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Régimen de Ortega consigue desembolsos por 829.5 millones de dólares en el exterior. ¿Sigue siendo sostenible el endeudamiento?

La deuda pública total (interna y externa) en 2020 cerró en 8,178.9 millones de dólares, 14.2 por ciento más que en el 2019, impulsada principalmente por contrataciones en el exterior. Los economistas explican si el endeudamiento de Nicaragua sigue siendo sostenible.

El Gobierno consiguió el año pasado 829.5 millones de dólares en desembolsos externos, lo que significó un incremento de 57 por ciento con relación a lo que obtuvo en el 2019, cuando recibió 528.4 millones de dólares, según el informe de cierre de deuda externa divulgado por el Banco Central de Nicaragua. Además la deuda pública total (interna y externa) en ese año cerró en 8,178.9 millones de dólares, 14.2 por ciento más que en el 2019, impulsada principalmente por contrataciones en el exterior.

La llegada de más dinero desde el exterior se debió a préstamos para ejecutar proyectos de reactivación económica, dar respuesta a la crisis sanitaria del Covid-19 y en parte para proyectos de reconstrucción debido a los huracanes Iota y Eta, los que se habrían contratado en el último tramo del año cuando ambos ciclones golpearon en noviembre de manera consecutiva. Solo la deuda externa pública aumentó 10.8 por ciento.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) continuó siendo el principal soporte financiero del Gobierno, desde donde obtuvo el 38.8 por ciento de los recursos externos que se desembolsaron; seguido del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También sigue teniendo un importante peso el Banco Mundial (BM). En su conjunto las multilaterales aportaron 787.5 millones de dólares y el restante de acreedores bilaterales.

En paralelo, el sector público también logró contratación por 336.4 millones de dólares a nivel interno, cuyo endeudamiento recayó principalmente sobre el Banco Central de Nicaragua a través de emisiones bursátiles; y el gobierno central contrató 38 millones de dólares de ese total.

De esta manera, de los 8,178.9 millones de dólares que suman la deuda pública del país,  el 85.1 por ciento  es con acreedores externos (6,956.8 millones) y el 14.9 por ciento restante es deuda interna (1,222 millones), según muestra el reporte del Banco Central de Nicaragua.

En ese contexto y tomando en cuenta que la economía acumuló tres años de contracción económica, ¿sigue siendo sostenible la deuda pública de Nicaragua? ¿Cómo afecta que se contrate deuda y la economía no crezca?

A criterio del economista Welbin Romero, «en Nicaragua la deuda pública extranjera aún no es un problema, tampoco endeudarse, siempre y cuando la deuda sea utilizada eficientemente en ampliar la producción exportadora para luego poder pagar.  Si se convierte en una tendencia sostenida y se utiliza en consumo, entonces podría constituirse en un problema».

Esto último no sería el caso. Según el reporte del Banco Central de Nicaragua, «los desembolsos permitieron financiar la ejecución de proyectos del programa de inversión pública, siendo destinados principalmente a los sectores económicos construcción (39.5 por ciento) y administración pública (28.2 por ciento)». También el 19.4 por ciento se destinó para electricidad, gas y agua, así como 10.7 por ciento para servicios sociales, salud y educación, entre otros.

Pero el economista Óscar René Vargas expone que el hecho de que la deuda externa pública haya aumentado en 10.8 por ciento y el PIB haya disminuido, según el Gobierno, en dos por ciento, significa que el endeudamiento ha sido el factor principal para que  la contracción del PIB no haya sido mayor.

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Vargas difiere de Romero en que la deuda  externa pública de Nicaragua  sea sostenible. «Dada la caída del PIB,  el país no tendrá capacidad de pago de la deuda externa, al mismo tiempo, le faltan inversiones públicas que permitan el crecimiento económico. Por lo tanto, tendrá que solicitar más préstamos para pagar el vencimiento de la deuda externa anterior. Hemos entrado en un círculo vicioso negativo para el crecimiento del país. ¿Se verá al país declararse que no tiene capacidad de pago?»,  pronunció.

