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CONTENIDO EXCLUSIVO.El régimen de Daniel Ortega ordenó una reforma a la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y adición a la Ley 561, Ley general de Bancos Instituciones Financieras, No Bancarias y Grupos Financieros, para incorporar al Ejército directamente en la fiscalización y control en las operaciones financieras del país para evitar supuestamente prácticas ilícitas, una función, que a criterio de especialistas no está dentro de las obligaciones del cuerpo castrense.
En concreto, el régimen de Ortega envió a la Asamblea Nacional una reforma de ley bajo la excusa de que debe aumentar los controles en materia de activos virtuales, para “garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo Contra Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, por sus siglas en español o bien ALA/ CFT/CFP), que tengan licencia o registro y estén sujetos a sistema de monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridos en las recomendaciones del GAFI”.
Dicha reforma crea el Consejo Nacional de Lucha Antilavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que hasta ahora estaba adscrito como comisión al Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado. El régimen aprovecha la decisión de introducir regulaciones a activos virtuales, que no son más que operaciones con monedas virtuales, tipo criptomonedas como el Bitcon o criptoactivos, para hacer su movida estratégica.
Antes de esta reforma, el Ejército formaba parte del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado, cuyas funciones están estipuladas en la Ley 735, aprobada el 9 de septiembre del 2010, denominada Ley de Prevención, Investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados.
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Lo que está haciendo el régimen elevando de comisión al Consejo de Lucha Antilavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la separa del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado, pero además aprovechó la movida para meter entre los miembros del nuevo consejo al Ejército, mediante la cual podrá tener acceso a la función de control y fiscalización de operaciones financieras en Nicaragua.
Ya lo intentó una vez
Al respecto, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, recordó a LA PRENSA que cuando se aprobó la Ley 977 hubo interés del Gobierno de meter al Ejército dentro de dicha comisión (que ahora será elevada a Consejo), pero tras la presión del sector privado eso se evitó y esta entidad castrense solo quedó en el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado.
A criterio de Aguerri, que trabajó de cerca en la formación de la Ley 977, meter al Ejército ahora en el nuevo Consejo no tiene sentido. “Este es un tema que no es militar y lo que hacen es continuar militarizando este tipo de temas”, dijo en su cuenta de Facebook.
Recordó que la reforma que se está haciendo a la Ley 977 para aumentar los controles de activos virtuales es para cumplir las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que claramente refleja que la misma es de tipo financiera.
“En todo caso, en el resto de la región estas estructuras no incorporan al Ejército. Y por el otro lado lo que correspondería es incluir a reguladores en la materia. En otros países un ejemplo de este tipo de reguladores son los Colegios de Contadores Públicos”, enfatizó.
Aprovechan regulaciones internacionales
El economista Róger Arteaga admite que la regulación de los activos virtuales está apegada a una recomendación internacional y dada la mayor utilización de transacciones financieras de manera electrónica, el Gobierno está intensificando el seguimiento a este tema. Pero advierte que la reforma está siendo usada de paso para meter al Ejército en asuntos que no le competen.
“El miedo del GAFI es que los servicios en línea de los bancos puedan ser utilizados para lavado de dinero, ellos lo que proponen es regular esas transacciones electrónicas virtuales, y quienes dan ese servicio son los bancos”, explicó.
Y agregó: “Lo grave de esto es que la Comisión es para un asunto netamente financiero, sin embargo como la ley habla de terrorismo y de armas de destrucción masiva, este Gobierno se aprovecha de eso y pone un asiento para el Ejército en ese órgano. A juicio del economista, con solo que digan que facultan a la comisión que en cualquier momento quede en libertad de solicitar apoyo al Ejército ya se le daría participación cuando se necesite, porque las operaciones de tipo financiero no son de la incumbencia del Ejército”.
