La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, eligió a ocho nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), y reeligió a dos magistrados propietarios, que son los sandinistas, leales a Daniel Ortega, Lumberto Ignacio Campbell Hooker –quien funge como vicepresidente del poder electoral–, y Mayra Antonia Salinas Uriarte.
Los nuevos magistrados electorales del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) son: Brenda Isabel Rocha Chacón (propietaria), Alma Nubia Baltodano Marcenaro (propietaria), Devoney Johaira MacDavis Álvarez (propietaria), Adriana Marina Molina Fajardo (magistrada suplente).
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También fue electo Cairo Melvin Amador como magistrado electoral propietario, propuesto por los diputados Byron Jerez, del APRE, y Mauricio Orué, de la ALN, que son partidos minoritarios, que generalmente apoyan las propuestas del FSLN en la Asamblea Nacional.
Cairo Amador es hermano del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador; es presidente de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, mejor conocida como la “Comisión Porras”, organismo que niega la brutal represión armada contra las protestas civiles en 2018.
También quedó electo como magistrado electoral propietario Leonzo Knight Julián, propuesto por la diputada del Partido Conservador (PC), Wendy Guido. El presidente del PC, Alfredo César Aguirre, rechazó la propuesta de la diputada Guido, asegurando que “no es ni ha sido miembro del PC y su nominación fue desautorizada oficialmente”.
PLC y PLI con un suplente cada uno
Los sandinistas, que son mayoría en el Parlamento, también votaron a favor de Alberto Julián Blandón Baldizón, propuesto por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien quedó electo como magistrado electoral suplente.
Y Maura Lizeth Álvarez Ortiz, propuesta por el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Pedro Joaquín Treminio, también fue votada como magistrada suplente.
Los magistrados podían ser elegidos con 56 votos, equivante al 60 por ciento de los 91 diputados del Legislativo. Los nuevos magistrados electos y los dos reelegidos fueron votados por los 70 diputados sandinistas y sus colaborales. Los cambios fueron aprobados en una sesión ordinaria dedicada al Día de la Dignidad Nacional.
Coalición Nacional sin magistrados
Los opositores organizados en la Coalición Nacional (CN) presentaron nueve propuestas a través del diputado de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, que forma parte de ese proyecto de unidad opositora, pero no fueron apoyadas por los sandinistas, que son los único que tienen los votos para aprobar las iniciativas.
La Unión Demócrata Renovadora (Unamos), que apoya a la CN, emitió un comunicado al finalizar la elección, en la que declaro que este nuevo CSE no tiene credibilidad.
“El día de hoy, la familia Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados y magistradas al Consejo Supremo Electoral, leales a sus intereses y por lo mismo, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Los Ortega Murillo han desperdiciado una oportunidad de hacer confiable el sistema electoral nicaragüense, que junto a las leyes que penalizan y persiguen a la oposición; el asedio y la represión; los presos y presas políticas; la falta de vigencia de las libertades esenciales de organización, expresión y movilización; son la negación de las condiciones mínimas que se exigen dentro y fuera del país, para lograr elecciones limpias, transparentes y competitivas. Unamos rechaza la designación de los nuevos magistrados propietarios y suplentes al Consejo Supremo Electoral, por constituir más de lo mismo: un órgano del Estado totalmente copado por los incondicionales de la familia Ortega Murillo”, manifiesta el pronunciamiento de Unamos.
“CSE del régimen”
La Alianza Ciudadana (AC), plataforma que busca la unidad de las fuerzas opositoras y demanda un cambio en el CSE, declaró que “la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional, con el voto de los partidos colaboracionistas, eligió un CSE que responde totalmente a los intereses el régimen, integrado por magistrados propuestos por diputados del oficialismo y partidos satélites”.
“Es grave para Nicaragua que, llevado por su temor al voto ciudadano, el régimen haya perdido la oportunidad de elegir magistrados electorales capaces de devolver la credibilidad al Poder Electoral, y más grave aún es que las reformas electorales en proceso de aprobación aumenten los márgenes de discrecionalidad de esos magistrados”, expresó la AC.
El Partido Conservador (PC), además de rechazar la iniciativa de su diputada Wendy Guido, quien propuso a uno de los magistrados electos sin el aval del partido, emitió un pronunciamiento en el que descalifica al nuevo CSE.
“El Partido Conservador rechaza el nuevo CSE, porque está integrado por militantes e incondicionales del régimen, que no proporcionan confianza a los nicaragüenses. Deja claro que Leonzo Knight Julian no es ni ha sido miembro del PC y su nominación fue desautorizada oficialmente”.
Polémico voto de Brooklyn Rivera
El diputado de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, que es integrante de la opositora Coalición Nacional (CN), votó a favor de la reelección del magistrado sandinista Lumberto Campbell, bajo el argumento de que es su amigo y que su voto no haría un cambio, porque de todos modos sería reelegido con los votos mayoritarios del FSLN. Este tema levantó la polémica entre los opositores de la CN, por considerarlo un apoyo al oficialismo, lo cual está penado en los estatutos de esa plataforma.
El cambio de magistrados del CSE es una demanda de diversos sectores opositores del país, apoyados por la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos, que está a la cabeza de las presiones a Daniel Ortega, para que haga cambios que garanticen elecciones libres, justas y transparentes el próximo domingo 7 de noviembre.
El CSE, encabezado antes por Roberto Rivas, ha venido cometiendo fraudes electorales desde las elecciones municipales de 2008. De esa manera, y a través de la concentración del poder, el sometimiento de todas las instituciones, la manipulación de las leyes, la violencia política y la represión armada, Ortega se ha mantenido 14 años en el poder.