A través del Ministerio de Gobernación (Migob), la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó este jueves el beneficio de régimen de convivencia familiar a unos 800 presos comunes de diferentes centros penitenciarios de los departamentos del país. En la lista no figura ninguno de los más de 100 reos políticos que han sido condenados por la admnistración orteguista.
«Agradecemos al comandante Daniel Ortega por favorecer a 800 presos y presas con el beneficio legal de convivencia familiar en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional», dijo durante un acto la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch.
Las funcionaria del gobierno hizo presencia en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», donde se excarceló a un total de 250 reos. De acuerdo con el Migob, de los 800 beneficiados, 747 son varones y 53 mujeres, quienes cumplieron con todas las actividades que se desarrollan en los diferentes penales del país, para poder ser reintegrados a la sociedad.
En departamentos
Según lo expresado por medios oficialistas, de ese total de excarcelaciones, el Migob otorgó este beneficio a 47 privados de libertad del sistema penitenciario de Juigalpa. Todos agradecieron al «comandante Ortega» por su «perdón presidencial». En Jinotega recibieron el indulto 145 presos.
En el caso del penal de Chinandega, Gobernación puso en libertad a un total de 79 reos comunes. De ellos, 73 corresponden al sexo masculino y seis al sexo femenino. «Todos ellos recibieron esta mañana su carta de libertad, como parte de los beneficios de convivencia familiar», detalló el oficialista Canal 13.
«Este beneficio legal es pensando en las familias, a la derecha e izquierda están las madres, esposas, los hijos y nietos esperando ese abrazo de amor y cariño. Se les extrañó todo este tiempo y están con la esperanza de un mañana mejor», reflexionó por su parte la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, durante el acto en el penitenciario La Modelo.
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En el caso del sistema penitenciario de Estelí, en esa ciudad el Migob puso en libertad a 58 reos comunes.
«Ustedes forman parte de los 800 privados de libertad a nivel nacional que se les otorgó el indulto, esto es parte del esfuerzo que realiza nuestro gobierno sandinista para el fortalecimiento del núcleo familiar», dijo al respecto José Rene Vargas, alcaide del penal regional en Estelí.
La última vez que el régimen otorgó este beneficio fue en diciembre de 2020, debido a las festividades de Navidad y fin de año. En esa ocasión fueron 1,004 los privados de libertad que recibieron el beneficio de convivencia familiar. Entre ellos, el régimen también excarceló a cuatro presos de conciencia.
No figuran presos políticos
Defensores de derechos humanos lamentaron que entre los beneficiados no haya figurado ningún ciudadano considerado preso político. De acuerdo con datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas —actualizados hasta el 5 marzo—, actualmente hay 125 reos de conciencia en los diferentes penales del país.
El clamor no solo ha sido por organismos nacionales. La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recientemente hizo un llamado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas de 2018 o por expresar opiniones disidentes.
Wendy Flores, del colectivo Nicaragua Nunca +, organismo defensor de derechos humanos, lamentó que entre los beneficiados no figurara ningún opositor. Por otro lado cuestionó que mientras se condenan a inocentes, la dictadura deja en libertad a personas que poseen delitos graves, generando así alta peligrosidad en la sociedad, afectando principalmente a las mujeres, quienes son las principales víctimas.
«Como colectivo de derechos humanos, recordamos que Nicaragua tiene pendiente liberar a más de 125 presos políticos y que las liberaciones que están realizado en la actualidad no vayan atentar en contra de la vida de las mujeres, muchos de los privados de libertad liberados en el pasado, han atentado contra la vida y la integridad física y sexual de mujeres, niñas y adolescentes», expresó Wendy Flores.
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Hasta la fecha se desconocen los procedimientos legales realizados por el orteguismo para efectuar estas liberaciones masivas de reos comunes, pero abogados han insistido que para ello se deben de cumplir ciertos requisitos de rigor, por ejemplo, que se haya cumplido al menos la mitad de la pena, que no hayan sido delitos gravosos, que no sean de peligrosidad y que estas personas se hayan integrado de pleno a las actividades religiosas, deportivas o de trabajo dentro de los penales.
«Nuestro país debe de realizar estas liberaciones que se realizan, pero ojalá que en un contexto donde la sociedad esté debidamente informada y las autoridades judiciales también lo estén, sin embargo son liberaciones prácticamente al margen de la ley y de los procesos donde estas personas condenadas a hechos delictivos no son sometidos para no responder a las víctimas», refutó Flores.
Por otro lado, expertos en seguridad consideran que el régimen orteguista al liberar a miles de reos comunes, provoca un efecto inmediato en el crecimiento de la población de delincuentes en Nicaragua, lo que supone que, a mayor número de delincuentes en las calles, mayor cantidad de delitos.
Hasta septiembre de 2020, según datos del Ministerio de Gobernación, el régimen de Daniel Ortega había otorgado el beneficio de convivencia familiar a 22,567 reos comunes. La cifra ha venido en aumento con las excarcelaciones durante el cierre de año y con los 800 liberados este jueves.