Cabe mencionar, no obstante, que hasta ahora los organismos financieros internacionales no han expresado alguna inquietud por la sostenibilidad de la deuda pública. Además a nivel mundial hubo preocupación general debido al rápido endeudamiento de las economías para hacer frente a la pandemia, que paralizó las actividades económicas, aumentó el desempleo y deterioró los salarios. Los gobiernos, con excepción el de Nicaragua, se vieron obligados a diseñar programas de ayuda a las familias para confinarlas para intentar frenar la expansión del virus. Ya se habla de programas de alivio de deuda para países empobrecidos y que se endeudaron.

En Nicaragua no ocurrió eso, sino más bien el Gobierno tardó meses para presentar solicitudes de financiamiento ante los organismos  internacionales y no impulsó programas de asistencias para los que perdieron sus empleos ni confinó a la ciudadanía. Aun así el Ejecutivo ha buscado recursos para reactivar la economía.

Los riesgos

El  economista  Marco Aurelio Peña considera que el endeudamiento tiene sentido si y solo si serviría para reanimar los niveles de inversión, en aras de un eventual proceso de reactivación económica, que implique el incremento de los niveles de producción y, por supuesto, la creación de bienes de  capital de cara al consumo futuro; pero si solo se está apostando al endeudamiento  para sostenerse como Gobierno, esas no son  buenas noticias  para la economía nicaragüense.

«Es posible  también  que el Gobierno  esté  utilizando el dinero para cubrir huecos financieros, porque la reforma  tributaria de 2019 no incentiva la  producción nacional, al no haber sido promulgada con  base en una  negociación  multisectorial y porque aumentó tasas impositivas durante el ciclo económico y  hemos estado en tres años de crisis.  Por otro lado,  la reforma a la  seguridad social  solamente oxigenó a la institución  entre nueve y 12 meses, pero  sigue necesitando 300 millones de dólares al  año»,  declaró a LA PRENSA.

A este  economista   le preocupa que leyes  impuestas  a  Nicaragua de parte de Estados Unidos,  vengan a  dañar más la imagen país, haciendo referencia al proyecto de Ley Renacer. «La recuperación    va a tener  sentido  cuando  se restablezca y se reanime la dinámica inversionista, es decir,  no es el  Gobierno  en sí,   sino  la inversión  cuando  haya  condiciones,  y eso  depende de las  expectativas de cada individuo y   de la estabilidad política  producto de procesos electorales este año», dijo.

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La deuda  externa  pública de Nicaragua de casi  7,000 millones de dólares  significa que  el  60 por ciento del   Producto Interno Bruto   de Nicaragua equivale al nivel de endeudamiento  del país, a título del economista José Vélez Morgan. El problema, observa, es que si la economía no  crece, la recaudación de impuestos será baja  y se enfrentará problemas para cumplir  con  sus obligaciones de crédito.

«Nicaragua  será el único  país que, según  datos del  Banco Mundial (BM), no  va a  crecer en Centroamérica económicamente, entonces al no crecer el PIB, nuestra capacidad de  pago de la  deuda  estaría en conflicto»,  sostuvo. El Banco Mundial estimó el lunes reciente para Nicaragua una expansión de apenas 0.9 por ciento, la más baja de la región, y para el 2022 cree que será de 1.2 por ciento, tasas lejos del cinco por ciento observadas antes del 2018.

Se están pagando más rápido las deudas

Además, Vélez advierte sobre el aceleramiento en el pago de deuda pública externa. El año pasado el sector público en servicio de deuda abonó  352.9 millones de dólares, de los cuales 236.5 millones correspondieron a pago de principal y 116.4 millones a intereses y comisiones. En el 2019 se pagó 329.1 millones de dólares, un nivel que también siguió en aumento si se compara, por ejemplo, con 2017, cuando se pagaba 188.7 millones de dólares.

