo por resolver problemas sectoriales y generales.
En la actualidad no se concibe la democracia sin organizaciones robustas de la sociedad civil. Al respecto, el jurista político boliviano Carlos Sánchez Berzaín explica que sociedad “civil es todo lo que no es el Estado, que va desde las organizaciones de barrio hasta las organizaciones no gubernamentales, organizaciones no lucrativas, clubes sociales, iglesias o grupos religiosos, sindicatos, colegios profesionales, cualquier tipo de organización, que obviamente tiene un fundamento que no es otro que el ejercicio de la ciudadanía en libertad. Para que haya sociedad civil estamos hablando de ciudadanía, pero para que haya ciudadanía estamos hablando también de libertad”.
Por eso las organizaciones de la sociedad civil son un componente valioso e indispensable de la democracia. Y también por eso las dictaduras detestan toda acción ciudadana independiente del Estado, inclusive la caritativa, pero en particular las de aquellas ONG que trabajan en la formación de cultura ciudadana, defienden la libertad de expresión y prensa, fiscalizan el manejo de los recursos públicos, denuncian los atropellos a los derechos humanos y promueven la educación en valores cívicos y democráticos.
Prácticamente en todos los países donde hay dictaduras, como es el caso de Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil son reprimidas, inclusive prohibidas. No ha sido por casualidad que en su discurso del lunes 8 de marzo, Daniel Ortega arremetiera furiosamente contra las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua, a las que de manera irresponsable y falaz acusó de lavar dinero para financiar el terrorismo y desestabilizar a su gobierno.
“Tenemos información sobre cómo se ha hecho el lavado (de dinero) durante años y todavía hasta hace poco, miles y miles de dólares corriendo ahí para sembrar el terror”, vociferó el dictador Ortega. Para luego decir que ahora tiene a su disposición leyes como la de agentes extranjeros y de ciberdelitos, así como la pena de cárcel perpetua, para reprimir a la oposición y a la sociedad civil.
Siempre, pero sobre todo desde 2018, Ortega está en guerra contra todas las expresiones democráticas de la sociedad, desde la institución caritativa Cáritas de la Iglesia católica, hasta la CPDH que defiende los derechos humanos. Y lo cierto es que en su desborde represivo Ortega ni siquiera ha necesitado instrumentos legales para perseguirlas, clausurarlas y confiscar sus pertenencias, como ha hecho con el Cenidh, el Instituto de Liderazgo de las Segovias, el Centro de Investigación de la Comunicación, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, Hagamos Democracia, Ieepp, Cisas, Fundación del Río y Popol Na.
En un informe titulado “Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las Organizaciones de la Sociedad Civil”, Amnistía Internacional ha denunciado que por lo menos en 50 países los gobiernos atacan a las ONG “mediante la creación de leyes que las somete, a ellas y a su personal, a vigilancia, kafkianas trabas burocráticas y la amenaza constante del encarcelamiento”. Entre esos países está Nicaragua, oprimida por la dictadura de Daniel Ortega.