Nicaragua atraviesa un cúmulo de crisis —sociopolítica, económica y sanitaria— que está ocasionando que el país se dirija hacia una “crisis humanitaria”, señaló el economista y codirector del Nexus Sur-Norte, William Vigil, durante el foro “La crisis en Nicaragua y el papel de la comunidad internacional”, realizado por la Fundación Arias para La Paz y el Progreso Humano.
Vigil sostiene su afirmación sobre esta realidad del país: Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe —después de Haití—, a partir de abril de 2018 atraviesa una crisis política con implicaciones económicas, sociales y de derechos humanos, y actualmente se suman los efectos de la pandemia del Covid-19 y las secuelas por los huracanes Eta y Iota.
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El economista también hace énfasis en los resultados de la encuesta de enero 2021 realizada por la firma costarricense CID Gallup, que muestra que 6 de cada 10 nicas migrarían a otros países si tuvieran oportunidades. A la fecha más de 103,600 nicaragüenses se han visto obligados a abandonar el país, según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Mientras, el conteo para las elecciones presidenciales de noviembre en Nicaragua avanza rápidamente, en medio de un panorama de incertidumbre, desconfianza y polarización en el que los bloques opositores no han logrado concretar la unidad y el gobierno de Daniel Ortega ha demostrado poca o nula voluntad para realizar reformas electorales.
Por ello, Vigil advierte que “una explosión social en Nicaragua por elecciones podría ser un detonante para la crisis humanitaria que tendría grande implicaciones para Nicaragua y para toda la región, una nueva crisis migratoria que iría hacia el sur y norte de Nicaragua”.
Pobreza, desempleo e inseguridad alimentaria
Al profundizar en el análisis, los aspectos que denotan en el país una crisis humanitaria son la migración, la pobreza, el desempleo, la inseguridad alimentaria y mal nutrición.
“En Nicaragua un 23 por ciento de la población vive en pobreza extrema, se vive una crisis humanitaria. Más de 4 millones de nicaragüenses estarían dispuestos a irse de Nicaragua si tuvieran la oportunidad, debido a los factores como la pobreza extrema en la que están 1.5 millones de personas —según la Cepal— , siendo los más afectados las mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que están localizados en todo el país, pero de quienes hay un concentración en el Corredor Seco y la zona del Caribe de Nicaragua”, afirma Vigil en cuanto al primer aspecto.
Mencionó que la caída del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se ha mantenido como una constante y ha ocasionado grandes implicaciones en la población nicaragüense en el tema del desempleo y la inseguridad alimentaria.
“Nicaragua es el país con la prevalencia más alta de desnutrición dentro su población general —según datos de Naciones Unidas—, el 17.2 por ciento estaban en esta situación entre 2017 y 2019, se estima que la situación es más difícil hoy en día. El salario básico promedio de Nicaragua, de 7 mil córdobas, solo da abasto para comprar la mitad de la canasta básica, valorada casi en 15 mil córdobas”, sostiene Vigil.
“Coyotajes”, el ingreso irregular
La politóloga, investigadora y directora académica de la Fundación Arias para La Paz y el Progreso Humano, Ana Yancy Espinoza, retomó ciertas referencias de la investigación “La cara del exiliado: expulsados y vulneralizados”, que realizaron en materia de migración y temas de inseguridad, en la que identificaron una serie de situaciones vinculadas a criminalidad organizada e ingreso irregular de personas utilizando el sistema de coyotaje.
Espinoza coincidió con lo mencionado con Vigil en cuanto a los resultados o los incidentes que puedan ocurrir previo o después de la celebración de las elecciones en Nicaragua. “Nos llama a poner en perspectiva que el próximo proceso electoral nicaragüense puede detonar nuevas olas de movilización masiva por temas de persecución y violencia”, mencionó.
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“Identificamos dinámicas y modus operandis que no son exclusivos de la situación de la frontera norte, hay migración hacia Costa Rica y no todo el proceso ocurre de sur a norte tratando de llegar a Estados Unidos. Identificamos 57 pasos irregulares donde se aborda un flujo importante de población que se vio mermado por la pandemia. La Policía Especial de Migración hablaba de 500 personas al día que estaban transitando la frontera norte-sur, se redujo en cantidad, pero se mantuvo abierta durante el proceso”, asesta Espinoza.
Sobre las actividades de “coyotaje” en municipios fronterizos, lograron identificar que “entre los grupos que están viajando de sur a norte hay un proceso en el que se utiliza brazaletes que identifican el grupo de coyotes que están movilizando este tipo de personas, mercancías como mercurio, medicinas, y en sentido contrario de norte a sur se identificó las armas de fuego, algo relevante en el marco del proceso migratorio, porque obviamente Costa Rica es un país de destino para los nicaragüenses migrantes y solicitantes de refugio”, refiere.
Alarmante hallazgo de armamento
Espinoza presentó la imagen de un arma Calico con silenciador que apareció a finales de 2018 en El Salvador y que, según la especialista en temas de seguridad, desde la perspectiva costarricense, “obviamente está el temor y riesgo de que ese tipo de armamento militar automático esté fluctuando más por la región, en Costa Rica también se están utilizando más armas de uso militar, ya se ha visto en semanas pasadas, hay un factor importante de armas que empiezan en rutas de caminantes que migran hacia donde hay situaciones de conflictos y violencia”.
La especialista manifestó que otro de los factores que empieza a preocupar a la región es el “paramilitarismo de grupos terceros, que no son necesariamente gubernamentales, y empiezan activamente a participar con acceso a armamento de mucha precisión y de gran capacidad de fuego, que nos genera mucha preocupación porque sabemos que la situación de Nicaragua es sumamente grave. Reconocemos que en otros países de la región hay situación de deterioro de la democracia”, concluye.
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Mantener posición humanitaria
Ante el panorama incierto, el político y expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís, mencionó que el Gobierno de Costa Rica debe tener “una relación muy cuidadosa con Nicaragua: deber ser mesurado, tenemos una frontera porosa, llena de desafíos de diferente naturaleza, una población nicaragüense que nos ha acompañado desde hace décadas que supera las 450 mil personas, una población de 5 millones”.
Por otro lado, el exmandatario apuntó que el Estado costarricense tiene una obligación como democracia de “no quedarse silencioso frente a los acontecimientos en Nicaragua. El mayor aporte de Costa Rica es mantener una posición humanitaria y responsable frente a la migración y facilitar todos los espacios que nuestro régimen permite de instituciones públicas de derechos, para que en el país puedan vivir y convivir los diferentes grupos que no puedan hacerlo en Nicaragua”.
También remarcó que la actitud de diálogo de Costa Rica debe reflejarse al facilitar los espacios mencionados, pero principalmente “atender bien, con decencia y respeto de sus derechos a los hermanos y hermanas nicaragüenses que viven entre nosotros y que puedan venir buscando protección frente a las arbitrariedades de la dictadura”, concluyó.