La compañía estadounidense de tiendas de café Riverside Coffee LLC demandó a Nicaragua ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), porque alegan la destrucción de una inversión establecida en el país. El caso se expuso ante la Secretaría General de Ciadi el 2 de abril de 2021 y se sustenta en cláusulas establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, DR-Cafta.
El DR-Cafta en el capítulo diez, sección B: Solución de Controversias Inversionista-Estado, establece que cuando el demandante ha sufrido pérdidas o daños por violaciones, podrá someter a arbitraje una reclamación en la que alegue que el demandado ha violado una obligación, una autorización de inversión o un acuerdo de inversión.
Riverside Coffee LLC dirigió la demanda al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) de Nicaragua, hasta el momento ni la compañía ni el Ciadi han revelado cuánto es el monto de la demanda. Las autoridades del Mific tampoco se han referido al caso.
Algo que si se conoce en Nicaragua es que ocurrió la toma de tierras en abril de 2018, cuando en medio de la crisis social política algunas personas se apropiaron de propiedades de nacionales y extranjeros. Upanic recibió 68 denuncias por la ocupación ilegal de 10,205 manzanas en 2018. Hasta la noviembre del año pasado, el último reporte de Upanic expresaba la invasión de 28 propiedades en 6 departamentos del país, representando un área de 4,761 manzanas, afectando a un total de 19 ciudadanos.
De esas tierras tomadas, el 61 por ciento corresponde a actividades agrícolas, 30 por ciento pecuarias, ocho por ciento forestal y el restante era de uso industrial y otros.
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¿Podría tener consecuencias a nivel de país?
El gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Mario Arana, sostiene que esta demanda en contra de Nicaragua no es un punto en contra para que el país sea suspendido del DR- Cafta porque solo es un problema técnico. “Si Nicaragua es suspendida del Cafta será por razones políticas tal y como se ha venido diciendo, es decir, si no hay elecciones legítimas en el país entonces podrían excluirlo”, advirtió.
Arana destacó que Estados Unidos dejó fuera de acuerdos comerciales a Myanmar debido a los conflictos políticos en ese país, un claro de parte de Estados Unidos, dijo.
Aunque esta demanda en contra de Nicaragua no sea un punto a favor para sacar al país de este tratado según Arana, especialistas internacionales, durante una reunión con senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, habían recomendado reconsiderar la participación de Nicaragua dentro del DR-Cafta por las violaciones de derechos humanos, que van contra los principios del tratado comercial.
“Estados Unidos debería reconsiderar la participación de países considerados no libres en el informe de libertad mundial que anualmente elabora Freedom House, eso significa que se debe reconsiderar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta)”, sostuvo Ryan C. Berg, investigador de gobernanza del American Enterprise Institute (AEI, siglas en inglés), en reunión con los legisladores semanas atrás.
Berg declaró, además, que Estados Unidos no tiene ningún interés en permitir que sus acuerdos de libre comercio refuercen los aparatos de seguridad de los Estados autoritarios. “Los acuerdos comerciales brindan una influencia significativa para obtener concesiones tanto de los líderes autoritarios como de las democracias en retroceso”, observó.
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Por su parte el presidente de APEN, Guillermo Jacoby, resaltó que el Cafta es un tratado muy amplio y en medio de su contenido expresa que el Gobierno de Nicaragua debe garantizar el respeto a la propiedad privada.
Jacoby explicó que para que la empresa demandante tenga éxito en el proceso deberá presentar todas sus pruebas y dejar claro que el Gobierno de Nicaragua no actuó responsablemente ante la invasión de sus propiedades. A su vez expresó que el Gobierno deberá demostrar que actuó con beligerancia para efectos de garantizar los efectos de la seguridad de los inversionistas y de ese modo poder tener la ventaja en el proceso legal.
Los demandantes cuentan con la firma canadiense de abogados Appleton & Associates International Lawyers (Toronto).
Según información de Ciar Global, revista de arbitraje para la comunidad iberoamericana, este arbitraje de inversiones es el tercero que recibe Nicaragua ante Ciadi. Anteriormente se debatió el caso sobre “Shell Brands International AG y Shell Nicaragua SA” (ya concluido) y “The Lopez-Goyne Family Trust” el que aún pendiente y relacionado con una concesión petrolera.