«Esto  indica que nosotros pagamos un millón de dólares  diarios,  sea para el  principal o sea para intereses, entonces eso es un  gasto  que merma  la capacidad de  poder  invertir en  salud,  educación y  muchos rubros que son  esenciales», refiere Vélez. Es realmente  difícil  disponer de un  millón de dólares diarios  para cumplirles a los organismos multilaterales con  los pagos, si la economía no logra crecer, dijo.

Recordó que el FMI  ya hizo una advertencia ante las dificultades serias en  la Balanza de Pagos de Nicaragua.  «El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy la solicitud de Nicaragua de asistencia financiera de emergencia por un monto total de aproximadamente  185,32 millones de dólares para ayudar a Nicaragua a satisfacer las necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas de la pandemia de Covid-19», anunció en noviembre de 2020 ese órgano a través de un comunicado.

Vélez  señala que  cuando  el  FMI dijo que hay  «necesidad urgente de Balanza de Pagos», es  una alerta de  ese millón de dólares al día  que se deben  estar pagando  a los  acreedores. «El problema no es la  deuda del 60 por ciento  del PIB, sino la poca capacidad de  crecimiento que tenemos», señaló.

Y  a  manera de ejemplo dijo: » Es como  cuando vos decís  que alguien debe 3,000 dólares al  banco,   pero  gana  8,000 dólares  mensuales, entonces ahí  todo el mundo  está tranquilo; pero  cuando  pierde su  fuente de  ingresos y en vez de  ganar eso,   ganara  1,500 dólares  y debe 2,000, ahí  ya hay una dificultad «, precisó,  tras agregar que exactamente  así está Nicaragua.

Otro punto a tomar en cuenta

El economista Welbin Romero señala que si bien hay endeudamiento que se está contratando, no para aumentar la capacidad exportadora, sino para fines más sociales, cree que aún este es manejable, pero advierte que hay que hacer revisiones.

«Vivienda no es exportable, eso son los un poco más de 180 millones del préstamo del BCIE. Aunque en esos términos la ampliación de la capacidad exportadora no ha sido lo más dinámico, hemos usado el endeudamiento para consumo, aún no hay problemas con la capacidad de endeudarnos. Por ejemplo, en electricidad hemos ampliado la capacidad instalada hasta en 180 por ciento  por encima de la demanda máxima, pero no hemos exportado ni un kilovatio, al contrario nos mantenemos como exportadores netos», precisó Romero.

El problema de  estos préstamos  hay que verlo desde la perspectiva de sus efectos en la pobreza, en la distribución del ingreso. «Estos son préstamos que los pagamos todos y por el tipo de impuestos que más recaudan, pagan más los que tienen menos ingresos, pero las ganancias son para los que tienen más ingresos.  Y ese es un problema actual. El préstamo a la electricidad lo pagamos todos, pero las ganancias son para los generadores», criticó.

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Nueve contrataciones 

Pero más allá de la sostenibilidad de la deuda pública, lo cierto es que en el 2020 el régimen de Daniel Ortega contrató nueve  préstamos por 791.1 millones de dólares con acreedores multilaterales y bilaterales. Los  plazos establecidos fueron de 20 años, con  período de gracia de seis años y tasa de interés promedio ponderada de dos por ciento.

Del total contratado, el BCIE otorgó dos préstamos por 471.7 millones de dólares, de los cuales 300 millones de dólares correspondieron al Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y la Protección Social  y 171.7 millones de dólares para el Programa Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social.

El Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) otorgó dos préstamos por 50.5 millones de dólares, de los cuales 30 millones corresponden al Proyecto de Camino Rural Ochomogo – Las Salinas  y 20.5 millones para el Proyecto de Transmisión Eléctrica Rural El Tortuguero – La Esperanza.

El FMI,  por su parte,  otorgó un crédito por 185.3 millones para el Programa de “Asistencia financiera” bajo el instrumento de financiamiento rápido y desembolso de crédito rápido entre el FMI y Nicaragua. Asimismo, el BID financió 43 millones de dólares para el proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública, a fin de atender la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19.

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