El Ejército de Nicaragua catalogó como una «campaña de desprestigio» en su contra el informe presentando el martes por el secretario de Estados de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega, en el que señaló que los grupos parapoliciales, los civiles no uniformados, enmascarados y armados que se dedicaron a reprimir las protestas ciudadanas actuaron “en coordinación con las fuerzas de seguridad gubernamentales, bajo el control directo del gobierno”.
Esto vincula directamente al Ejército, ya que el mismo informe dice que la institución castrense, si bien es responsable de velar por la seguridad externa del país, tiene algunas responsabilidades de seguridad interna y, al igual que la Policía, reporta directamente al presidente.
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Ejército rechaza señalamientos
LA PRENSA se comunicó con la oficina de prensa del Ejército de Nicaragua para consultar directamente su posición y versión en cuanto a los señalamientos que hace el Departamento de los Estados Unidos, y al respecto la institución rechazó enfáticamente esas acusaciones asegurando que solo tienen como objetivo crear una «campaña de desprestigio» para la entidad.
El coronel Álvaro Francisco Rivas Castillo, jefe de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua, respondió que ”rechazamos toda la campaña de desprestigio en contra de nuestra institución, tratando de desvirtuar nuestro quehacer institucional”.
Agregó que los señalamientos están hechos “desde fuentes no creíbles, que bajo oscuros intereses sistemáticamente hacen acusaciones infundadas sobre nuestras misiones de resguardo, protección y seguridad de nuestro suelo patrio, donde no permitimos, ni permitiremos jamás que nuestras leyes sean violentadas ni por extranjeros y ni nacionales».
Entre otras acciones que Estados Unidos atribuyó al Ejército está la detención de los opositores Hader González y Cristian Meneses el pasado 15 de agosto de 2020 en la frontera Sur. Al respecto Washington afirmó que ambos ciudadanos fueron apresados ilegalmente mientras sus familiares desconocían su paradero y presentados como delincuentes sin tener pruebas al respecto.
«González y Meneses no recibieron asesoría legal y sus familias no fueron informadas de su paradero hasta el 20 de agosto, cuando el Ejército los presentó públicamente, vinculando su captura con un asesinato a principios de año. El Ejército se refirió públicamente a González y Meneses como delincuentes, aunque la Policía no confirmó formalmente su arresto hasta el 21 de agosto», detalle el reporte.
Sobre este punto, el coronel Rivas respondió que al momento de la captura ambos ciudadanos portaban una pistola marca Taurus, calibre 380 mm, y una cédula a nombre del señor Gregorio Francisco Quintero Balladares, quien supuestamente había sido asesinado en Nueva Guinea, y reiteró que los dos detenidos efectivamente son «delincuentes».
«Quiero señalar que nos llama mucho la atención aquellas personas que hacen señalamientos sobre nuestra institución y específicamente sobre esta captura, tienen que tener mucho cuidado, en el sentido de que resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por estos delincuentes», dijo el representante de la institución castrense.
«En el Ejército de Nicaragua, siempre actuamos como lo mandata la Constitución Política y las leyes y no por criterios sesgados que quisieran que violentemos nuestro marco legal de actuación», agregó.
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El gobierno norteamericano expresó que desde el 2018 que estallaron las protestas antigubernamentales los grupos armados al servicio de Daniel Ortega ejecutaron una campaña de hostigamiento y violencia contra aquellos que son considerados enemigos de la dictadura, como son los defensores de derechos humanos, exreos políticos, familiares de las víctimas y contra la misma Iglesia católica.
«El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018. El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad de los derechos humanos abusadores que le eran leales», refirió Estados Unidos.