Recalcó que el Ejército no tiene que estar en una Comisión de carácter regulatorio financiero, de manera que se están aprovechando para militarizar algo que no lo necesita. “El problema en Nicaragua son los administradores de la ley que tienen una alta discrecionalidad y aplican leyes a los enemigos y favorecen a los amigos”, advirtió.
Otra lectura
El abogado y analista político, Eliseo Núñez, considera que esta reforma de Ley es mayor control sobre operaciones de distintas instituciones. “Lo que tenés ahí es un endurecimiento de regulaciones en búsqueda de blindar los sistemas para que la oposición no pueda recibir ningún financiamiento, Ortega no solamente está aplicando la represión física, que es no permitir que los opositores hagan campaña, hablen con otros opositores, se organicen, sino que además de eso está queriendo impedir que los opositores tengan cualquier tipos de ingresos”, sostuvo. Advirtió que lo que Daniel Ortega trata de hacer es llevar a la muerte civil a los opositores.
Sobre la incorporación del Ejército al nuevo Consejo dijo que este “técnicamente (no tiene) nada (qué hacer ahí), pues su labor es de protección y no de investigación, pero vivimos una suerte de militarización del Estado que se refleja en casi todos los estamentos públicos”.
De hecho, Aguerri recordó que dentro de la hasta ahora comisión dentro de sus miembros está Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual es dirigida por retirados del Ejército. Es decir, el Gobierno desde hace tiempo ha tenido interés de involucrar al Ejército en regulaciones en el área financiera y ahora lo hace abiertamente.
Las funciones del nuevo Consejo
Artículo 7 Funciones del Consejo:
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
1. Identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con el LA/FT/FP (Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo Contra Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva). Estas evaluaciones se rigen por las siguientes disposiciones:
a. Las evaluaciones incluirán el análisis de actividades y profesiones financieras y no financieras; productos, servicios, tecnologías y tipos de personas jurídicas y de contratos que el Consejo considere pertinentes.
b. Para el desarrollo de las evaluaciones nacionales de riesgos, el Consejo podrá requerir la participación de cualquier institución pública y privada que considere necesaria, las que deberán brindar el apoyo necesario para el cumplimiento de los fines previstos.
c. La periodicidad con que se efectúen las evaluaciones será definida por el Consejo en su reglamento.
d. El Consejo informará de los resultados de las evaluaciones al Presidente de la República y en su informe incluirá, sin que la enumeración sea limitativa: recomendaciones sobre modificaciones al régimen ALA/CFT/ CFP y sobre la asignación y priorización de recursos contra el LA/FT/FP a las autoridades competentes.
e. El Consejo deberá desarrollar un mecanismo para informar de los resultados de las evaluaciones a las autoridades y Sujetos Obligados que resulten relevantes para la mitigación de los riesgos identificados.
2. Coordinar la elaboración de propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales ALA/ CFT/CFP para que sean presentadas al Presidente de la República para su aprobación y evaluar periódicamente el cumplimiento y la efectividad de los mismos.
3. Diseñar e implementar un sistema de información sobre prevención, detección, reporte, inteligencia, persecución, investigación, y sanción del LA/FT/FP entre las autoridades competentes.
4. Elaborar y mantener un sistema centralizado y automatizado a través de su secretaría técnica, de estadísticas relacionadas con el desempeño del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.
5. Promover, coordinar y gestionar los fondos necesarios para la ejecución de programas de formación conforme a las necesidades de fortalecimiento de sus instituciones integrantes, en materia de prevención, detección, reporte, supervisión, regulación inteligencia, persecución, investigaciones y sanciones de LA/FT/FP.
6. Coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para adoptar medidas, recomendaciones y resoluciones internacionales sobre LA/FT/FP y preparar la participación de Nicaragua en procesos de evaluación del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.
7. Asesorar a las autoridades pertinentes en materia de detección, reporte, inteligencia, supervisión, regulación, persecución, investigación y sanción relativo a los LA/FT/FP.