El Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), presidido por María José Mejía García, candidata fiel al gobierno orteguista, tiene en sus manos una demanda escrita realizada por seis ciudadanos nicaragüenses quienes le solicitan al máximo órgano fiscal demostrar a cuánto asciende el patrimonio de José Daniel Ortega Saavedra y Rosario María Murillo Zambrana, actual presidente y vicepresidenta de Nicaragua.
La demanda es firmada por Jaime Antonio Chavarría Morales, economista y exmiembro del PLC; Margarita Alonso Flores, ama de casa; Fredy Alberto Navas López, agricultor y líder del Movimiento Campesino; Bernardo José Pastora Cárcamo, abogado y notario; Carlos Antonio Jarquín Hernández, administrador de empresas, y Antonio José Duarte Lanza, ingeniero industrial, mismos ciudadanos que desde 2006 a la fecha han venido denunciando delitos y fraudes electorales.
La demanda nace a raíz de las escasas declaraciones patrimoniales que han dado los dos funcionarios desde que ocupan cargos públicos en el país. Los seis ciudadanos solicitan a la Contraloría realizar una investigación, verificación y actualización de los bienes, activos, propiedades inmuebles, cuentas bancarias, empresas naturales y jurídicas que poseen los dos funcionarios.
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“Les pedimos verificar información que les presentamos, de la Declaración Patrimonial del señor José Daniel Ortega Saavedra, diputado propietario saliente en la Asamblea Nacional, del periodo finalizado en 2006, aprobada por unanimidad de votos por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República en sesión ordinaria 488”, reza el segundo punto de la demanda escrita que fue recibida por la CGR, este jueves 22 de abril, a las 9:35 de la mañana.
En Nicaragua, la demanda ciudadana es amparada constitucionalmente bajo la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, Ley 438, vigente desde el 2002; la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes del Estado y la Ley de Acceso a la Información Pública.
Los demandantes en la misiva plantean que la Contraloría haga un comparativo de cuánto tenían en ese momento (2006), a cuánto tienen hasta ahora. Jaime Chavarría, uno de los firmantes, dijo a LA PRENSA que la corrupción en Nicaragua es un delito que se ha tocado poco o nada, e insiste en señalar que lo último que se conoce sobre la declaración de probidad de Ortega fue cuando finalizó su período como diputado y se lanzó a la Presidencia en 2006.
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“Presentamos la denuncia amparados en la Constitución, es un derecho ciudadano que si no lo ejercemos lo perdemos, hay que hacer los expedientes a todos los funcionarios corruptos que estén cometiendo delitos de lesa humanidad, electoral y de corrupción. La corrupción orilla a los pueblos a la extrema pobreza, migraciones, es la causante de muchos problemas que padecemos”, señaló Chavarría.
Contraloría, un león sin dientes ni garras
Este Diario intentó contactar a María Dolores Alemán Cardenal, hija del expresidente Arnoldo Alemán, quien es miembro propietario del Consejo Superior de la CGR, para conocer a qué se debe que Ortega por más de una década no ha declarado su patrimonio como mandatario, sin embargo no atendió ni los mensajes en WhatsApp ni las llamadas.
Róger Arteaga, quien fue director de la Dirección General de Ingresos (DGI) de 2002 a 2007, sostiene que tanto Ortega como todos sus funcionarios nunca han cumplido a cabalidad las leyes del país, y en el peor de los casos la actual Contraloría al no tener institucionalidad no logra ejercer sus funciones establecidas en la misma Constitución.
“La verdad es que él (Ortega) nunca ha cumplido con esos requisitos y cuando lo hizo fue la primera vez que se lanzó de candidato en esta segunda etapa como presidente, pero fue porque era requisito para poderse inscribir, sin embargo una vez que se apoderó se olvidó de todo eso, y la Contraloría es un león sin dientes y sin garras, porque están puestos por él y no pueden hacer nada, es característico de él y de la Contraloría que tenemos ahora que no sirve para nada. En este gobierno de Ortega no se respeta la Ley, porque no declara ni él ni sus funcionarios”, señaló Arteaga.
