A pesar de que los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya emitieron una sentencia en contra por un recurso de casación promovido por la defensa de Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga, don Alberto Iván Eva Hernández, una de las víctimas de los delitos de estafa agravada, ofrecimiento fraudulento y crimen organizado, no ha recibido su dinero, denunció su representante legal Leónidas Arévalo.
Los magistrados de la Sala Penal de la CSJ resolvieron dicho recurso el pasado 3 de abril del 2020, y confirmaron la sentencia condenatoria del juzgado de primera instancia y de los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua.
“Don Alberto no ha recuperado su dinero, no obstante recuerda que hay bienes decomisados a los condenados por estos delitos, pero no se tiene noticias de quién los administra desde hace siete años atrás y qué uso le han dado a los mismos. A ninguna de las víctimas, a excepción de las monjas del Teresiano, se les ha regresado el dinero que les robaron. Y lo sorprendente es que ninguna de las víctimas han hecho gestiones para que les sean devueltos el capital invertido y los intereses”, denunció Arévalo.
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El Poder Judicial mantiene una censura contra LA PRENSA obstaculizando las entrevistas y la información desde antes de abril de 2018, por lo que se dificulta obtener la versión de los jueces en este caso. En diversas ocasiones se trató de obtener la versión del representante legal de Montealegre, Harlandh Huete, pero este no ha respondido.
Acciones incorrectas del juez séptimo de distrito
En septiembre del 2013, Álvaro Montealegre, hermano del expolítico y empresario Eduardo Montealegre, junto a Bendaña (juzgado en ausencia) y Paguaga, fue acusado por los delitos de estafa agravada, ofrecimiento fraudulento y crimen organizado por más de 17 personas, entre ellas las monjas del Teresiano.
En mayo del 2014, Montealegre a través de su representante legal, Harlandh Huete, pagó a las monjas teresianas 526 mil 433.18 dólares, lo que provocó altas expectativas en el resto de las víctimas, que esperaban un igual tratamiento, pero que no lo tuvieron.
Y es que don Alberto quedó indefenso durante el proceso de casación en la CSJ, ya que previo a que los magistrados emitieran su sentencia su abogado defensor, Francisco Mendieta, falleció. Ahora está procurando obtener justicia y el pago de su inversión a través del litigante Arévalo.
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“Las diligencias de la Corte fueron enviadas el año pasado al juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Leopoldo Vargas, pero este individuo se ha rehusado a prestar el expediente judicial para revisarlo, a pesar que hemos hecho varias solicitudes y tampoco ha cumplido con lo manda la ley, de remitir el expediente al Juzgado de Distrito Penal de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria. La Sala Penal de la Corte Suprema está asombrada porque esta es una acción incorrecta totalmente, además de ilegal y el más perjudicado de todas estas personas es don Alberto Eva, quién invirtió en la estafa de Montealegre, Bendaña y Paguaga 800 mil dólares”, cuestionó Arévalo.
Han engañado a víctimas
Fue hasta en junio de 2016 que Montealegre, Bendaña y Paguaga fueron condenados por el juez Octavio Rothschuh, en ese momento titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, a 22, 24 y 8 años y seis meses de cárcel, respectivamente, por estafa agravada, ofrecimiento fraudulento y crimen organizado en perjuicio de 17 personas.
El judicial ordenó también el pago del capital entregado por las víctimas a la empresa International Investment and Financial Services, Inc., propiedad de Montealegre, más dos años de interés al siete por ciento anual, este se pagará según resulte del dinero de la venta, es decir, se cubrirá a medida que alcance.
En ese momento, el judicial calculó que Montealegre y Bendaña debían pagar a las víctimas 3 millones 8,745 dólares.
En junio de 2016, “las víctimas tienen prioridad de pago”, dijo la fiscal Grethel Fernández, ante la duda de cómo sería distribuido el dinero que resultara de la venta “inmediata” de cinco fincas decomisadas a Montealegre y Bendaña, sin embargo la misma Fiscalía indicó en el 2015 que estas mismas propiedades estaban hipotecadas con los bancos.
“Don Alberto Eva está en la miseria completa, tuvo que gestionar con la Iglesia Hossana una silla de ruedas porque está inválido, no tiene recursos ni para alimentarse y antes él hasta pagaba 200 córdobas por el alquiler de una silla de ruedas. Está sobreviviendo con el apoyo de amigos, está en la ruina completa”, contó el abogado Arévalo.
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Extrabajadores afectados
En enero del 2014, los juzgados laborales fallaron en contra de Montealegre y le ordenaron que pagara, en ese momento, 17 millones de córdobas a un total de 76 extrabajadores de las empresas Inversiones Almori S.A y Almori BPO Service S.A, propiedad del condenado. Estos exigieron el pago de la segunda quincena de agosto, vacaciones, aguinaldo y prestaciones pre y post natales, en algunos casos.
“No se les pagó a los extrabajadores de Montealegre, es a la fecha y no se les ha pagado y por lo que veo, dijo el ciego, no van a pagar. Esta negativa es porque los bienes de Montealegre están ocupados por el juzgado y mientras ellos no se dispongan a pagarle a los inversionistas, entonces no van a pagarle a los trabajadores. Se supone que esta deuda hacia los trabajadores va aumentando por la multa que tienen que pagar por no saldar el compromiso”, dijo a LA PRENSA el abogado de los extrabajadores afectados, Carlos Suárez Gutiérrez.
Condenado, pero con arresto domiciliar
En febrero de 2017, un familiar de Montealegre confirmó a LA PRENSA que a este el judicial le había cambiado el régimen carcelario por el domiciliar, ya que estaba padeciendo asma crónica. Indicó que su pariente podría regresar a la cárcel si un nuevo estudio del Instituto de Medicina Legal reflejara que su salud ha mejorado, pero se desconoce si el mismo se realizó o se realizará.
En ese momento, las víctimas presentaron un escrito en los juzgados donde se oponían a la excarcelación de Montealegre. Además manifestaron que se sentían decepcionados del sistema de justicia.
También, en junio del 2016 el juez Octavio Rothschuh puso en libertad a Paguaga por razones “médico-humanitarias”, pues un dictamen forense dijo en ese momento que estaba “gravemente enfermo y corría riesgo su vida”.
Arévalo ha denunciado ante la CSJ las acciones irregulares del juez Leopoldo Vargas y está a la espera de una respuesta.