Con 20 votos a favor, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la nueva resolución sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos en Nicaragua que exige a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a facilitar elecciones libres y transparentes, liberación de presos políticos, retorno seguro de exiliados, respeto al derecho de manifestación, justicia para las víctimas de la represión y la devolución de los medios de comunicación confiscados.
La resolución, en el punto número 15, “insta al gobierno de Nicaragua a participar en iniciativas significativas e inclusivas negociaciones con la sociedad civil y los partidos y grupos de oposición, y trabajar con organizaciones internacionales para adoptar, para mayo de 2021, según lo establecido por la Organización de Estados americanos en su resolución AG / doc.5710 / 20, reformas electorales e institucionales a fin de garantizar elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles, de conformidad con estándares internacionales, que incluyen la presencia de organismos independientes nacionales e internacionales observadores electorales”
La resolución refuerza y amplía el mandato de monitoreo de la Oficina de la Alta Comisionado de Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet, que actualizaría la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En la votación hubo 18 abstenciones y 8 votos en contra de la resolución. En la región Nicaragua, Venezuela, Rusia, Bolivia votaron en contra. La sorpresa la dio Argentina y México que se sumaron al voto favorable de la iniciativa.
El Consejo de la ONU, en el punto 16, pide a la Alta Comisionada que mejore y amplíe la supervisión por parte del Oficina del Alto Comisionado y seguir informando sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluso mediante la preparación de un informe escrito completo que evalúe el progreso y desafíos relacionados con esa situación, y presentarla al Consejo de Derechos Humanos en su cuadragésimo noveno período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo y una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos al Consejo en sus períodos cuadragésimo séptimo y cuadragésimo octavo.
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Posición de organizaciones defensoras de derechos humanos
Miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ven con beneplácito dicha resolución. Denis Darce, secretario ejecutivo adjunto del organismo, destacó que tuvieron participación en la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en la ONU y que las recomendaciones al Estado recogen los mismos señalamientos que han venido haciendo desde hace tres años.
“En el nivel de situación que se encuentra Nicaragua, pues la presión va a continuar en esa misma dirección, probablemente el Consejo tenga más apoyo si el Estado de Nicaragua continúa en las situaciones que tengamos. En términos concretos lo que hace las resoluciones del Consejo es sumar puntos para que otras naciones y otros estados puedan tomar algún tipo de acción (contra Nicaragua)”, explicó Darce.
Karla Sequeira, coordinadora de Asesoría Legal de la CPDH, consideró que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deja por sentado que no es creíble la versión que continúa dando el gobierno de Daniel Ortega a la comunidad internacional, ya que se siguen violando los derechos humanos de los nicaragüenses.
“Vemos con beneplácito la resolución del Consejo, efectivamente esto y cada una de las situaciones que nosotros hemos planteado como CPDH ante las instancias internacionales, donde hemos demostrado y hemos sido enfáticos en el aspecto de que existen graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y de que efectivamente es necesario la restitución de cada uno de estos derechos”, aseveró Sequeira.
El abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, valoró de forma positiva la resolución. “Esto significa que un órgano tan importante continúa pendiente de lo que está ocurriendo en Nicaragua, del profundo deterioro que se describe en la misma resolución de los derechos humanos en el país y eso es de muchísima importancia porque significa además que la comunidad internacional no se ha tragado el cuento de que las cosas en Nicaragua están normales”, señaló.
Libertad para presos políticos
Los países que votaron a favor de la resolución son: Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Fiji, Francia, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, México, Países Bajos, Polonia, República de Corea, Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda y Uurguay.
La organización reiteró el llamado al régimen de Daniel Ortega a liberar a los más de 100 presos políticos, reformas electorales y preocupación por las nuevas legislaciones represivas contra las voces disidentes.
En el primer punto de la resolución, reiteran el llamado a Daniel Ortega a realizar reformas electorales para la solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en el país.
El Consejo señala que Daniel Ortega debe garantizar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto del 2018, garantizar el retorno seguro de los exiliados, así como a mantener imparcialidad en el sistema de justicia.
La resolución pide, en el punto 17, también a la Alta Comisionada que siga de cerca la situación de derechos humanos en Nicaragua en el contexto del proceso electoral, y presentar a la Consejo de Derechos Humanos, antes de finales de 2021, una actualización oral provisional con recomendaciones, seguido de un diálogo interactivo.
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Derecho a manifestarse
El Consejo de Derechos Humanos instó a Ortega a restablecer los espacios cívicos debido a que persisten las prohibiciones de manifestaciones públicas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía orteguista para reprimir protestas sociales.
La represión de la disidencia incluye actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos, incluidas mujeres, indígenas, afrodescendientes y defensores de los derechos humanos ambientales, líderes comunitarios y religiosos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes, víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares y personas que expresan opiniones críticas.
“Insta autorice los actos pacíficos y públicos, manifestaciones, derogar o modificar la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y asociación, a la privacidad y a participar en la dirección de los asuntos públicos”, refieren.
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Libertad de prensa
Respecto a la libertad de prensa, la resolución resalta el número creciente de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes obligados a cesar sus actividades debido a restricciones administrativas y financieras impuestas por reformas legales aprobadas desde 2018.
“Cancelaciones arbitrarias de sus registros legales y sobre el impacto que estos cierres (…) especialmente el derecho a las libertades de opinión y expresión, asociación y el derecho a la privacidad (…) e insta al Gobierno de Nicaragua a restablecer la legalidad registro de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que han sido cancelado desde 2018, y para devolver los activos incautados, incluidos los bienes confiscados”, cuestiona la resolución.
La medida también llama al régimen a permitir el ingreso y cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado, incluida su Oficina Regional para Centroamérica, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, y la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH).