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CONTENIDO EXCLUSIVO.Antonia Urrejola Noguera, recién nombrada presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró a LA PRENSA que el deterioro democrático, las violaciones de derechos humanos y la impunidad son tan graves en Nicaragua, que se tuvo que agregar un capítulo aparte en el informe anual de este organismo, para documentar con profundidad la situación que vive este país.
En contraste, Urrejola reconoce que ha sido difícil mantener el tema de Nicaragua en la agenda internacional, en parte por las gestiones y estrategias del Estado de Nicaragua, controlado por el régimen de Daniel Ortega, para promover la sensación de normalidad y superación de la crisis en el país.
Ahora, en su faceta de presidenta de la CIDH, Urrejola sigue igual de comprometida con Nicaragua, como cuando visitó el país en 2018 como comisionada y relatora para Nicaragua de este organismo, para constatar la represión contra las protestas civiles.
Aseguró que aunque su organismo no es político, está a la expectativa del plazo de mayo que estableció la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se hagan cambios en el sistema electoral antes de que comience el proceso de las próximas elecciones del domingo 7 de noviembre.
Urrejola es la primera mujer en liderar la CIDH y además trabaja a la par de un equipo conformado en su mayoría de mujeres, pero quiso dejar claro que eso no significa que se haya superado la brecha de género en el mundo; más bien lo consideró un hecho simbólico.
¿Qué significa ser la primera mujer al frente de la CIDH, pero además contar con dos vicepresidentas mujeres?
El carácter simbólico de este hecho es muy importante, la junta directiva completa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está compuesta por mujeres y es la primera vez que eso ocurre. Además, el pleno de la CIDH hoy está compuesto por cinco mujeres y dos varones, algo que el año pasado también fue destacado.
Ahora bien, esto no puede hacernos creer que llevamos ventaja en la superación de las brechas de género en el mundo y en nuestra región, ni siquiera en la comunidad de derechos humanos en el continente. La propia Comisión continúa atenta a las brechas de género que se continúan observando en el acceso a la justicia, en el ámbito laboral y salarial, en la violencia intrafamiliar y de género, incluso en el ámbito de la represión estatal, en contextos de crisis sociales y políticas.
En Nicaragua hemos observado un patrón represivo en que se observan ataques de tipo sexual a mujeres, e incluso casos de violación sexual durante la crisis de derechos humanos que, pese a todos los esfuerzos internacionales, persiste hasta hoy la violación, entre otros.
Estos hechos simbólicos en que mujeres asumimos funciones de responsabilidad, nos alegran, pero también nos recuerdan todas las tareas que hay pendientes.
¿La CIDH qué evaluación general ha hecho sobre el gobierno de Ortega y Murillo?
La CIDH ha evaluado la situación de Nicaragua como una grave crisis de derechos humanos en la cual se han dado hechos represivos sumamente graves e incluso, como lo indica el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, podrían en algunos casos llegar a constituir crímenes de lesa humanidad, es decir, el tipo de violación a los derechos humanos más graves que se pueden cometer.
Si a esa situación usted suma la absoluta impunidad con que se han abordado estas violaciones y ataques a los derechos de las personas, la situación se aprecia más grave aún. La impunidad no solo ha sido la inacción de todas las agencias estatales que pudieran haber abordado estos asuntos, como la propia Policía, el Ministerio Público, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Poder Judicial; sino por la promulgación de tres leyes en el año 2019 dictadas bajo la supuesta intención de reconciliación, en las que se establecen sistemas de atención a víctimas, sistemas de reparación, así como comisiones locales de reconciliación, justicia y paz que, en los hechos, solo han intentado perpetuar la impunidad.
Además, la Comisión ha documentado un deterioro objetivo en las instituciones democráticas, al punto que ya a fines de 2018, reportábamos al Consejo Permanente de la OEA que esta situación calificaba para referirnos a una alteración de orden constitucional y democrático de Nicaragua. Con base a lo cual la OEA viene analizando la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática a Nicaragua.
