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CONTENIDO EXCLUSIVO.Camisa color rosado fucsia, y en el pecho, mangas y cuello un grabado de propaganda política para Daniel Ortega y Rosario Murillo. Corona su atuendo con una gorra que hace juego y más propaganda política. Danilo Sánchez es la persona que viste así, sentado en el banquillo de los acusados del Juzgado Segundo Local Penal de Managua. Luce molesto. Lo está. Junto con otro transportista, Danilo Sánchez es señalado por diez socios de la cooperativa de transporte colectivo Pedro Joaquín Chamorro, de la ruta 113, de tres delitos: apropiación y retención indebida de subsidio tarifario, uso de documento falso y gestión abusiva en perjuicio de los diez socios.
Esa escena es de febrero 2017, pero más allá del señalamiento y su molestia, Sánchez no tuvo más que perder. Salió bien librado. Tiene tan buen crédito en los círculos de poder de la capital que la Alcaldía de Managua le adjudica contratos millonarios para que brinde el servicio de viajes en buses para actividades no reveladas por las autoridades municipales, donde todas las unidades utilizadas pertenecen a la flota del Transporte Urbano Colectivo (TUC). Las más usadas son de la Cooperativa Omar Baca, de la ruta 104, donde él es el presidente.
El mismo año que Sánchez enfrentó las acusaciones, ganó la primera licitación de la Alcaldía, apareciendo como oferente del Servicio de Transporte Sánchez. En el contrato, firmado por Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía, aparece que su oferta cumplió con los documentos de elegibilidad, alcance y tiempo de prestación del servicio, formas de pago y además que es “una oferta por costos unitarios que son favorables a los intereses de esta institución”.
El monto total fue por nueve millones de córdobas, de los cuales dos millones serían cancelados con el Presupuesto Municipal 2017 y los restantes siete millones con los fondos de 2018. También con la posibilidad de renovación hasta por dos años.
En el contrato aparece una tabla de costo por viaje, dependiendo del destino. Llama la atención que son 13 sitios y solo uno está tasado si es Managua, el cual se fijó en el documento en 2,500 córdobas. Los otros viajes oscilan de 5,000 a 16,000 córdobas y corresponden a Granada, León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Boaco, Ocotal, Juigalpa, Rivas, Somoto y San Carlos, todos destinos ajenos a la municipalidad de la capital.
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LA PRENSA comprobó que en 2019 la municipalidad de Managua le volvió a dar otro contrato a Sánchez. Esta vez por 4.7 millones de córdobas, para garantizar 1,697 viajes. En este contrato no se establece el precio por destino y es la alcaldesa Reyna Rueda quien firma en representación de la comuna en vez de Moreno, esto porque él ya había sido sancionado por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky.
LA PRENSA intentó abordar a la alcaldesa Reyna Rueda para que explicara sobre las contrataciones, pero se negó a brindar declaraciones. Asimismo se buscó a Sánchez en la oficina de Urecootraco, ubicada en San Judas, y en la Cooperativa Omar Baca, en el barrio Hialeah, y no se encontró. Se dejó un número telefónico del Diario, pero no llamó. “A él no le gusta darle declaraciones al medio de comunicación (LA PRENSA)”, advirtió un socio de la Omar Baca cuando se le buscó en la cooperativa previo a Semana Santa.
¿Quién es Danilo Sánchez?
Sánchez nació en Managua en 1970 y desde 2009 es el presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (Urecootraco), que aglutina una parte de la flota del TUC. Pero en la práctica controla prácticamente a todo el sector, valiéndose de que es el “enviado” del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y goza del respaldo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Él no es negociador, no tiene esa habilidad. Él se siente el fuerte porque dice: ‘Hagan tal cosa’. Y si uno lo cuestiona, advierte: ‘No jueguen con el partido, ya conocen al Frente cómo es, ya saben lo que les va a pasar'”, confió el socio de una cooperativa de buses quien solicitó anonimato para no ser expulsado o castigado con el subsidio estatal por filtrar información.
Antes que Ortega volviera al poder en 2007, Sánchez era una persona calma. Así se proyectaba. Pero a partir de ese año, y más cuando llegó a la presidencia de Urecootraco, cambió. Empezó a ser un hombre que va de frente y siempre recuerda que “el partido manda a decir…”. Ahora su estilo es lanzar amenazas a cualquiera que esté en contra de la voluntad del partido.
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De cómo funciona el pago de viajes
Si son pocas unidades las que la Alcaldía solicita un día, estas salen de la ruta 104 y MR4 —esta última de la Cooperativa Samuel Mairena, también controlada por Sánchez—. Si la demanda es mayor, entonces se llama a los presidentes de otras cooperativas para que bajen la orden a algunos socios y estos suspendan sus habituales recorridos y realicen traslados puntuales para el partido de Ortega.
El pago que se recibe está por debajo del costo del viaje real y llega semanas después. Según algunos socios, a veces hay servicios que no son pagados, como fue el traslado de reos comunes del Sistema Penitenciario Jorge Navarro (La Modelo) y Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (La Esperanza), que el jueves 25 de marzo recibieron el beneficio de convivencia familiar. Pero el que se queje o reclame un pago por estos servicios al Gobierno, sabe que perderá mucho más que el costo de esa gira. Nadie puede reclamar nada.
Siempre bajo anonimato, socios de varias cooperativas denunciaron que Urecootraco, nacida en 1992 para aglutinar el transporte colectivo de la capital, les vende las llantas de los buses a un precio mayor del mercado. “Nos las impuso Urecootraco”, aclaró uno de ellos. De eso tampoco se pueden quejar. Para ser presidentes de cooperativas, socios y choferes, deben seguir sin chistar la ruta que trace Danilo Sánchez.