La política de represión que desató el régimen de Daniel Ortega desde abril 2018 va en aumento. El Informe Violencia e Inseguridad en Nicaragua 2020, elaborado por la investigadora y especialista en seguridad ciudadana, Elvira Cuadra, apunta que la violencia letal es una tendencia sostenida que ha venido escalando en Nicaragua. Durante el 2020 se registraron 264 casos de asesinatos en todo el país, lo que representa un incremento del 87.2 por ciento, referente a estos crímenes en 2019.
“La violencia letal es una tendencia sostenida desde el año 2019 y no solo sostenida, sino que se ha incrementado (…) se observa la enorme brecha de crecimiento de un año a otro”, señaló Cuadra durante la presentación virtual del informe en conjunto con el Monitoreo Azul y Blanco. La socióloga prevé también que la violencia política en pleno año electoral incremente.
Según el estudio, durante 2020, el gobierno de Daniel Ortega mantuvo la política de represión y el estado de excepción de facto que impuso sobre la sociedad nicaragüense desde el 2018, lo que a criterio de la especialista Cuadra evidencia “el escenario de inseguridad en Nicaragua, en el cual la amenaza principal proviene de la violencia política estatal. A su vez, esta violencia política se ha convertido en el principal dinamizador de otras formas de violencia e inseguridad vinculadas con la delincuencia y criminalidad común, así como el crimen organizado”.
291 personas fueron asesinadas en 2020
El informe presentado muestra un comparativo entre 2019 y 2020 en el territorio nicaragüense: 141 asesinatos y 264 casos respectivamente. Las víctimas del año pasado en total fueron 291, debido a que en lo que se considera un caso de asesinato pueden perder la vida más de una persona.
Las víctimas fueron identificados como 243 hombres, equivalentes a 83.8 por ciento; 47 mujeres, es decir el 15.8 por ciento, y una persona de la diversidad sexual, el 0.3 por ciento, el incremento de los asesinatos en total son 87.2 por ciento.
La socióloga enfatizó en un ejemplo claro: los femicidios o asesinatos de mujeres por su género fue superior en 2020 a los cometidos en 2019. “En nuestra base de datos tenemos un promedio de 3.8 de mujeres asesinadas en cada mes del 2020”, dijo Cuadra. Los meses con más femicidios en 2020 fueron septiembre, marzo, enero, mayo y octubre.
Expansión en centros urbanos
La violencia letal, según el estudio, se está expandiendo hacia los centros urbanos. Durante 2020, el 44.7 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas urbanas y el restante 54.9 por ciento, en zonas rurales. En 2019, 101 asesinatos ocurrieron en el campo y 40 en sectores urbanos. Para 2020, 145 asesinatos fueron cometidos en la zona rural y 118 en áreas urbanas.
Managua, capital del país, encabeza la lista de departamentos donde más ocurrieron los asesinatos con el 19.3 por ciento, seguido de Jinotega con el 18.2 por ciento, la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur con el 11.4 por ciento.
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“Es una violencia que se está extendiendo a las zonas urbanas del país. A diferencia del 2019, donde la violencia vinculada con asesinatos estaba predominantemente localizada en las zonas rurales, ahora vemos que hay un traslado hacia los centros urbanos del país, siempre hay un foco particularmente en la zona norte, en el Triángulo Minero, entre Wiwilí y San José de Bocay, y El Cuá que desde el año 2020 registran una alta incidencia en asesinatos”, explicó la investigadora Cuadra.
22 asesinatos al mes
Durante 2020, el promedio de asesinatos fue de 22, cita el informe. Los meses en los que se presentaron más casos fueron diciembre con 32 asesinatos, septiembre con 31 casos y enero con 27 víctimas. Otros meses con alta incidencia fueron octubre, agosto y noviembre.
En cuanto al perfil de las víctimas, apuntan que la mayoría eran jóvenes y adultos jóvenes, es decir, personas entre los 21 y 40 años, que equivalen al 56.8 por ciento de los casos; mientras el 18 por ciento de las víctimas eran menores y adolescentes. Del total de las víctimas, solo 22 tenían alguna vinculación con partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones religiosas o de otra índole. A diferencia del año 2019, lo registrado representó una disminución de más de 50 por ciento respecto a esta característica.
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Sobre los perpetradores, es decir quienes cometieron los delitos, el estudio revela que solo en 205 casos se logró identificar el sexo de las personas, de los cuales el 75 por ciento fue cometido por hombres y el 2.7 por mujeres. En el 55 por ciento de los casos fueron ejecutados por una persona, el otro 24 por ciento por dos o más personas. Solo el 3.8 por ciento de los perpetradores tenía algún tipo de vinculación política, y de esos la mayoría fueron identificados como parapolicías y policías.
¿Qué armas se usaron?
La experta en seguridad explicó que las armas blancas, con el 42.4 por ciento, fueron los principales objetos para cometer los asesinatos, seguidas —con el 37.1 por ciento— por las armas de fuego y un 4.2 por ciento, por armas de guerra. Un 15.5 por ciento fue clasificada como otras que causaran golpes o lesiones que provocan la muerte a la víctima.
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“El nivel de saña y violencia empleada se mantiene constante, aunque se usaron más armas blancas y las víctimas sufrieron múltiples heridas (…) y en caso de los asesinatos con armas de fuegos las víctimas sufrieron múltiples disparos en el 26.1 por ciento (…) todavía hay un nivel alto y de saña en contra de las víctimas y puede estar relacionado en el tema de la premeditación, organización y planificación para cometer los asesinatos”, expuso Cuadra.
Cinco factores de riesgo
En el estudio se detalla específicamente los cinco factores de riesgo que permiten que en el escenario prevalezca la violencia, estos son: los discursos de odio y criminalización que son emitidos diariamente desde el Gobierno; la actuación de la Policía que dedica sus recursos a las acciones de represión especialmente en contra de líderes de localidades y nacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, y la ciudadanía en general.
Además, la existencia de los grupos paramilitares y la impunidad con la que actúan, muchas en conjunto con la Policía; la disponibilidad de armas de fuego en manos de la Policía y de los grupos paramilitares, y los indultos otorgados por el Gobierno a miles de personas que se encontraban detenidas en centros penales cumpliendo condenas por delitos comunes.
A estos se les suma los factores que también influyen en los hechos y las percepciones de inseguridad, como la crisis económica que afecta al país, los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19 y los embates que ocasionaron los huracanes Eta y Iota en noviembre de 2020, especialmente en el Caribe Norte de nuestro país.
Prevé incremento de la violencia política
La especialista en seguridad ciudadana no descartó que durante este año electoral la violencia política tienda a incrementarse por medio de despliegues policiales, hostigamientos y represión en contra de los ciudadanos quienes no comparten o no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“En Nicaragua todos los años electorales son años en que se incrementa la violencia política, entonces es previsible que en el 2021 siendo un año electoral, pero además con las características que tiene este proceso electoral entre la población es bastante previsible que tengamos un incremento en los hechos de violencia política. Hasta ahora hay otros factores que están asociados y que probablemente van a tener influencias, nuevamente la política de represión instalada por el Gobierno, hemos visto cómo en los últimos meses ha comenzado a cambiar sus estrategias y formas de represión”, apuntó Cuadra.