Debido a ese mismo deterioro, Nicaragua ha sido incluido, con un capítulo aparte, en el informe anual de la CIDH para los años 2018, 2019 y 2020. Todo ello porque aparece claramente manifestada una falta de independencia del Poder Judicial, y de cualquier órgano que pudiera, en un régimen democrático funcionar como contrapeso o balance de la rama ejecutiva. Tenemos un Ministerio Público y una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que claramente funcionan como agencias de Gobierno, sin ninguna independencia. Ello ha provocado específicamente que la referida Procuraduría de Derechos Humanos haya sido rebajada en su calificación internacional.
En suma, grave represión, impunidad y serio deterioro de las instituciones democráticas. Todo este ambiente permite hoy día observar un país en que, como hemos indicado públicamente, vive un verdadero estado policial. Toda persona que ejerce un liderazgo en materia de derechos humanos o liderazgo social o político disidente, es hostigada de manera permanente, no se le permite salir de su casa o de su ciudad, o se le sigue permanentemente.
¿Ya cuentan con respuesta de Ortega para retornar a realizar su trabajo como CIDH?
No, hace mucho tiempo que no recibimos comunicaciones oficiales ni informales del Estado de Nicaragua, por eso vimos con mucha esperanza la asistencia de la Procuradora General a la audiencia pública ante la Comisión, celebrada el pasado 18 de marzo y solicitada por organizaciones de la sociedad civil, en que se analizó la situación producida por la colonización de los territorios indígenas en las regiones autónomas del Caribe nicaragüense. Estas pequeñas señales nos dan alguna esperanza de un diálogo constructivo con el Estado de Nicaragua que permita abordar con la urgencia necesaria la crisis que afecta al país. Los regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega en Nicaragua, parecen inmunes a los llamados y las acciones de la CIDH.
¿Cómo se puede presionar de una forma efectiva a estos regímenes para obligarlos a cumplir con el respeto a los derechos humanos?
Ningún Estado es inmune a los llamado hechos por los actores de la comunidad internacional, lo que ocurre, que es el actor principal en las relaciones internacionales y en el respeto de los derechos humanos, es que siguen siendo los Estados. Y si los Estados no tienen voluntad de promover los cambios necesarios para superar graves situaciones como la que actualmente ocurre en Nicaragua, pues las cosas son más difíciles. Pero eso siempre cambia en algún momento; le insisto, los gobiernos y los Estados no son inmunes a las demandas de la comunidad internacional, sobre todo cuando estas se basan en las demandas articuladas por la propia sociedad local, como ocurre con la activa sociedad civil nicaragüense, que no tiene un minuto de descanso exigiendo justicia y restablecimiento de las garantías democráticas.
¿Cómo tomó la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a la misión de la CIDH en diciembre de 2018?
Era algo que estaba dentro de las posibilidades, pero ¿sabe qué? Hay algo que nos pasa a todas y todos los que nos acercamos a Nicaragua, un apego muy fuerte con esta tierra y con su gente. Esas cosas que uno lee en las novelas de Gioconda Belli o de Sergio Ramírez, en los poemas de Ernesto Cardenal, se genera un cariño fluido y sin grandes explicaciones.
Entonces la expulsión de la CIDH, y de sus dos equipos en terreno en ese momento, el Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) y el GIEI, produjo mucha tristeza, principalmente en todas y todos nosotros, pese a que como le digo era algo perfectamente esperable dadas las circunstancias enfrentadas en ese momento.
Ese compromiso por Nicaragua, que ciertamente está basado además en el mandato convencional que tiene la Comisión Interamericana, hace que mantengamos el monitoreo, como se dice hoy, en línea de lo que ocurre en el país. Siempre decimos que tal vez la nicaragüense será la crisis de derechos humanos mejor documentada de la historia. Si eso es así, primero debemos decir que eso se debe antes que nada al compromiso y la valentía de la propia sociedad civil nicaragüense, sus periodistas, sus defensoras y defensores de derechos humanos, a las organizaciones de víctimas, a sus liderazgos sociales como el campesino y el estudiantil, a sus movimientos sociales, entre otros; todas ellas y ellos siguen trabajando y luchando por justicia y verdad sin descanso.
