Las decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por diputados afines al presidente Nayib Bukele, quienes durante su primera plenaria este sábado 1 de mayo desintegraron la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la destitución de sus cinco magistrados propietarios y cuatro suplentes que la integraban, y al fiscal general Raúl Melara, ocasionó que la comunidad internacional fije su mirada en el país centroamericano.
Desde el primer momento organizaciones civiles, la empresa privada, abogados salvadoreños y periodistas críticos elevaron sus voces en señal de protesta y rechazo a las acciones tomadas por el órgano legislativo en contra de la institucionalidad de poderes. La condena internacional de organismos regionales no se hizo esperar, calificando incluso el hecho como “golpe de Estado”.
El mismo secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró en su cuenta de Twitter que habló con el presidente Bukele para expresarle sus “serias preocupaciones” ante la decisión tomada, que a su criterio “socava” al más alto tribunal de El Salvador.
Spoke today with Salvadoran President @NayibBukele to express serious concerns about yesterday’s move to undermine El Salvador’s highest court and Attorney General Melara. Democratic governance requires respecting the separation of powers, for the good of all Salvadorans.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 2, 2021
“La gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes, por el bien de todos los salvadoreños”, refirió en su tuit.
Pero las advertencias no son nuevas. Desde que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, y sus aliados de Gran Alianza Nacional (Gana) se hicieron con el poder en las elecciones legislativas de febrero de este año, controlando 61 de los 84 escaños en la Asamblea, diversos organismos señalaron lo peligroso que esto podía resultar para el funcionamiento democrático e institucional de El Salvador. Y las advertencias se debieron a las señales autoritarias que el presidente ha mostrado desde que llegó al poder.
¿A qué se debe la preocupación?
La preocupación debido a la situación en El Salvador se puede explicar con un comunicado publicado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el que calificó ambas destituciones como “irrespeto a la ley”. Y es que las destituciones se hicieron fuera del marco que las leyes establecen y sin respetar el debido proceso.
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“Según el ordenamiento jurídico nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden ser destituidos, pero solo por las causas específicas establecidas en la ley. Las razones esgrimidas en la pieza de correspondencia presentada este día no son coherentes con lo dispuesto en la legislación; por lo tanto, son ilegales e inconstitucionales”, aseguró la UCA en su comunicado.
El análisis hecho por la universidad indica que el mensaje de estas decisiones, en el fondo, es que el único que puede interpretar la Constitución es el presidente de la República, al que la Sala de lo Constitucional debe sometimiento.
La institución educativa calificó como “hora oscura para nuestra ya de por sí débil democracia” y llamó “a defender cívicamente lo que con tanto esfuerzo y vidas costó construir luego del fin de la guerra: una sociedad donde decir ‘no’ al poder no sea una quimera”.
Pronunciamiento: “En esta hora oscura” → https://t.co/7f16bcG5bc pic.twitter.com/l3xmGaKVGP
— UCA El Salvador (@UCA_ES) May 2, 2021
“Golpe de Estado”
Organismos salvadoreños de renombre, entre empresarios, movimientos feministas, de la sociedad civil y académica condenaron los hechos y los calificaron como “golpe de Estado”. En un comunicado conjunto, publicado este domingo, advirtieron que la jornada del sábado pretende “consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes respondan a una sola persona”, en referencia a Bukele.
“El revestimiento jurídico de las instituciones es una burda simulación que no resiste el más mínimo análisis de coherencia, rompe el orden constitucional y atenta contra el derecho de todos los salvadoreños a una justicia independiente”, afirmaron las organizaciones en su comunicado.
El vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sección El Salvador, Enrique Anaya, también calificó de golpe de Estado y aseguró que El Salvador vive una dictadura.
Hola. Buenos días a todas y a todos. Llamemos a las cosas por lo que son, sin eufemismos: El Salvador vivió ayer un golpe de Estado y ahora vivimos en una DICTADURA. Como país hemos retrocedido más de 40 años: de nuevo somos una república bananera, un chiste
— S. Enrique Anaya (@enrique_anayasv) May 2, 2021
Esta advertencia la ha hecho la revista internacional The Economist en diferentes ocasiones. La más reciente fue el pasado mes de febrero, cuando en su informe anual degradó la clasificación de El Salvador y lo colocó de una «democracia defectuosa» a un «régimen híbrido», inclinando al país hacia el autoritarismo.