Enseguida, refiere que Ortega debió declarar su patrimonio en todos los periodos consecutivos de reelección como presidente del país, sin embargo, al no cumplirlo, lo que evidencia a su criterio es “corrupción, un gobierno corrupto que no respeta la Ley ni la cumple. Es una corrupción generalizada porque si la cabeza no da el ejemplo ninguno de los subalternos va a dar el ejemplo, la corrupción viene en cascada. Ortega tenía primero que entregar la declaración de probidad saliente y después la entrante, porque es un nuevo período presidencial”.
Esto es lo que tenía Ortega hasta el 2006
Los solicitantes de la verificación sostienen que la última presentación de declaración de probidad que realizó Ortega fue en agosto de 2006, en ese momento declaró contar con nueve bienes inmuebles ante el Registro de la Propiedad Inmueble Mercantil del departamento de Managua.
El 7 de enero de 1997 había declarado solo en el apartado de maquinaria y equipo de transporte la adquisición de un vehículo marca Mitsubishi, tipo camioneta, placas No. 077-566, año 1995, con una promesa de venta, y cinco años después en la misma fecha declaró poseer la camioneta marca Mercedes Benz, modelo M-1320, año 1999.
En este apartado la demanda ciudadana escrita expone que “en el proceso de verificación se logró comprobar que a través de la Escritura Pública número 37 de compra venta de vehículo de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que la camioneta marca Mitsubishi, placa 077-566 fue vendida a la Empresa Europa Motor Nicaragua SA el día doce de diciembre del año 2003”.
Sobre las inversiones en sociedades y compañías, Ortega declaró tener solamente tres: la Promotora para el Desarrollo del Turismo (Protur), Inversiones Múltiples SA y la Fundación para el Amor. Se logró comprobar en el Registro Público Mercantil que dichas sociedades se encuentran debidamente inscritas. La Fundación fue inscrita el 10 de octubre de 1996 en el Ministerio de Gobernación debido a que la misma es sin fines de lucro.
Hasta el 18 de septiembre de 2006, Ortega en el apartado de caja y banco declaró tener las cuentas correspondientes No. 503-000308-1, No. 601-002291-4 y No. 100204045975558 en el Banco de Finanzas. Mismas que fueron confirmadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif).
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Chavarría sostiene que en esta ocasión le están dando la oportunidad a la Contraloría que “retome su papel, que retome la institucionalidad si no nosotros ya sabemos qué hacer paso a paso, e incluso para documentar la complicidad si no cumple su función la Contraloría para agotar el caso a nivel nacional y después internacionalmente”, asestó.
Lo que pasó a partir de 2007 y no ha declarado
En la demanda ciudadana los nicaragüenses hacen énfasis en el punto número tres que Ortega después de 2006 incrementó su patrimonio, ese mismo que no ha sido verificado por la CGR, que según la Ley de Probidad de Servidores Públicos, en su artículo 6, es el organismo rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos.
Los ciudadanos le piden a la Contraloría después de realizar la investigación solicitada por ellos, emitir una resolución que evidencie el incremento del patrimonio Ortega Murillo, con significativo exceso, respecto de sus ingresos legítimos presentados hasta 2006. Enseguida, explican que la pareja gobernante al haber firmado el acuerdo petrolero entre Venezuela y Nicaragua en 2007 tienen responsabilidad sobre un flujo de fondos entre ambos países que no fueron legalizados por la Asamblea Nacional.