¿Cómo fue lidiar con un gobierno que no los quería en su país?
La narrativa que usaron para sacarnos del país, fue precisamente que se suspendían las visitas de la CIDH al país y que se entendía terminado el mandato del GIEI. Pero palabras más, palabras menos, nos expulsaron del país y eso era algo que, como le dije, sabíamos que probablemente vendría.
El reglamento de la Comisión permite que esta, en el contexto de las visitas en terreno, como la que estaba haciendo en Nicaragua, se dirigiera al lugar que determinara sin restricciones de la autoridad estatal, para corroborar información y así realizar un monitoreo de lo que ocurre en el país. Pues cada vez que los equipos en terreno, en el ejercicio de esta regla, se movían a algún lugar sin pedir autorización de las autoridades del Estado, por ejemplo, a una estación de policía en alguno de los distritos de Managua, o a los tribunales para hacer presencia en las audiencias judiciales (lo que nunca se pudo hacer) o al Chipote a comprobar la detención de los chavalos y chavalas detenidos en León, que luego fueron excarceladas en 2019, los equipos eran citados por la autoridad para decirnos que no podíamos hacer eso y que la mantención de los equipos en el país dependía —como efectivamente ocurría— de la voluntad del Estado. Esa fue una situación muy tensionante para los equipos que estaban en terreno, porque había que decidir permanentemente a dónde ir y a dónde no, con el fin por un lado de seguir realizando las labores propias del mandato de la Comisión, pero evitar que las autoridades nos expulsaran.
¿Qué es lo que más recuerda de su visita a Nicaragua en 2018?
Hay dos cosas que me marcaron en la visita a Nicaragua, las madres y su valentía frente al enorme dolor de la pérdida de sus hijos; yo soy madre también y siento una empatía natural con esa situación. El abrazo de las madres, en mayo de 2018, me marcó para siempre. Lo otro fueron las y los estudiantes, su vitalidad, su juventud me recuerdan que ellas y ellos son el motor de cambio, no solo en Nicaragua sino en todo nuestro continente.
¿Piensa regresar a Nicaragua?
Regresaremos apenas se pueda, es decir, apenas el Estado lo permita.
¿Qué acciones podemos esperar de su gestión como presidenta de la CIDH para apoyar a Nicaragua a superar la crisis de derechos humanos que vive el país?
Hasta ahora no ha sido fácil mantener la grave situación de Nicaragua en la agenda internacional, pero pese a todas las dificultades, tales como otras graves situaciones de derechos humanos en el continente, la pandemia por Covid-19, las gestiones y estrategias del Estado para promover la sensación internacional de normalidad y superación de la crisis en el país; pese a todos esos factores, Nicaragua se mantiene en la agenda americana como prioridad y también en la agenda internacional en general.
Entonces ese es nuestro primer compromiso, mantener a Nicaragua en la agenda, y eso se consigue con el registro y denuncia internacional permanente, constante de los hechos que ocurren en el país: el cierre de todos los espacios democráticos, la persistencia de la situación afecta a los pueblos indígenas, el registro preciso de la actividad represiva desplegada por el Estado. La CIDH seguirá ahí desmintiendo el discurso de normalidad, con evidencia precisa y con estrecho contacto con la sociedad nicaragüense.
Lo segundo que distingue nuestro compromiso es nuestra intensificación de la labor de entrega de capacidad a la sociedad civil en materia de derechos humanos, con el fin de la ya activa sociedad nicaragüense esté más consciente de los procesos que viven y de cuáles son las exigencias en esos procesos en materia de derechos humanos. En 2021 y 2022 seguiremos llevando adelante labores de capacitación y transferencia de capacidades hacia Nicaragua en materia de estándares interamericanos. Incluso si el Estado requiere asistencia técnica para el restablecimiento de las garantías democráticas en el país —siempre lo hemos ofrecido públicamente—, cuenta con ella. La cooperación técnica con los Estados es una labor esencial para la CIDH, no solo se trata de denunciar. También de generar institucionalidad de derechos humanos y políticas públicas acordes a los estándares interamericanos, y en eso, la alianza con los Estados es fundamental. Lo tercero, el registro de información, con la finalidad de contribuir a los procesos futuros de verdad, justicia y memoria. Estamos llevando adelante proyectos relacionados con esa labor y ello será especialmente atendido este año.
