Un día como hoy, pero de 2018, no será olvidado por los nicaragüenses, ya que fue cuando inició el estallido social generalizado contra los abusos e injusticias del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por segundo día consecutivo los ciudadanos se manifestaron en contra de las reformas en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y las agresiones del Gobierno, pero el reclamo ciudadano subió de tono.
Uno de los pueblos más aguerridos y luchadores del país se rebeló y reaccionó contra la represión estatal. Pobladores del barrio de Monimbó impidieron el paso a los antimotines y policías, quienes intentaron entrar al departamento de Masaya. Trabajadores de la salud, la alcaldía e instituciones del Estado recibieron órdenes de salir a las calles para contrarrestar la protesta ciudadana en ese lugar, pero no tuvieron éxito.
En la ciudad de León pobladores que protestaron contra las reformas al INSS resultaron agredidos por turbas orteguistas amparadas por oficiales de la Policía, mientras que asociaciones de jubilados en Chinandega y Boaco también rechazaron las dichas reformas y anunciaron las acciones a tomar.
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Universitarios lideran protestas
El corazón rebelde de los estudiantes universitarios despertó y de inmediato lideraron la lucha contra el régimen. Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA) se enfrentaron con brigadas de antimotines cuando protestaron por las reformas al INSS.
El régimen hizo uso de todos sus recursos para intentar manipular a la población, pero no pudo. Envió a su brazo político universitario, la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios (UNEN) a invitar a los estudiantes para que realizaran una marcha a favor de las reformas al INSS, pero la convocatoria fue un fracaso.
Mientras, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) pidió al régimen que no se reprima las manifestaciones populares en contra en contra de las reformas al Seguro Social. Por su lado, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) dijo que se oponían a la violencia y a cualquier acción que afecte el derecho de los nicaragüenses a manifestarse y movilizarse de forma libre y pacífica.
Las medianas y pequeñas empresas se sumaron al rechazo y dijeron que no avalaban las reformas al seguro social, incluso advirtieron que más de 15,800 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), no iban a contratar más trabajadores porque no podían soportar más aumentos en sus contribuciones.
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A pesar de la violencia desatada por sus turbas y la Policía, la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosario Murillo, aseguró que el régimen era víctima de una «manipulación perversa» de «minúsculos grupos», a quienes no identificó, como los responsables de atentar contra la paz y el desarrollo. Lejos de condenar y cesar las agresiones, describió como “legítima defensa” las acciones de sus fanáticos.
Por otro lado, el régimen de Ortega sacó de la televisión por cable a cuatro canales en un intento por ocultar la ola de terror y odio que estaban ejecutando sus turbas y policías. Retiró durante varias horas a los canales 12, 23 y 51. También el Canal 100% Noticias ese día estuvo censurado.
Ese día renunciaron dos reconocidos periodistas que laboraban en el oficialista Canal 2: Dino Andino y Arnulfo Peralta.