Freddy Navas, líder del Movimiento Campesino, otro de los ciudadanos firmantes, dijo a este Diario que es esencial que los nicaragüenses exijan la fiscalización de los funcionarios públicos para evitar actos de corrupción. “Debemos saber con cuánto entre, sale y cuánto tienen los funcionarios (…) desde 2006 que hizo la declaración de prioridad Daniel Ortega para correr a la Presidencia, desde ese momento no la ha vuelto a hacer y quisiéramos saber por qué la Contraloría no lo ha solicitado, necesitamos que este ente nos dé una explicación, que cumpla su función”, precisó.
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“Que habiéndose firmado marco de acuerdo petrolero entre Venezuela y Nicaragua en el año 2007, materializado entre Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), 51 % y Nicaragüense de Petróleos, SA (Petronic) 49 %, originando la conformación de la Empresa Alba de Nicaragua, SA (Albanisa), para la administración de dicho acuerdo, convirtiéndose esta en el gran importador, posteriormente el gran revendedor de productos terminados en el mercado regional y siendo que esta macroempresa fue apalancada con fondos públicos y activos venezolanos y que tiene un componente de endeudamiento de un 25 %, asimismo los fondos provenientes de PDVSA no fueron legalizados por la Asamblea Nacional”, dice la misiva.
Los demandantes no solo piden a la Contraloría verificar la declaración patrimonial de Ortega en los períodos referidos e incluir el patrimonio al inicio del actual período presidencial. “Estamos pidiendo también la declaración pos patrimonial de la pareja Ortega Murillo, desde que son funcionarios públicos, no solo a la de 2006, porque ellos tienen que demostrar que no tienen recursos de manera ilícita, es una obligación de la Contraloría, y vinculamos al manejo de los fondos provenientes del acuerdo petrolero entre Venezuela y Nicaragua, manejado por la desaparecida Albanisa”, señaló Chavarría.
Lo que dice la Ley de Probidad
El 16 de julio del 2002, en Nicaragua, se aprobó la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, misma que según su artículo 1 tiene por objeto “establecer y regular el régimen de probidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, para prevenir y corregir hechos que afecten los intereses del Estado”.
En esta se establece desde los deberes de los servidores públicos y sus prohibiciones, en los artículos 7 y 8 respectivamente. Y en los artículos 12 y 15 se establecen las faltas y sanciones.
Según el artículo 12, se establecen 12 faltas inherentes a la probidad del servidor público: No presentar la Declaración Patrimonial en tiempo y forma; incluir en la Declaración Patrimonial bienes, efectos, valores o pasivos inexistentes o pertenencias a terceros; ocultar en las Declaraciones Patrimoniales subsiguientes, bienes que se hubieren incorporado a su patrimonio, al de su cónyuge o acompañante en unión de hecho estable y de los hijos sujetos a patria potestad.
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También negar información o documentación que haya sido solicitada de conformidad con la ley u obstaculizar las verificaciones realizadas por el órgano de control; tomar en préstamo a bajo cualquier otra forma, dinero o usar bienes de la institución, salvo que la ley expresamente lo autorice; intervenir en las decisiones relacionadas con asuntos en los que haya participado como abogado, testigo, perito o técnico. Los servidores públicos deberán poner en conocimiento previo al superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos, para que este adopte la resolución que corresponda.
Además, usar un beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de su función, y aceptar cualquier dádiva o promesa para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario, para que este haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
Con copia a la UAF
Chavarría afirmó que una copia similar de la demanda ciudadana intentaron introducir ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sin embargo no fue posible debido a que alegaron que solo pueden hacer los sujetos obligados.
“La UAF no nos quiso recibir el recurso como ciudadanos nos mandó a una plataforma digital donde los sujetos obligados pueden hacerlo, también nos mandaron a la Policía, pero le dijimos que hay un antecedente ciudadano de nosotros de denuncia contra Roberto Rivas Reyes, que en su momento fue presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE). A nosotros no nos interesa una denuncia mediática, sino que vamos a aumentar y agotar los procedimientos y vamos a demostrar que hay corrupción institucionalizada en Nicaragua”, concluyó.