Hicieron la seña del número dos para tomarse fotos con don Fabio Gadea Mantilla y fotografiaron a doña Vilma Núñez desde que llegó al puesto de vacunación hasta que salió de ahí. Luego los expusieron en redes sociales para recordarles que estaban haciendo uso de un derecho “garantizado” y “facilitado” por “el gobierno del comandante Daniel”.
El 6 de abril el Ministerio de Salud (Minsa) inició la segunda fase de vacunación contra el Covid-19, empleando 335 mil dosis de Covishield donadas por el Gobierno de la India y la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del mecanismo Covax, que beneficia a países en vías de desarrollo. Desde entonces partidarios del régimen Ortega Murillo se han dedicado a acosar y exponer a ciudadanos opositores que hacen uso de su legítimo derecho a la salud.
Además de Gadea Mantilla, de 89 años, y Núñez, de 82, han sido fotografiados Luis Carrión, de 68 años y excomandante del Frente Sandinista, así como el cronista deportivo Edgar Tijerino, de 76, y el excanciller Norman Caldera, de 74.
“Degenerados”, “sinvergüenzas” y “caras de barro” son algunos de los epítetos que simpatizantes de la dictadura les han dedicado; sin mencionar los peores, porque los hay.
Para expertos en temas jurídicos, de salud y de derechos humanos esta campaña de escarnio a adultos mayores que han destacado en la oposición es condenable desde cualquier punto de vista.
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Lo que dice la ley
Dar gracias al Gobierno por una vacuna sería “como agradecerle a un cajero automático porque te entregue tu dinero”, señala Carlos Pérez Zeledón, consultor jurídico. “El artículo 59 de la Constitución Política establece que los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud y que corresponde al Estado la responsabilidad de dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en defensa de la misma”.
A juicio de Pérez Zeledón, el gobierno de Ortega ha incumplido con el deber de crear las condiciones de prevención y atención de la pandemia, y ahora que ha iniciado la vacunación está “permitiendo que se generen campañas de odio político para desanimar a sus opositores y que no acudan a vacunarse”.
La campaña que ridiculiza a los opositores que se vacunan —afirma el consultor— “es contraria a la participación popular en defensa de la salud”.
Para el médico Armando Herrera, especialista en Ginecología y Obstetricia, con esta campaña la dictadura “quiere dar a entender que nos está haciendo un favor, cuando en realidad es culpable de la exposición de personas al peligro” por el mal manejo que ha dado a la pandemia.
Hasta el momento todas las vacunas que el Minsa está administrando son donadas; pero incluso si fueran compradas, habrían sido adquiridas “con los impuestos de la gente”, dice Herrera. “No le debemos nada al gobierno Ortega Murillo, porque ni un cinco sale de sus bolsillos y todo está establecido en la ley de Salud”, destaca. “No nos están haciendo ningún favor, todo lo contrario, están aprovechando la situación como un mecanismo de publicidad electoral”.
En ningún país del mundo “hay que agradecerle nada a un gobierno”, subraya el médico. “Ellos solo son administradores de nuestros fondos públicos y aparte tienen que manejar a cabalidad nuestras políticas públicas; y nuestras políticas públicas dicen ‘salud para todos’, sin diferencia etaria, ni de sexo, ni de religión, ni de nada”.
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Un derecho elemental
Doña Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), considera que situaciones como esta confirman “la naturaleza dictatorial” del Gobierno: “Ellos piensan que Nicaragua y todo lo que aquí existe les pertenece”.
Pero “es responsabilidad de cualquier gobierno hacer realidad los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio”, destaca. Y la salud no es solo un derecho humano, posiblemente sea el más importante de los derechos sociales “porque está íntimamente ligada con el derecho a la vida”.
No hay nada qué agradecer, insiste la directora del Cenidh. No son favores, ni dádivas, ni servicios, ni concesiones, son “derechos que la gente tiene que reclamar” y obligaciones que el Estado tiene que cumplir. Eso también aplica para las vacunaciones.
Pese a que opina que el régimen Ortega Murillo está aprovechando la situación para “hacer campaña política presentándose como el buen gobierno” a través de la instrumentalización de las instancias gubernamentales, Núñez está convencida de que la ciudadanía debe ir a vacunarse.
Para ella, “se está arrebatando ese derecho (a la vacuna) porque el Gobierno ha hecho todo lo posible para que la gente se contamine y mantener el secretismo” en un “manejo perverso” de la pandemia.
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Fuera de todo orden jurídico
Además de considerar que las 335 mil dosis donadas de las que el Minsa dispone en esta fase de vacunación son insuficientes para controlar la transmisión del Covid-19 en Nicaragua, el epidemiólogo nicaragüense Álvaro Ramírez opina que la campaña de exposición de opositores no es más que “manipulación y chantaje político”.
“Es una estrategia publicitaria del Gobierno, como hace cuando le da plástico negro y hojas de zinc a la gente”, afirma. Se trata de un intento de que la vacuna se perciba como “un regalo de la familia monárquica y dinástica”.
Por otro lado, al abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, le parece que “es una completa y grosera desfachatez”. Además, agrega, “eso de tomarles fotografías y publicitarlas para someterlos a escarnio es violatorio de derechos humanos”.
El Gobierno y sus partidarios “no solo están obligados a proteger tu derecho a la salud”, también deben “respetar tu integridad personal”, señala.
El hecho de que casi haya que “escribirles una poesía” para que te apliquen una vacuna “está totalmente fuera de todo orden jurídico”, sostiene el abogado. Hablamos de “bienes de la nación y los principales destinatarios de los bienes de la nación son sus ciudadanos, no el Gobierno.
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