¿Qué exige la CIDH al Gobierno de Nicaragua en este año electoral?
Debido a que la CIDH no es un órgano político sino uno de derechos humanos, debemos ser especialmente prudentes en el ámbito político, sobre todo en un año como el presente en que se esperan elecciones generales.
Al mismo tiempo no hay que olvidar que hay estándares de derechos humanos en materia electoral en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de ellos se sigue en síntesis que deben haber condiciones de contexto que permitan elecciones libres, justas y transparentes y en ese contexto, solo quiero mencionarle un aspecto que ha sido observado por la CIDH desde antes de este año en el país: ya el 2018 y a comienzos del 2019 la Comisión señaló que el Consejo Supremo Electoral no goza de independencia. Un segundo factor preocupante en este contexto son las características específicas que ha tomado el despliegue represivo del Estado en los últimos meses, impidiendo físicamente que gente identificada como opositora y con reconocido liderazgo pueda salir incluso de su propia casa y realizar reuniones, desplegarse, emitir opiniones públicas de manera libre, sin presiones.
Como se sabe públicamente, la OEA ha pedido al Estado de Nicaragua realizar reformas en un plazo que vence en mayo. Obviamente estaremos muy atentas y atentos a esos desenvolvimientos.
¿Cómo se ve una ley que inhibe a los candidatos opositores por considerarlos traidores a la patria, como una ley aprobada en diciembre de 2020?
La ley a la que usted se refiere es la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Esta ley es tal vez el mejor ejemplo de cómo, por medio de una ley, se pretenden cerrar los espacios públicos y particularmente políticos. Por medio de un lenguaje general, en el que se llega al paroxismo de incluir a quien “aplauda” alguna sanción económica, entre otras, se determina que una persona es “traidor” o “traidora” “a la patria” y, por lo tanto, no puede acceder a cargos de elección popular; además de ese lenguaje que es genérico en sí mismo, no se establece ningún procedimiento ni autoridad competente para declarar que tal o cual persona está en esa situación, lo que deja completamente abierta la posibilidad de que alguna autoridad del ejecutivo, o una autoridad judicial o electoral, que en la actualidad carecen de independencia, decidan discrecionalmente que una persona está afectada por esta inhabilidad porque “aplaudió una sanción” o “promovió un golpe de Estado” o desarrolló actividades de “desestabilización” y con eso la o lo sacan, de un plumazo, de una eventual contienda electoral.
No es necesario ser experto para entender qué se pretende hacer con esa ley, en un año como el que enfrenta el país. Pero además, esta norma afecta de manera muy obvia obligaciones internacionales de respeto, garantía y protección de los derechos políticos previstos en el artículo 23 la Convención Americana.
¿Quién es Antonia?
Antonia Urrejola, de 52 años, es oriunda de Providencia, Santiago de Chile. Su papá era economista y arqueólogo; y su mamá, María Inés, era profesora.
Es la hija menor de tres hermanos: Pascuala, su hermana mayor, doctora; y Carlos, economista.
Tiene 26 años de casada, con 4 hijos: tres hombres y una mujer.
Es abogada graduada por la Universidad de Chile.
Su propia historia personal la motivó a ser defensora de derechos humanos.
“Después del golpe de Estado en Chile, mis padres ayudaron a muchos perseguidos políticos. Mi padre estuvo detenido y luego mi familia exiliada. Ser testigo directo de los impactos de las graves violaciones a los derechos humanos en las víctimas, su familia, la sociedad toda. Y el privilegio de haber tenido maestras y maestros defensoras de derechos humanos que me inspiraron, como José Zalaquett”, manifestó Urrejola.