La revista señaló que Bukele mantiene una concentración de poder en el ejecutivo. En abril de 2020 desobedeció varios fallos de la Corte Suprema, pidiéndole que respetara los derechos humanos mientras hacía cumplir las reglas de cuarentena durante la pandemia del Covid-19; asimismo, agregó que las fuerzas de seguridad habían detenido injustificadamente a personas.
Además, en febrero de 2020, el presidente rodeó la Asamblea Legislativa con militares y policías para presionar a la legislatura para aprobar un préstamo de 100 millones de dólares. También es un crítico de los medios independientes. Según The Economist, si estas y otras acciones permanecían existe el «riesgo de cicatrices permanentes sobre la democracia salvadoreña». Las advertencias se hicieron realidad.
Otro grupo que calificó como golpe de Estado fue la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) e hizo un llamado a los países y pueblos de la comunidad internacional para que “de manera inmediata y categórica condenen el golpe de Estado que ha ocurrido en El Salvador contra el Órgano Judicial cuyo único propósito es la concentración total del poder en manos del Ejecutivo”.
Las reacciones internacionales
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco Inostroza, se ha mantenido atento a lo que ocurre en el país centroamericano. A través de su cuenta de Twitter expresó que con esta acción, “Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.
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En esa misma línea, el congresista estadounidense demócrata Albio Sires refirió que “la destitución de los miembros de la sala de lo constitucional por parte del (presidente Nayib) Bukele y sus aliados es un abuso del poder, un acto ilegal de venganza, y un gran paso hacia el autoritarismo. Si no se reconsidera, el gobierno de EE.UU. debe disminuir la cooperación con su gobierno”.
La destitución de los miembros de la sala de lo constitucional por parte de Pres Bukele y sus aliados es un abuso del poder, un acto ilegal de venganza, y un gran paso hacia el autoritarismo. Si no se reconsidera, el gob. de EE.UU. debe disminuir la cooperación con su gobierno
— Albio Sires (@RepSires) May 2, 2021
Este domingo, la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de un comunicado se pronunció y se sumó a la condena de rechazo por las decisiones adoptadas por el poder legislativo. “Ante las decisiones adoptadas ayer por la Asamblea Legislativa de El Salvador, (la OEA) rechaza la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del fiscal general, Raúl Melara”, señala el comunicado.
Comunicado de la Secretaría General de la @OEA_oficial sobre la situación en El Salvador:
🔗https://t.co/PPuJa9u7eE pic.twitter.com/hOB5rFuZWY
— OEA (@OEA_oficial) May 2, 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también rechazó la decisión y advirtió que lo adoptado “pone en riesgo el Estado de derecho” de El Salvador. Ante dicho panorama la CIDH llamó a garantizar la separación de poderes y el orden democrático.
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Por tales motivos, la CIDH anunció que instalará la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (Sacroi) en ese país para “monitorear y atender” la grave situación que afecta la institucionalidad.
La #CIDH decide instalar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada – SACROI #ElSalvador para monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los #DDHH en el país. 3
— CIDH – IACHR (@CIDH) May 2, 2021
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La destitución de los funcionarios vino acompañada de la sustitución de los mismos, esa noche, los parlamentarios nombraron a los nuevos funcionarios tanto de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, como el que ocuparía el cargo de fiscal general. Según el reporte de medios salvadoreños, la Policía Nacional Civil (PNC) no solo avaló las decisiones sino que también escoltó a los funcionarios electos a los edificios de la Corte y de la Fiscalía para su toma de posesión.
Bukele responde con burlas y advertencias
Por su lado, el presidente, activo en Twitter y señalado de gobernar desde la red social, se ha dedicado a defender las destituciones y a descalificar a sus críticos.
Por ejemplo, del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que es “financiado por Open Society, de George Soros”, un argumento, asomando a teoría de conspiración, utilizado regularmente sobre todo por movimientos de extrema derecha para asegurar que Soros es un «multimillonario de izquierda» que mueve los hilos del mundo.
Además, el presidente lanzó una advertencia a la comunidad internacional, asegurando que quiere mantener relaciones y que las puertas del país están abiertas, pero que lo que estaba sucediendo en El Salvador no era “de su incumbencia”.
A nuestros amigos de la Comunidad Internacional:
Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos.
Nuestras puertas están más abiertas que nunca.
Pero con todo respeto:
Estamos limpiando nuestra casa.
…y eso no es de su incumbencia.
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) May 2, 2021
Bukele no se ha referido a la comunicación que tuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos. Y mientras el presidente continúa acumulando poder, la comunidad internacional mantiene sus advertencias de lo peligroso de un nuevo régimen autoritario en la pequeña región centroamericana.