El juicio oral contra el hondureño Roberto David Castillo, en prisión desde 2018 como presunto autor intelectual del asesinato hace cinco años de la ambientalista Berta Cáceres, comenzó en Honduras.
El poder Judicial de Honduras indicó que la audiencia se celebra en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y se inició con más de tres horas de retraso por la dilación en el traslado del acusado desde prisión.
Castillo, ex presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, cuando al parecer pretendía salir del país.
DESA impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medio ambiente.
La familia de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y su equipo legal indicaron que el juicio contra Castillo debe “ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen” de la ambientalista.
El asesinato de Cáceres tuvo su origen “en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del sagrado Río Gualcarque”, donde se pretendía construir la represa Agua Zarca, añadieron.
Pese a protección de CIDH
Berta Cáceres, ganadora del premio ambiental Goldman, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, cuando Castillo era presidente ejecutivo de DESA.
El crimen se consumó pese a que Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
La prueba contra Castillo “es contundente e irrebatible, para comprobar su participación en el crimen de Berta y otros delitos”, señaló la familia de la ecologista.
En el juicio, la defensa de la familia de la ambientalista espera probar “los ataques y las agresiones sistemáticas en contra de Berta Cáceres, la comunidad lenca y el COPINH como represalia a su labor en la defensa y reivindicación de derecho”.
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Confía, además, en que al finalizar el juicio Castillo reciba “una sentencia condenatoria en un proceso que cumpla con todos los estándares del debido proceso”.
Según la Agencia Técnica de Investigación Criminal de Honduras, el acusado fue el encargado de “proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya condenado por el crimen de la ambientalista”, en un caso que conmocionó al mundo.
En noviembre de 2018, cuatro acusados fueron condenados a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del hecho sangriento.